Juan lleva 42 días en la cárcel de San Sebastián, por intentar sacar 12 latas de guisantes, de ¢370 cada una, del supermercado Palí en Paseo Colón, el 22 de agosto. Los vigilantes recuperaron el producto.
El hombre, de 30 años, quien pidió el anonimato, tendrá una audiencia este martes para decidir si va a juicio o si acepta los cargos por tentativa de hurto simple que le atribuye la Fiscalía.
El Poder Judicial calcula que un proceso que incluye todas las etapas (investigación, acusación, juicio, apelación y casación), cuesta ¢6 millones. Si a esto se le suman los 42 días de prisión preventiva, que según el Ministerio de Justicia cuestan ¢1 millón, el hurto de 12 latas que involucra a Juan implica una factura de ¢7 millones.
La desproporción ha generado diferentes criterios entre juristas que consideran que no deberían castigarse conductas que no causan daño significativo a la propiedad y quienes alegan que sí.
Juan nunca ha estado preso y dice que no merece este castigo. “Aquí hay personas por homicidio. Cuando entré, deseaba que Dios me quitara la vida. Yo sé lo que es que a uno aquí le tiren agua y que un líder le enseñe los punzones. Mis hermanos, que son abogados, me trajeron grabaciones de mis hijos y me hicieron ver que este no era un caso grande. Me afectó mucho saber que el día en que me detuvieron por error, mi hija cumplía años”, dijo.
Reforma. El hurto es la sustracción sin fuerza sobre las cosas ni violencia sobre las personas. Según el penalista, Federico Morales, se configura cuando la persona desapodera al dueño del bien y tiene posibilidad de disponer del objeto. Entonces, si a esa persona se le detiene cuando está saliendo del ‘súper’ con la mercadería, sería tentativa.
Desde marzo del 2009, la Asamblea Legislativa comenzó a castigar todos los hurtos con prisión de un mes a tres años sin importar la cuantía. Antes, los de escasa monta eran contravención.
La ministra de Justicia, Cristina Ramírez, aseguró que hay presos por llevarse cervezas, carne, tomates, quesos, latas de atún, desodorantes y helados desde los ¢300.
La Sala Tercera considera que, siguiendo la orden de los diputados, debe haber castigo. No obstante, el magistrado José Manuel Arroyo criticó esa reforma en el voto N.° 819-14, del 23 de mayo.
“Al eliminarse la distinción entre hurto simple y hurto menor, la Asamblea Legislativa tomó una medida de política criminal totalmente desacertada, que no solo resulta desproporcionada como respuesta punitiva, sino que ha traído presiones insoportables para el sistema penal en su conjunto (al tener saturadas a las agencias del Ministerio Público y tribunales de justicia), así como de manera particular al sistema penitenciario”, externó.
En ese sentido, la ministra Ramírez sostuvo: “De nada sirve enviar a una persona a reclusión como lo están haciendo. No se considera procedente dentro de un sistema democrático y que tutela los derechos humanos, que pasen períodos menores a tres meses”.
No concilian. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cada día se denuncian siete hurtos a comercios. Walmart denuncia tres personas por día, en promedio, ante los tribunales por sustracciones en sus 216 tiendas. En el 2013, llevaron a 1.141 personas a los tribunales y este año a 661.
Sin embargo, la corporación no concilia con los sospechosos por tener una política de cero tolerancia, a pesar de que existe un programa de justicia restaurativa que permite aplicar medidas alternas a la prisión como trabajo comunal, terapias y la reparación del daño.
Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, explicó que han detectado muchas veces que las personas roban por hambre debido a la pobreza en que viven. “No hemos logrado hacer conciencia entre los asesores legales (de Walmart) del costo que representa para el Estado el que ellos no quieran llegar a soluciones alternas”.
Añadió que los abogados de esa empresa no comparecen a las audiencias, por lo que la representación recae exclusivamente en el Ministerio Público y les preocupa que no se puede negociar.
La magistrada de la Sala Tercera, Doris Arias, comentó que cualquier víctima de hurto tiene derecho a no conciliar, aunque la lesión a la propiedad sea mínima.
Sin embargo, en el 2013 le expusieron a los representantes de Walmart que un caso tramitado bajo el sistema de justicia restaurativa le cuesta ¢327.000 al Poder Judicial, a diferencia del proceso ordinario de ¢6 millones, pero no respondieron.
Yolanda Fernández, vocera de Walmart, sostuvo que no negocian con quienes hurtan mercadería por un asunto de seguridad de los clientes y para evitar reincidencia.
El fiscal general, Jorge Chavarría, estimó que las empresas deben ser responsables para no cargar al Estado procesos costosos relacionados con sustracciones de poco valor económico.
“A veces no entiendo la ley, uno ve gente del barrio que hace cosas más graves y está fuera. En cambio, mi abogado y mi familia le ofrecieron al gerente de Walmart comprar una comedera de ¢500.000 para ofrecerlo a un albergue de niños, y no quiso”, aseguró Juan.