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Magistrados y gremios del Poder Judicial unifican proyecto de pensiones y ponen fin a la huelga

Actualizado el 31 de julio de 2017 a las 05:22 pm

Nuevo proyecto eliminaría pensiones de lujo, impide aumentar la edad de retiro y hace sostenible el régimen

Este martes todos los trabajadores volverán a sus funciones en sedes judiciales de todo el país

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Magistrados y gremios del Poder Judicial unifican proyecto de pensiones y ponen fin a la huelga

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A eso de las 5 p. m. los gremios y magistrados del Poder Judicial firmaron el documento que puso fin a la huelga. (Rafael Pacheco.)

Los empleados judiciales retomarán sus labores a partir de este martes 1.° de agosto, luego de llegar a un acuerdo para suspender la huelga que comenzaron desde el 19 de julio.

El frente gremial alcanzó un consenso con los magistrados (excepto los de la Sala Constitucional) para pedir desconvocar el proyecto de ley 19.922 que busca reformar la pensiones del régimen del Poder Judicial .

(Video) ¿En qué consiste la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial? (Mariana Artavia)

Carlos Chinchilla, presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo que este mismo martes solicitará una audiencia al mandatario Luis Guillermo Solís para que magistrados y sindicalistas le planteen el retiro de  ese plan.

Esa iniciativa fue dictaminada por la Comisión Especial de Pensiones el jueves anterior y, además, ya  fue incorporada a la agenda que el Plenario discutirá en sesiones extraordinarias, periodo que inicia este 1.° de agosto y en el cual los proyectos son potestad exclusiva del Poder Ejecutivo.

Entre los principales acuerdos a los que llegaron los gremios con los magistrados este lunes está el unificar en una sola iniciativa las dos proyectos que anteriormente habían presentado, por separado, a la Asamblea Legislativa.

Ahora se trata de un solo proyecto del Poder Judicial, que recoge las necesidades de reformas, apegado a las recomendaciones técnicas de un estudio realizado por una entidad especializada de la Universidad de Costa Rica (UCR), afirmó Chinchilla.

Sobre la edad de retiro, en lugar de los 65 años que pretendían aprobar los diputados, ahora se propone que sea de 62 años para los hombres y 60 para las mujeres.

Se deja igual al proyecto acogido por los diputados lo que corresponde al tiempo de servicio, es decir que para pensionarse se requieren 35 años de labor.

Adriana Orocú, de Acojud, (tercera de izq a der.) y representantes de otros gremios dijeron este lunes en conferencia de prensa que seguirán de cerca el desarrollo del nuevo proyecto en la corriente legislativa. (Rafael Pacheco.)

Lo anterior porque, según Chinchilla, generalmente los funcionarios judiciales entran a trabajar a los 22 años, por lo que cuando llegan a los 60, ya han cumplido el requisito de los 35 años laborados.

"Es un requerimiento yo creo que hasta de humanidad para cada uno de los servidores y servidoras del Poder Judicial", acotó.

Con respecto al tope en el monto de la jubilación, no se cambió nada y queda en ¢4 millones (10 veces el salario más bajo del Poder Judicial). 

También, se deja la inclusión de una junta administrativa para el fondo de pensiones, pero que sigue dentro del ámbito del Poder Judicial y no una externa como lo plantea el plan dictaminado, en el cual no quedaba clara la integración de esa junta. Ahora se detalla que tendrá tres directores nombrados por Corte Plena y tres por los gremios y sindicatos del Poder Judicial, quienes deberán tener especialidades en ciencias económicas, bursátiles y de inversiones.

Al final de la reunión entre magistrados y gremios, el proyecto conjunto fue entregado al diputado del Frente Amplio, Jorge Arguedas, quien lo presentó este mismo lunes a la Comisión Especial de Pensiones, como un informe de minoría.

"Me parece bien, ya hay un documento consensuado, se abren las mesas de negociación y diálogo para entrar en una etapa de reflexión y nosotros haremos desde mi despacho todo lo que haya que hacer jurídica y técnicamente por el atropello que ha tenido toda esta situación", dijo Arguedas.

Añadió que va en defensa del debido proceso porque, a su juicio, la técnica legislativa fue violentada abruptamente con el trámite del proyecto de reforma.

Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), dijo en conferencia de prensa a eso de las 7:30 p. m. que el proyecto consensuado llegó  este lunes dentro del tiempo límite permitido a la Asamblea Legislativa y que ahora la lucha será porque el plenario ratifique ese informe de minoría.

Destacó que en esa iniciativa se eliminan las pensiones de lujo en el Poder Judicial y se elimina el riesgo para el presupuesto del Estado, ya que se hace sostenible el régimen.

En nombre de 19 organizaciones del frente gremial que negociaron con magistrados, se mostró satisfecha con lo logrado en la huelga.

El movimiento se originó debido a la molestia de los empleados judiciales porque la Comisión de Pensiones rechazó como texto base para reformar el régimen el proyecto de ley propuesto por los gremios.

Durante los días de protesta hubo afectación en servicios como juicios, entrega de hojas de delincuencia y la entrega de cadáveres en la Morgue Judicial. Esto último generó fuertes críticas a los empleados de Medicatura Forense, ya que 39 cuerpos se acumularon y las familias dolientes reclamaban por que se los entregaran.

El lunes 24 de julio, los trabajadores del Complejo Forense decidieron retomar las autopsias y volver a laborar con normalidad en la entrega de cadáveres, en tanto el resto de funcionarios se mantenía en huelga.

Por eso, el viernes anterior, la Corte Plena acordó autorizar al presidente de la Corte, a iniciar el proceso  para declarar ilegal la huelga.

Ese mismo día, el magistrado Chinchilla se reunió con el procurador general de la República, Julio Jurado, quien se encargó de hacer la petición de calificación de huelga ante el Juzgado Laboral de Pococí, el cual cual está pendiente de ser resuelto.

Lo que sigue ahora

De acuerdo con Chinchilla, a partir de este martes se buscará reponer el tiempo perdido, y se retomará la comunicación con la ciudadanía que se quedó sin atención.

Con respecto al proceso que está en curso por parte de la Procuraduría, afirmó que sigue adelante porque la suspensión de la huelga no significa la deposición absoluta.

En cuanto a lo que significó la huelga en cantidad de servicios que se dejaron de prestar, Chinchilla dijo que no se ha cuantificado, debido a que las contralorías de servicios de todo el país entraron en huelga y esos entes son los que alimentan a la Corte de esa información.

Ahora, al cesar el movimiento huelguístico, se comenzarán a recopilar esos datos, dijo.

Admitió que hubo afectación en la imagen del Poder Judicial, pero espera que la mística de los funcionarios permita reconstruir los tejidos sensibles que están dañados y lograr una proyección positiva mediante la reposición del tiempo perdido y con más entrega en las funciones cotidianas.

"Ahora estamos en muy buen entendimiento con los gremios, para una mejor resolución de los problemas y también para hacer un plan remedial sobre eso", puntualizó.

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Hugo Solano

hsolano@nacion.com

Periodista de Sucesos

Periodista en la sección de Sucesos y Judiciales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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