Los jerarcas del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) negaron ayer ante la Corte Plena que se haya incurrido en espionaje o intervención de teléfonos en perjuicio de un periodista de Diario Extra.
Así lo reiteraron el fiscal general Jorge Chavarría Guzmán y el director del OIJ, Francisco Segura Montero, durante una comparecencia de hora y 15 minutos ante los magistrados.
“Afirmo de manera enfática, de manera contundente, que no existió en esta o en alguna investigación relacionada, ninguna intervención telefónica ni autorizada por un juez ni tampoco ilegal”, afirmó Chavarría, quien reiteró: “es falso que se hayan realizado actos de espionaje”.
Chavarría explicó que en el caso cuestionado, lo que se hizo fue una comparación de números telefónicos para determinar si hubo algún contacto entre un grupo de policías que investigaba un caso de secuestro y algún periodista.
“Ese rastreo no lesiona el ámbito de la intimidad porque es una investigación del pasado, se busca qué teléfono se relacionó con otro teléfono, no del presente”.
Insistió en que actuaron apegados a la legislación y que la investigación inició “por una falta de una policía del OIJ, de apellido Fonseca, que aparentemente violentó la ley en cuanto a su deber de confidencialidad, pero nunca para afectar al medio de prensa”.
Por su parte, Francisco Segura también rechazó los señalamientos sobre intervención y el espionaje telefónicos.
Empero, ambos jerarcas afirmaron que no permitirán que funcionarios judiciales difundan información confidencial de casos en investigación.
Antecedente. La comparecencia de los jefes de la Fiscalía y del OIJ se produjo luego de que la Corte Plena les pidiera una explicación, el pasado lunes 20 de enero, sobre una acusación sobre “espionaje a un periodista de Diario Extra”.
Para fundamentar su denuncia, ese periódico señaló en un recurso de amparo presentado el jueves pasado que, a partir del 1.° de abril del 2013 y hasta fecha indeterminada, periodistas de esa empresa y particularmente Manuel Estrada, fueron víctimas de rastreo.
La Sala IV admitió el recurso, cuyo fin es definir si esos rastreos telefónicos realizados por la Fiscalía y el OIJ vulneraron el derecho a la reserva de las fuentes que tienen los comunicadores.
Chavarría adelantó que defenderán ante la Sala IV el uso del rastreo al ser fundamental en la lucha contra el crimen organizado.
Además anunció que le designó al fiscal adjunto Francisco Fonseca la tarea de determinar si durante la investigación del caso cuestionado se cometió alguna anomalía y así sentar las eventuales responsabilidades penales.
En relación a una presunta agresión al periodista Estrada durante un simulacro organizado por el Colegio de Periodistas, Chavarría dijo que existe una investigación penal y otra administrativa en la Inspección Judicial.
Posición de Corte. Al cerrar la sesión, la presidenta de la Corte, Zarela Villanueva, dijo que en relación al tema del rastreo y la violación de los derechos, se esperará a lo que resuelva la Sala Constitucional. “Serán ellos los que determinen la procedencia o no de las actuaciones”, indicó.
Asimismo, pidió a la Comisión de Enlace OIJ-Corte analizar el funcionamiento de los mecanismo de información a la prensa. “Esa comisión debe hacer recomendaciones para mejorar esa relación”, concluyó.