Sucesos

Pide a juzgado penal elevar caso a juicio

Fiscalía acusa por rotativas de La Nación

Actualizado el 27 de noviembre de 2013 a las 12:00 am

Ministerio Público atribuye dos delitos de evasión de impuestos

Empresa ya pagó en el 2005 los tributos, según un abogado defensor

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Fiscalía acusa por rotativas de La Nación

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El Ministerio Público presentó una acusación contra representantes y abogados de La Nación S.A., por el caso conocido como de “las rotativas”, una compraventa de las viejas máquinas de impresión utilizadas por la empresa para producir sus publicaciones.

Las rotativas de La Nación fueron vendidas a una empresa beliceña en unos $2 millones, poco menos del valor en libros.   | ARCHIVO
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Las rotativas de La Nación fueron vendidas a una empresa beliceña en unos $2 millones, poco menos del valor en libros. | ARCHIVO

El documento atribuye a los acusados dos delitos de “inducción a error a la Administración Tributaria”, uno por la supuesta evasión del pago del impuesto sobre las utilidades del periodo fiscal 2002, por la suma de ¢306,4 millones, y otro por presunta evasión del pago de ¢153,2 millones de impuesto sobre la renta disponible, en el mismo periodo fiscal.

Los imputados son, en este momento, el presidente ejecutivo Manuel Fco. Jiménez, el entonces miembro del Comité de Vigilancia de la empresa Carlos González y los abogados Javier León y Luis Javier Uribe.

Según la Fiscalía, entre ellos hubo un acuerdo para simular la venta de las rotativas con la intención de evadir los impuestos e invertir el producto de la venta en el salvamento financiero de Corporación de Noticias, una empresa guatemalteca en la cual La Nación S.A. poseía una significativa participación accionaria.

Las rotativas fueron vendidas a la empresa beliceña Leasing Capital Corporation, fundada por González, y luego arrendadas a La Nación S. A. El precio de la venta fue de unos $2 millones, poco menos del valor en libros. Dos meses más tarde, la empresa beliceña las vendió a Arrendadora Interfin S. A. en $5 millones y rescindió el contrato de arrendamiento con La Nación S. A. para que, en adelante, el arrendamiento se estableciera entre la propia La Nación S. A. y la nueva propietaria de las máquinas, es decir, Arrendadora Interfin S.A.

Según la Fiscalía, la primera compraventa fue simulada para sacar el activo del dominio de La Nación S. A. por un valor aproximado al inscrito en libros, es decir, sin ganancia y, posteriormente, venderlo con $3 millones de ganancia sin pagar impuestos de renta o sobre las utilidades. Leasing Capital Corporation, por ser beliceña, no sería sujeto de fiscalización en Costa Rica, dice la acusación.

El documento atribuye a los acusados haber armado una plataforma societaria y financiera idónea para inducir a error a la Administración Tributaria con la posterior venta de las rotativas.

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Nada irregular. Carlos Tiffer, abogado de Jiménez, dijo que la acusación es una oportunidad para explicar la verdadera naturaleza de las transacciones relacionadas con la venta de las rotativas de La Nación. “Se trató de una negociación válida, legítima, transparente, hecha ante notario público, bajo las reglas de la libertad de comercio que rigen en nuestro país y reportada en las memorias de la empresa”, añadió.

El abogado enfatizó que la compañía ha sido históricamente un importante contribuyente, que siempre actuó con responsabilidad y transparencia. También enfatizó que los impuestos cuestionados fueron pagados en febrero del 2005.

“La Nación S. A. canceló los impuestos, intereses y multas cuestionados en este caso y la misma Procuraduría General de la República ha reconocido el pago, tanto en el proceso judicial como ante la opinión pública. La Nación S. A. no adeuda suma alguna por concepto de impuestos. Ningún personero de la empresa ha realizado acto alguno con la finalidad de inducir a error a la Administración Tributaria”.

Para Erick Gatgens, defensor de González, la acusación resulta sorpresiva y prematura, porque en el proceso están pendientes de resolver gestiones de la defensa y de la Fiscalía. No se entiende una acusación mientras existe un señalamiento programado por el Juzgado Penal para el 2 de diciembre, precisamente con el objeto de conocer sobre la nulidad de la prueba empleada por el Ministerio Público. La acusación refleja una falta de coordinación de la Fiscalía: acusan por un lado y, por otro, tienen una solicitud pendiente de levantamiento del secreto bursátil. Es decir, acusan cuando faltan pruebas que ellos mismos están solicitando”, dijo el abogado.

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