EscucharJany Cantillo tenía meses de no saber nada de su expareja pese a que tienen un hijo de 6 años en común y pese a que él debe pagarle una pensión alimentaria de ¢102.000 por mes.
Por ello, la mujer solicitó una orden de apremio corporal en contra de su excompañero el 1.° de junio ante el Juzgado de Pensiones y Violencia Doméstica de San Joaquín de Flores, en Heredia. Para ese momento, él le debía dos cuotas y, según creía Cantillo, si las autoridades lo detenían, quizás lograba que él le pagara las mensualidades.
Según lo dicta la ley, esa solicitud tenía vigencia por un mes; es decir, la Policía podía capturar a Ureña desde ese día y hasta el 1.° de julio. Luego de ese tiempo, y si el deudor aún no ha pagado, la solicitante puede volver a gestionar otra nueva orden de apremio.
El 1.° de julio, el sujeto fue detenido en Heredia; no obstante, una falla de comunicación entre la Fuerza Pública y el Ministerio de Justicia provocó que él no fuera a la cárcel y aprovechara la oportunidad para volver a huir.
¿Por qué? Cuando los policías capturan a un deudor alimentario, deben trasladarlo a la Unidad de Pensiones Alimentarias, ubicada dentro de la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela. Sin embargo, ese centro penal tiene horario para recibir a los apremiados: de lunes a viernes, el ingreso se hace de 7 a. m. a 4 p. m., mientras que los sábados y domingos se hace de 2 p. m. a 4 p. m.
En este caso puntual, los oficiales detuvieron al hombre a las 5:40 p. m. del sábado 1.° de julio, cuando la orden de apremio aún estaba vigente. Como estaba fuera de horario, la Fuerza Pública no lo trasladó a Adaptación Social porque presumían que no lo iban a recibir.
Por lo anterior, decidieron dejarlo encerrado en las celdas de Fuerza Pública y llevarlo a La Reforma el domingo 2 de julio.
Cuando se dispusieron a entregarlo a las autoridades penitenciarias, estas le indicaron que no lo iban a recibir porque, para ese momento, la orden de apremio ya había vencido. Había que dejarlo libre y él volvió a huir. De momento, ni Castillo ni la Policía conocen su paradero.
¿Quién es el responsable? Hannia Cubillo, subdirectora regional de la Fuerza Pública en Heredia, indicó que la detención fue realizada por el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y que, como eran casi las 6 p. m., decidieron trasladar al deudor a la delegación policial.
"A esa hora no nos van a aceptar a nadie. Por eso se queda en custodia de la Fuerza Pública, esperando a que amanezca. A la 1:05 p. m. del domingo sale una unidad hacia La Reforma para entregarlo, porque a las 2 p. m. empieza la recepción. Pero, cuando llegamos, ven que la orden está vencida.
"Me dicen que ellos no pueden recibir a nadie porque la orden está vencida. Hicimos las consultas con jueces y asesores legales y no había nada que hacer. Había que esperar a que la actora (Jany Cantillo) firmara otra vez la orden de apremio, pero, mientras tanto, nada me respalda legalmente para tenerlo detenido y doy la orden para que lo suelten", explicó Cubillo.
La subdirectora aseguró que ellos no gestionaron ningún permiso para ingresarlo el sábado 1.° de julio porque "nadie te va a atender en esa Unidad porque ellos tienen un horario establecido".
"Pensamos que se podía dar continuidad al proceso porque lo teníamos detenido en tiempo. Básicamente quedé entre la espada y la pared; tenía que liberarlo. En realidad, ambas instituciones (Justicia y Fuerza Pública) estaban amarrados por un tecnicismo", concluyó Cubillo, quien agregó que, en 17 años de carrera, nunca había visto una situación similar.
Por su parte, el Ministerio de Justicia indicó, por medio de un correo electrónico, que la Fuerza Pública debió ponerse en contacto con las autoridades del centro penitenciario para explicarles la situación.
"Después de ese horario (de 2 p. m. a 4 p. m.) y ante casos excepcionales, es posible hacer ingresos en razón de que la Dirección de la Unidad de Apremiados Corporales trabaja con disponibilidad", señaló el documento enviado.
Justicia también justificó que no se recibió al deudor porque la orden tenía un día de vencimiento, "por lo que podría implicar una detención arbitraria".
La jueza Nelda Jiménez, quien dictó la orden de apremio corporal en contra del sujeto, indicó, en un correo electrónico, que el lunes 3 de julio solicitó los "informes respectivos a las autoridades involucradas en la detención y las encargadas de su permanencia en el centro institucional". Dio 24 horas para recibir respuesta, pero, al cierre de esta edición, no obtuvo dichos descargos.
Jiménez recalcó que la detención se realizó cuando la orden aún estaba vigente, por lo que "desconoce los motivos que propiciaron que el demandado quedara en libertad sin haber cancelado la deuda alimentaria".
'Burlada'. En esta situación, la que más lamenta lo ocurrido es Jany Cantillo, quien aseguró que se siente "burlada" por el sistema.
Según contó la mujer, ellos estuvieron juntos durante dos años, pero en el 2014 decidieron separarse por diferencias que tuvieron.
Desde aquel momento, ella pidió pensión alimentaria a favor de su hijo, pero son contadas las mensualidades que su expareja le ha pagado. "Es muy difícil, yo lo estoy manteniendo sola y, cuando logro tener contacto con él, lo que me dice es que crea que está muerto. Todo es para quitarse la responsabilidad", detalló.
Por eso, cuando la Policía lo detuvo, ella sintió "un gran respiro" porque pensaba que así él se vería acorralado y le pagaría. Pero no.
"Cuando me di cuenta que lo habían soltado, sentí como que el mundo se me vino abajo. No entendía qué pasó. Tengo mucha rabia, porque se trata de los alimentos de mi hijo. Las autoridades jugaron con el bienestar de mi pequeño".
