EscucharPablo y Catalina tenían tiempo de conocerse, pero no fue hasta mayo del año pasado que se hicieron novios. Duraron cerca de tres meses y todo marchaba bien.
Sin embargo, por algunas diferencias que se presentaron en el camino, decidieron separarse en agosto del 2016.
Las primeras semanas después del rompimiento transcurrieron con tranquilidad. No obstante, con el paso del tiempo, la situación entre ellos se tornó tensa, sobre todo porque vivían a metros de distancia.
Por ello, Pablo, cuyo nombre fue variado para este artículo, llegó el 23 de enero del 2017 al Juzgado de Violencia Doméstica del Primer Circuito Judicial de Alajuela para solicitar medidas de protección.
La jueza Shirley González Quirós rechazó aquella solicitud porque el solicitante no depende económicamente ni convivió con la denunciada.
Casi 15 días después, Catalina (también nombre ficticio) fue a pedir medidas en contra de Pablo. La juzgadora Marjorie Barquero fue quien recibió el caso y, pese a que el contexto era el mismo, sí le concedió la protección a ella.
No obstante, el 25 de abril pasado, se realizó una audiencia, donde se dictó la resolución definitiva. "Se ordenó el levantamiento inmediato de las medidas de protección porque no es un asunto de violencia doméstica y no se logró probar el dicho de la señora ofendida", indicó la oficina de prensa del poder Judicial.
Se intentó conversar con las juezas para que explicaran el porqué de las diferencias de criterio en situaciones similares, pero el departamento de prensa no respondió a la solicitud.
La historia
"El problema que se da con ella es que yo le presté un dinero y, cuando le cobro, ella lo que hace es insultarme. Me dice: 'Chulo, asqueroso, hijuep...'. Me intenta provocar para que yo la trate mal. Ayer (22 de enero) ella se puso a gritarme en la calle. Llegó la Policía y ella les dijo que yo la estaba amenazando con un cuchillo y no era cierto", alegó Pablo en la denuncia, al tiempo en el que indicó que su exnovia lo amenaza con meterlo a la cárcel, sin indicar por qué.
Pese a lo expuesto, la jueza Shirley González Quirós le negó la solicitud, al alegar que "no existe fundamento para dictar medidas de protección".
González señaló que no hay un factor que indique que hay un "desbalance de poder".
"No existe un elemento de subordinación necesario para poder determinar que está ante un desbalance de poder, requisito que es necesario para aplicar medidas en esta sede. El mismo solicitante indica que no hay dependencia económica y que no habitan bajo un mismo techo", se lee en la resolución.
Además, la jueza apuntó que no se está frente a una relación abusiva, porque los problemas son por un dinero que le prestó Pablo a Catalina.
"Se considera que los hechos acusados no son representativos de una violencia doméstica", concluyó González.
El 10 de febrero, Catalina se presentó ante el mismo Juzgado para solicitar medidas de protección en contra de Pablo.
"El problema es que él anda hablando mal de mí. Esto porque los vecinos me lo han dicho. Nosotros terminamos porque él era muy controlador. Cuando terminamos, él me continuó ofendiendo. Yo salía de mi casa y él le decía a sus empleados: 'Está rica, pero hay que tener plata para estar ahí (...) Además ha dicho que me voy a acordar de él por el resto de mi vida y que me iba a dar por donde más le duele", denunció la mujer.
Agregó que, el 21 de enero, Pablo ingresó supuestamente a su vivienda sin permiso. "Comenzó a insultar diciendo que mi hijo y yo éramos unos ladrones, que yo me robaba el dinero de los costarricenses", apuntó.
Pese a que, en la denuncia, Catalina confirmó que ella nunca convivió con Pablo y que tampoco depende económicamente de él, la juzgadora Marjorie Barquero le concedió las medidas.
Barquero le prohibió agredir de cualquier forma a la supuesta víctima, le prohibió ingresar a la vivienda de la afectada, y emitió una orden de protección y auxilio policial dirigida a Fuerza Pública.
'Discriminación'
Eugenia Quesada, presidenta de Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (Fundiapho), reprochó el accionar de las juezas.
"En la ley, no existen requisitos específicos por las cuales se deba rechazar la imposición de medidas. Entonces, no entendemos por qué se le rechazó a él y a ella sí se le concedió", manifestó.
Se intentó obtener una versión del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, pero indicaron que la Ley Orgánica del Poder Judicial les prohibe emitir criterio alguno.
