Fiscala: enfermera auxiliar intentó el crimen perfecto

Así lo dijo ayer la fiscala Laura Hernández González durante el debate en que se juzga a Ángela Barrantes Moreno por el delito de homicidio calificado en perjuicio de Lílliam Arias Prendas.

En este juicio, que se realiza en los Tribunales de San José, se analiza la muerte de Arias, ocurrida el 7 de agosto del 2012, cuando se encontraba internada en el cuarto piso del edificio de Medicina del San Juan de Dios.

Para la representante del ente acusador del Estado, el plan de Barrantes no fructificó porque otra paciente internada en el centro hospitalario la observó cuando sacó una jeringa y le inyectó algo, lo cual le pareció extraño y dio aviso a otros enfermeros.

Hernández dijo que Barrantes, por sus conocimientos en medicina, sabía que al inyectar cloruro de potasio la paciente sufriría un paro cardíaco y parecería que la muerte fue natural.

“Por el padecimiento que tenía Lílliam (Arias), se hubiera obtenido un certificado médico por muerte natural (...) y a las personas que mueren así no se les hace autopsia y nadie se hubiese enterado de que lo que hubo fue un homicidio”, precisó.

Hernández agregó: “Además, ella se ofreció a la familia de la fallecida para gestionar en el hospital la entrega rápida del cuerpo para que lo pudieran sepultar”.

La fiscala descartó que la fallecida en algún momento solicitara ayuda para descansar. “Nunca manifestó su deseo de que la ayudaran a morir”, afirmó.

Según Laura Hernández , cuando sucedió el hecho, Ángela Barrantes distinguía entre el bien y el mal y sabía lo que estaba haciendo, a pesar de que la imputada “sí requiere asistencia psiquiátrica”.

Demanda civil. Paralelamente, durante la audiencia de ayer, el abogado Ricardo Marín Vargas, representante de la familia de Lílliam Arias, pidió al Tribunal de Juicio de San José que condene a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a pagar ¢500 millones como indemnización.

Para Marín, la Caja “facilitó y permitió” el homicidio en el Hospital San Juan de Dios.

Ese criterio fue rebatido por el abogado de la Caja, Wílliam Rodríguez, quien dijo durante el debate que la suma es “exorbitante” y la presentó el esposo de la fallecida, quien no es parte afectada.

Asimismo, consideró que la demanda civil fue hecha fuera del plazo que fija la ley y que el delito (el homicidio calificado) habría sido cometido por una persona que no es funcionaria de la CCSS.

“En otros casos penales se ha exonerada a la Caja de cualquier responsabilidad cuando el generador del daño fue un tercero”, manifestó Rodríguez.

Este juicio seguirá hoy, cuando la defensa de Ángela Barrantes exponga sus criterios acerca de por qué la imputada no debe ser condenada por este caso.