Escuchar
La jueza Gabriela Saborío aseguró este miércoles, por medio de la oficina de prensa del Poder Judicial, que sí le informó al Ministerio de Justicia sobre una causa por violación que se le abrió a un reo que estaba en libertad con un beneficio carcelario.
La aclaración se da luego de que, el martes, Adaptación Social dijera que se enteró de la detención por "rumores de la gente y no por alguna comunicación formal entre el Poder Judicial y ellos", información importante para iniciar el proceso de revocarle el beneficio.
El caso se trata de un recluso de apellidos Santamaría Sánchez, de 30 años, quien fue detenido el sábado por ser sospechoso de atacar sexualmente a una muchacha de 17 años el 13 de julio en medio de una fiesta en San Ramón de Alajuela.
Santamaría había sido condenado anteriormente por cometer delitos contra la propiedad y una tentativa de homicidio simple. Fue reubicado al Centro Semiinstitucional (CASI) de San Ramón en abril pasado, gracias a una valoración ordinaria hecha por el Ministerio de Justicia y Paz.
Al ser detenido por la nueva causa, Saborío lo dejó en libertad pese a que la Fiscalía solicitó prisión preventiva.
"La jueza indicó que el mismo día de la audiencia en la que dictó medidas cautelares, le envió una nota a Justicia para informarle sobre la situación", comunicó Carlos Núñez, juez y vocero del Poder Judicial.
Asimismo, Núñez recordó que no existe ninguna norma que obligue a los jueces a comunicar sobre estas situaciones a Justicia. "Lo hacen porque es importante hacerlo, pero no hay ninguna exigencia".
Razones. En cuanto a la crítica que hizo Adaptación Social sobre la decisión de la jueza de no dictarle prisión preventiva a Santamaría, Núñez recordó que solo se encarcela a alguien cuando existe peligro de fuga, cuando no tiene arraigo domiciliar o laboral y la víctima corra peligro.
En este caso, indicó, el sospechoso tiene un domicilio fijo.
"Si tiene un beneficio carcelario, no es relevante para el juez, en el sentido de que esto es visto como antecedentes penales. No podemos juzgar por esto", expresó.
Reynaldo Villalobos, director de Adaptación Social, reprochó el martes: "No es posible que, en otras ocasiones, cuando hay un delito menos lesivo de por medio, sí manden a la cárcel al indiciado, pero en situaciones como estas, desistan de hacerlo".
Actualmente, el Instituto Nacional de Criminología (INC) es quien debe analizar si se le revoca o no el beneficio carcelario a Santamaría.
Mientras eso sucede, como una medida cautelar, Justicia mantiene recluido a Santamaría en la cárcel de San Rafael, en Alajuela.
