Fallas en pesquisa absuelven a dos acusados por triple crimen

Se trata de dos nicaragüenses de apellidos López y Sándigo, quienes fueron acusados de privar de la libertad y luego dar muerte a Geovanny Soto Ruiz, de 52 años, y sus hijos Emanuel y Juan Mauricio Soto Soto, de 20 y 29 años, el 9 de febrero del 2013.

Una de las víctimas (Juan Mauricio) fue hallaba de madrugada dentro de una buseta, en un camino de lastre ubicado entre Zeta 13 y la catarata del río La Fortuna. Las otras dos aparecieron a las 8 a. m. del mismo día, en otra ruta que comunica La Fortuna con Monterrey.

Los extranjeros también habían sido imputados por la fiscala Mónica Hernández por tres delitos de robo agravado. En total, el Ministerio Público solicitaba 129 años de prisión para cada uno.

En el por tanto de su decisión, los jueces del Tribunal Penal de San Carlos: Lorna Quirós, Marco Vinicio Lizano y Blanca Salas, sostuvieron que la Fiscalía no logró demostrar la culpabilidad de López y Sándigo con prueba idónea, por lo que ordenaron la liberación inmediata de ambos hombres y la devolución de los bienes que les fueron decomisados, entre ellos, varios celulares.

Grave error. De acuerdo con Quirós, la prueba fundamental en la que el Ministerio Público basó toda la pesquisa y la acusación, fue manipulada y recolectada de manera ilegal.

La jueza explicó que la prueba nació de un teléfono celular, marca Alcatel, que apareció en el lugar donde fueron encontrados los cuerpos de Soto Ruiz, un empresario hotelero de la zona sancarleña, y de su hijo Emanuel.

Ese celular al parecer registraba gran cantidad de llamadas entre los dos detenidos y un tercer individuo que nunca fue detenido.

Quirós recalcó que el aparato estuvo varias horas tirado en un escritorio de la sede del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en La Fortuna y que, tras de eso, dos agentes judiciales lo utilizaron para hacer llamadas y enviarse mensajes de texto entre ellos.

Por otro lado, en un acta elaborada por una jueza penal, fueron consignadas características muy diferentes de las descritas en el acta del decomiso del mismo teléfono.

En principio se había señalado que era de color negro con fucsia y que tenía una calcomanía de una princesa, pero estos elementos no coincidieron después.

Por ejemplo, el móvil tenía un pedazo de papel y no una calcomanía y también se había dicho que era de dos gigabytes cuando, en realidad, eran cuatro.

“Evidentemente hubo un problema de identidad con ese aparato, además de que se irrespetó la cadena de custodia”, dijo Quirós.

La juzgadora explicó que a raíz de eso, el tribunal se vio en la obligación de declarar ineficaz todo el resto de la prueba, incluyendo actas de allanamientos, decomisos, intervenciones telefónicas, entre otras.

“Lamentamos que, pese a la gravedad de los crímenes, tuviéramos que tomar esta decisión (…) Que sea Dios el que haga justicia”, manifestó.

A la lectura de la parte dispositiva no llegaron familiares de las víctimas, ya que se encuentran bajo un régimen de protección.

Las abogadas defensoras de los imputados, Ivannia Argüello y Maritza Cruz, no emitieron opinión sobre el fallo, tampoco López ni Sándigo.

Ellos fueron sacados de la sala de juicio, esposados, pues debían ir a la cárcel de la Marina de San Carlos para realizar el papeleo correspondiente previo a su liberación, luego de pasar más de un año en prisión preventiva.

Este lunes se consultó a la fiscala adjunta de San Carlos, Alba Campos, sobre los errores que señaló el Tribunal Penal, pero expresó que el caso lo llevó la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, en San José. Durante la etapa inicial de la investigación participaron varios fiscales.

De acuerdo con Marisel Rodríguez, vocera de prensa del OIJ, el director Francisco Segura dijo que analizarán la resolución para definir si deben sentar responsabilidad, si las hubiese, por fallos en las pesquisas realizadas.