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Un rastreo por aire realizado por el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) en los últimos cinco meses permitió descubrir 33 pistas clandestinas en la costa del Pacífico, que, se cree, son utilizadas por narcotraficantes.
Se trata de campos que tienen de 500 a 1.000 metros de largo. Unos están en fincas de gran extensión y otros, muy cerca de la playa o entre árboles.
Juan Luis Vargas Vargas, director del SVA, dependencia del Ministerio de Seguridad Pública, dijo que en algunos casos lograron ubicar a los dueños de las propiedades, quienes, al ser consultados sobre el hecho, alegaron desconocer la existencia de la construcción ilegal.
"A veces son tan improvisados que agarran un kilómetro de una finca que está plana. La chapean, medio la arreglan. En esa labor duran una o dos semanas, lo usan una vez y ya no lo usan más", afirmó Vargas.
El jefe del SVA destacó que en este estudio no figuraron los campos de aterrizaje de Nicoya y Puerto Jiménez de Golfito, descubiertos entre jueves y lunes anteriores luego de incidentes con avionetas dedicadas al transporte de drogas.
En Nicoya perdieron la vida dos pilotos mexicanos que no lograron tomar altura, tras el despegue con cocaína. En Puerto Jiménez apareció el cuerpo de otro hombre que portaba una licencia de conducir de Chihuahua, también de México.
En ambos hechos las autoridades decomisaron casi 500 kilos de cocaína. Empero, hasta el momento no hay detenidos.
Manos atadas. Juan Luis Vargas manifestó que coordinan con la Dirección de Aviación Civil para determinar si alguno de esos campos está en proceso de legalización. En caso contrario, explicó, se buscarán mecanismos legales para inhabilitarlos.
Vargas agregó que ni Costa Rica ni los otros países centroamericanos tienen radares para detectar las avionetas usadas para trasladar droga.
"Aunque se tenga la última tecnología de radares, el tipo de vuelo que ellos hacen, que es un vuelo rasante, muy bajo, es un vuelo furtivo, es poco probable que se detecte", detalló.
El jefe de Vigilancia Aérea dijo que Costa Rica cuenta con un radar (en el aeropuerto Juan Santamaría) que se usa para vuelos comerciales, cuyo rango de cobertura se limita al Valle Central, pues las montañas que lo rodean impiden descubrir los aparatos que vuelan por la costa del Pacífico o por la del Caribe.
En criterio de Vargas, la Policía necesita un sistema de radares para controlar esos vuelos ilegales. Sin embargo, afirmó que ese equipo tiene un costo que oscila entre $10 millones y $20 millones, por cotizaciones que hicieron recientemente.
"Es prácticamente imposible para el país comprar un radar de esos. Estamos viendo otras alternativas. Tal vez algún país amigo nos da uno en calidad de préstamo", concluyó Vargas.
