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La tarjeta de débito de Katherine Salazar Ochoa estaba en mal estado y por eso, el 13 de mayo, acudió a la sucursal del Banco Nacional (BN) en Desamparados para renovar el plástico.
Salazar, de 31 años y quien es una mujer transexual, contó que solicitó la tarjeta BN Mujer. Agregó que cuando fue a retirarla a la sede ubicada en plaza Cristal, en Curridabat, se la retuvieron porque “no podían comprobar su identidad”.
Incluso, empleados de la entidad llamaron al 9-1-1 para reportar una aparente pelea.
Por esos hechos, Salazar y su pareja, Róger Acuña, interpusieron este martes un recurso de amparo contra esa sucursal bancaria.
“Fui víctima de la transfobia (discriminación hacia las personas transgénero). Uno hace las cosas de forma correcta y esto me hace sentir mal”, expresó Salazar, a quien la Sala IV le negó, el 12 de junio, que la Caja Costarricense de Seguro Social le pagara una cirugía de reasignación sexual en Tailandia.
Se intentó conocer la posición del Banco Nacional, pero su vocera, Violeta Fernández, explicó en un correo que todavía no han sido notificados y por eso no se pronunciarían al respecto.
Al retirar. Desde el 2 de marzo de este año, en la cédula de identidad de Johan Estuardo Salazar Ochoa ya no se indica ese nombre, sino el de Katherine.
“Como yo cambié recientemente todos mis datos, quería cambiar lo demás. Mi tarjeta ya estaba toda rota y tenía mi identidad anterior. Yo soy clienta de ellos desde hace muchos años, tengo hasta cuenta de ahorros y un certificado de depósito a plazo”, recordó.
El 13 de mayo, la recurrente fue a la sucursal de Desamparados para tramitar el nuevo plástico, pero pidió que se lo entregaran en la sucursal de plaza Cristal, porque le queda cerca de su casa, en Curridabat.
“Yo cumplía con los requisitos para tener la tarjeta, por eso me la mandaron a hacer. El 15 de mayo, fui sola a retirarla. Me la entregaron. Le pregunté a la cajera que si la tarjeta era internacional y ahí me dijo que se la devolviera. Cuando se la di, había una persona atrás de ella, quien tomó la tarjeta y me dijo que había un problema, sin especificarme cuál.
”Hablé con la subgerenta y ella me dijo que no me la iban a dar porque había un error con la identidad de género. Me dijo que no me la podía entregar porque hay un reglamento del Banco en el que dice que esa tarjeta (BN Mujer) es solo para un sector específico. No me dijo nada más, llamó al guarda para que me acompañara a la salida”, recordó.
Agregó que tres días después, regresó a la entidad acompañada de su novio, para conversar de nuevo con la subgerenta.
“La señora volvió a decir que el problema es que ella no sabía si yo era mujer. Se limitó a decir, de forma despectiva, que ella no tenía cómo comprobar mi identidad. Dijo que iba a llamar a alguien del Departamento Legal para que nos explicara y a quien llamó fue a la Fuerza Pública. Llegaron dos oficiales para sacarnos”, afirmó.
Veriuska Vallenilla, abogada de Salazar, aseveró que en el acta policial consta que la subgerenta llamó al 9-1-1 para reportar una riña dentro del banco. “Nunca pasó eso. Los policías se comportaron bien, pero les dijeron (a Salazar y a Acuña) que los tenían que sacar escoltados”, resaltó Vallenilla.
Por su parte, la denunciante comentó: “La gente nos veía como si fuéramos criminales. Sentía que hasta me iba a desmayar. Fue fatal”.
‘Daño ya está hecho’. Salazar contó que, el 21 de mayo, funcionarios del BN la llamaron para pedirle que retirara la tarjeta.
“Después de que nos echaron con la Policía, puse una queja ante el MEIC (Ministerio de Economía, Industria y Comercio) y ellos los obligaron a devolverle la tarjeta. Nos dieron también una disculpa por escrito que decía mentiras; nunca se disculparon por sacarnos con la Policía”, manifestó Acuña.
En el recurso, piden que el Banco Nacional indemnice a Salazar por ¢80 millones por daño moral, ¢40 millones por daño patrimonial y ¢30 millones por daño psicológico. Además, solicitan que la institución también pague a la pareja de la mujer trans por el daño moral y patrimonial.
Si la Sala admite el recurso, el reclamo monetario se haría en vía ejecución de sentencia.
“Nuestra vida ha cambiado mucho después de esto. Yo intenté suicidarme; ya el daño está hecho”, concluyó Salazar.
