El exmagistrado Óscar González Camacho, destituido por la Asamblea Legislativa el 28 de julio por acoso sexual, denunció al juez de la Sala Constitucional José Paulino Hernández por los delitos de falsedad ideológica y usurpación de cargo.
En un documento del 11 de junio, del cual La Nación tiene copia, González pidió al fiscal general, Jorge Chavarría, tramitar su denuncia. La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó que el caso está en investigación.
José Paulino Hernández, de 47 años, es magistrado suplente de la Sala IV desde el 2009 y redactó las cinco resoluciones del 24 de enero del 2014 que rechazaron tres recursos de amparo y dos acciones de inconstitucionalidad que Óscar González interpuso, en junio del 2013, con el fin de evitar el despido.
Los diputados cesaron a González 12 días antes de tener derecho a jubilarse, al hallarlo culpable de acoso sexual contra la entonces jueza Priscila Quirós, con quien mantuvo una relación 10 años .
Hechos. De acuerdo con la denuncia de González, Hernández integró a esa Sala del 1.° de junio al 3 de diciembre del 2013 mientras ocupaba una plaza vacante, tras la jubilación de la exmagistrada Ana Virginia Calzada. Posteriormente, del 4 al 6 de diciembre sustituyó a otro magistrado que pidió un permiso.
El 3 de diciembre, Nancy Hernández y Luis Fernando Salazar fueron juramentados por la Asamblea Legislativa e iniciaron labores como magistrados propietarios, para llenar las plazas de Luis Paulino Mora y Ana Virginia Calzada, respectivamente.
Para el denunciante, José Paulino Hernández debió dejar la Sala el 6 de diciembre, pero ese último día, como Nancy Hernández le comunicó que se inhibía de conocer los expedientes de González, José Paulino la separó del conocimiento de los casos y omitió pedir a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia que la sustituyera por medio de un sorteo, como correspondía.
De esa forma, José Paulino Hernández se habría autonombrado como suplente en esa plaza para seguir conociendo esos recursos posteriormente. “Esta omisión podría constituir un claro incumplimiento de deberes, todo con el único fin de perjudicarme”, dijo González.
Precisamente, José Paulino Hernández dictó un auto el 13 de diciembre en el que dejó constancia de que ese día no se pudo realizar la sesión en la que se discutirían los cinco recursos de Óscar González debido a la ausencia de dos suplentes por razones médicas.
Después, el 24 de enero del 2014, Hernández participó en la sesión en la que se votaron las cinco resoluciones que rechazaron todos los recursos de González. Estos votos dieron vía libre a los diputados para que despidieran a González.
Nulidad. A raíz de ese aparente nombramiento irregular, González gestionó, el 27 de febrero, la nulidad de esos fallos, ya que el tribunal habría sido integrado ilegalmente.
“Cuando un juez actúa sin competencia, porque ha vencido su nombramiento o cualquier otro motivo, en realidad no es juez ni funge como tal, sino que es un usurpador de la función jurisdiccional”, señala la gestión.
Sin embargo, el mismo José Paulino Hernández redactó, el 14 de marzo, cinco resoluciones en las que el pleno de la Sala IV, con Luis Fernando Salazar como presidente, rechazó los incidentes de nulidad, alegando que el nombramiento estaba a derecho.
Consultada al respecto, la oficina de prensa del Poder Judicial señaló que el nombramiento de José Paulino Hernández vencía el 31 de enero del 2014 y su designación se vio interrumpida el 6 de diciembre al llegar Luis Fernando Salazar. Sin embargo, omite explicar por qué Hernández siguió en las sesiones de la Sala.
En una certificación del 19 de marzo del 2014, el Departamento de Personal señala que Hernández fue suplente hasta el 6 de diciembre del 2013. Este diario conversó el 6 de agosto con el juez Hernández sobre la denuncia, pero rechazó contestar preguntas.
El 31 de marzo, la Corte Plena archivó una denuncia disciplinaria de González contra el magistrado Hernández, alegando que carece de competencia para dar resoluciones de ese tribunal.
“Tales pruebas demuestran de manera inequívoca que José Paulino Hernández se arrogó y ejerció, arbitraria e ilegítimamente, la investidura de magistrado de la Sala Constitucional en la sesión del 24 de enero y del 14 de marzo”, dice la queja administrativa.