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La Defensoría de los Habiantes acudió a la Sala Constitucional para presentar un recurso de amparo en favor de las familias que no han podido retirar de la Morgue Judicial los cuerpos de personas fallecidas, debido a la huelga de funcionarios del Poder Judicial.
En el recurso, planteado la tarde de este viernes por el defensor adjunto, Juan Manuel Cordero, se alega que a las familias dolientes se les está violentando el derecho de integridad de la personas, el cual comprende tres dimensiones: física, moral y psíquica.
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"Las actuaciones de la Medicatura Forense, mismas que pueden ser catalogadas como una retención ilegítima de los cuerpos de las personas fallecidas, incide de forma directa en una de las dimensiones del derecho a la integridad personal de las y los familiares, como es la integridad moral.
"La celebración de los ritos religiosos asociados con la sepultura digna a los seres queridos forma parte, como ya se ha indicado, del ejercicio de una libertad fundamental, como es la libertad de culto, de modo que cualquier acto o conducta del Estado o de un tercero que impida, obstaculice o limite esta libertad, afecta la integridad moral de las y los familiares", dice el recurso planteado ante el Tribunal Constitucional.
Según información del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), desde el miércoles, cuando empezó la huelga, y hasta las 11 a. m. de este viernes, se acumulaban 15 cadáveres en la Morgue Judicial, situada en San Joaquín de Flores, Heredia.
Uno de ellos es el de Álvaro Cortés García, un médico jubilado que fue asesinado y cuyo cuerpo apareció enterrado en una finca suya en Peñas Blancas de San Ramón el martes pasado.
En una entrevista a La Nación, la hija de Cortés contó que han vivido un calvario debido a que no les han entregado el cuerpo de su papá.
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Además, solo se están haciendo las autopsias de casos en los cuales se pueda poner en riesgo la obtención de evidencia.
Jerarcas evitan hablar de sanciones
Pese a que los médicos forenses ignoraron la orden superior de entregar los cuerpos a las familias, el presidente del Poder Judicial, Carlos Chinchilla Sandí, dijo que por ahora prefieren no hablar de sanciones o procesos disciplinarios, sino buscar un diálogo.
"Yo no quiero en este momento hablar de sanciones, no estamos pensando en procesos disciplinarios. Creo que la vía es el diálogo, el acercamiento y entendernos en estos asuntos", expresó Chinchilla durante los actos de entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral.
Sobre la no entrega de cadáveres, Chinchilla rogó a los forenses para que los entreguen a las familias dolientes.
"Como ser humano tengo un sentimiento de insatisfacción, de impotencia, porque a mí me gustaría que ellos tengan la paz y la tranquilidad de tener esos cuerpos", agregó el presidente.
El director de la Policía Judicial, Walter Espinoza, quien es el jerarca de la Medicatura Forense, dijo estar insatisfecho por el hecho de que se retengan los cuerpos, porque está de por medio el dolor humano.
"No estamos satisfechos o de acuerdo con el incumplimienmiento de una orden emitida por la jerarquía, sobre todo por un tema de naturaleza muy humana, muy sensible, que afecta a la población por no poder concluir su duelo o poder darle sepultura a sus allegados", manifestó el jerarca policial.
Sin embargo, coincede con Chinchilla en evitar hablar de sanciones, y espera que pronto los funcionarios entreguen los cuerpos a las familias dolientes.
"Lo más importante es que el conflicto se solucione. En este momento no pensamos en sanciones; estamos seguros de que el personal va a cambiar su postura", enfatizó Espinoza.
Situación legal de la huelga
Para la Defensoría de los Habitantes, al no entregar cuerpos, los funcionarios judiciales están afectando un servicio esencial, porque así lo había calificado el propio Consejo Superior en la circular que emitió el jueves anterior.
El abogado especialista en derecho laboral, Eric Briones, explicó que el actual Código de Trabajo establece que una huelga puede ser declarada ilegal cuando se afectan servicios esenciales, deja de ser pacífica y se acaban las vías de conciliación.
Sin embargo, a quien le correspondería decidir una eventual declaratoria de ese tipo es a un Juzgado de Trabajo, es decir, el mismo Poder Judicial.
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"En el país, desde 1943, el único que puede declarar una huelga legal o ilegal es el Poder Judicial. Podría resolverse que se nombren jueces que no estén en huelga o suplentes, como ocurre en Sala IV cuando se pueden dar conflictos de intereses. No hay una regulación sobre ese tipo", detalló Briones.
El único que puede solicitar al Juzgado que analice si la huelga es legal o ilegal es el propio patrono, por lo que en este caso no se sabe si es el presidente de la Corte, la vicepresidenta o el director del OIJ.
Al ser consultado sobre si planea declarar ilegal la huelga, Carlos Chinchilla considera que no es necesario.
"Vamos paso a paso, queremos ir agotando todas las instancias. En esta parte inicial se va a resolver el conflicto y se va a deponer la huelga", expresó el magistrado.
Desde la tarde del miércoles, los empleados judiciales están en huelga en protesta porque los diputados rechazaron como texto base el proyecto presentado por los gremios para reformar el Régimen de Pensiones del Poder Judicial.
Dicho régimen debe ajustarse porque los ingresos ya no son suficientes para pagar los gastos y ese déficit será aún mayor conforme pasen los años.
