59 mujeres libres tras cargos por droga no consiguen empleo

El dato se desprende de una investigación hecha por estudiantes de Psicología Laboral de la Universidad Nacional (UNA), que fue dado a conocer el viernes pasado por la Defensa Pública.

El estudio determinó que la principal razón para no encontrar empleo fue el estigma social de haber sido condenadas a prisión. Además, todas poseían un bajo nivel de escolaridad y lo único en que podían emplearse era en oficios domésticos o como vendedoras informales.

Alejandro Rojas, subjefe de la Defensa Pública, dijo que el hallazgo viene a reforzar la necesidad de consolidar planes que mejoren las condiciones socioeconómicas de esas mujeres, para evitar la reincidencia.

Historia. Desde el el 23 de setiembre del 2013, rige una reforma a la ley de psicotrópicos que bajó la pena de cárcel a mujeres en condición de pobreza o con hijos menores que fueron sentenciadas por introducir drogas a los penales.

Desde ese momento, un total de 136 condenadas logró la liberación, mientras la Sala Tercera de la Corte ratifica la reducción de la sentencia. Empero, ellas siguen sometidas a Adaptación Social.

Tras verificar algunos casos de beneficiadas que no encontraban trabajo, la Defensa Pública solicitó a la UNA hacer un diagnóstico de las dificultades de esas personas cuando salen de prisión.

Aunque el objetivo era entrevistar a las 136 mujeres entre marzo y junio de este año, los investigadores solo localizaron a 59, pues las otras dejaron una dirección donde no se les localizó, o se trasladaron de domicilio sin notificarlo a las autoridades.

El subjefe de la Defensa Pública comentó que la investigación ratifica la necesidad de brindar un mejor acompañamiento a estas mujeres para que se reubiquen en el mercado laboral.

Agregó que se trata de gente de muy bajos recursos, la mayoría cabezas de familia con hijos menores que, antes de caer en prisión, tenían trabajos informales y muy mal remunerados.

El funcionario contó que desde hace varios meses se trabaja en conjunto con el Ministerio de Justicia, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), entre otros, para establecer un programa de ayuda económica para las mujeres, al tiempo que se les enseña un oficio.

“El proyecto que tenemos es ambicioso. La idea es darles una respuesta integral a estas mujeres porque, si las meten otra vez presas, ese hecho tendrá efectos colaterales en sus dependientes que pueden ser padres adultos mayores o hijos menores que quedan en otras manos”, dijo Rojas.

Por su parte, Eugenia Mata Chavarría, de la Unidad de Proyectos de Prevención del ICD, manifestó que, luego de salir de prisión, no resulta fácil localizarlas y que lo primero que se debe lograr es que recuperen la confianza en sus capacidades para salir adelante.

Entre tanto, para Roy Murillo, juez de la ejecución de la pena, las instituciones deben asumir con mayor prontitud su responsabilidad pues esa población sigue en condiciones adversas.

Asimismo, hizo ver que, en la hoja de delincuencia va a constar durante diez años que fueron condenadas.