EscucharCuando una persona debe pensión alimentaria sabe que debe cumplir con el pago. De lo contrario, se expone a ser detenido y permanecer hasta seis meses en prisión.
Hay casos, sin embargo, en los cuales las acciones contra los obligados alimentarios son producto de abusos o errores por parte de autoridades.
Uno, por ejemplo, fue detenido pese a había pagado por adelantado 15 meses de pensión, otro reclama que policías habrían realizado un allanamiento ilegal con tal de capturarlo.
Ambos casos fueron denunciados.
Eugenia Quesada, presidenta de la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (Fundiapho), catalogó como una "barbaridad" esos testimonios y aseguró que, como ellos, hay "miles de casos más".
De hecho, Quesada aseguró que sabe de hombres que fueron detenido porque les faltaron ¢4, ¢100 o ¢400 en la cuota de pensión alimentaria.
"Vale muy poco la libertad de un hombre cuando tiene apremio corporal. No se verifica con sumo cuidado cómo debe ser y eso los lleva hasta perder el trabajo porque los sacan esposados, aunque no deban un cinco.
"Los aumentos automáticos en pensiones no se notifican. Es decir, si en un semestre sube ¢1.000 o ¢2.000 y al deudor se le pasó revisar de cuánto fue el aumento semestral, lo apremian por esa ridiculez de monto", reprochó Quesada.
'Hicieron hasta un allanamiento ilegal para capturarme'
“Yo me encontraba dentro de mi casa con unos amigos gringos, cuando a eso de las 2:46 p. m. llegó una patrulla de la Fuerza Pública, se parqueó frente a mi casa y se bajaron dos oficiales.
“Llamaron a uno de mis amigos, quien salió de la casa. Los policías lo agarraron y lo pusieron contra la patrulla, todo esto en la calle. Empezaron a decirle que si era William y él decía que no, entonces lo obligaron a entregar su pasaporte”.
De esa manera William Hornquist comenzó la denuncia que interpuso el 7 de diciembre ante la Fiscalía de Garabito, Puntarenas, en contra de dos policías.
A ellos los señala por haber ingresado a su casa, sin tener ninguna orden de allanamiento y con el fin de detenerlo por deber la pensión alimentaria.
Esos hechos que Hornquist narra ocurrieron el 28 de noviembre en su vivienda, ubicada en un residencial privado en Punta Leona, Garabito, según se lee en la queja presentada. Para ese momento, él tenía tres meses de atraso en ese pago: debía $6.000.
El hombre, de 53 años, continuó: “Los oficiales decían que ya venía el OIJ (…) y que me iban a sacar (de la casa) a la fuerza, por lo que mis amigos se asustaron y me trataron de sacar. Decidí esconderme y fue, en ese momento, que los oficiales entraron a mi casa sin ninguna autorización y me esposaron”.
En la denuncia se estipula que Hornquist estuvo entre cuatro y cinco horas detenido. “Estuve ahí hasta que un amigo pagó el dinero correspondiente”.
La Fiscalía confirmó que la causa se tramita bajo el expediente 17-000535-0645-PE.
En entrevista con La Nación, Hornquist aseguró que se trató de un hecho atroz que "no debe ni puede repetirse con otro deudor".
"Hicieron hasta un allanamiento ilegal para capturarme; eso tiene que ser analizado y castigado", expresó.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública informó de que no hay ninguna denuncia administrativa por este caso.
'Me quisieron detener pese a que había pagado 15 meses por adelantado'
Paolo Padrone necesitaba salir de Costa Rica hacia Italia, pero, antes de poder hacerlo, debía cumplir con el pago adelantado de 12 mensualidades de la pensión alimentaria.
Según consta en una resolución del 2 de octubre del Juzgado de Pensiones Alimentarias de Heredia, Padrone pagó 15 mensualidades extra y, por ello, le concedieron el permiso de salida del país del 5 de octubre al 16 de noviembre del 2017.
No obstante, pese a que todo estaba en regla, Padrone se llevó una sorpresa nada agradable: el 26 de octubre, ese mismo Juzgado giró una orden de apremio corporal en su contra por adeudar un mes de pensión.
Padrone fue notificado y el temor por ser arrestado lo embargó. "Cuando me llegó eso, lo primero que hice fue esconderme. Tuve miedo de que me llevaran a la cárcel de forma injusta", indicó.
Luego, lo que hizo fue apersonarse al Juzgado de Pensiones Alimentarias de Heredia para pedir explicaciones por lo ocurrido.
"Les dije que yo había pagado meses por adelantado y que era inaceptable que hayan ordenado detenerme. Les pedí no solo que me levantaran esa orden, sino que aceptaran que había sido error de ellos, pero no lo hicieron así.
"No puedo creer me quisieron detener pese a que había pagado cuotas por adelantado", indicó.
En ese sentido, lo que ese Juzgado le explicó en una resolución, con fecha 27 de octubre, era que el giro de la garantía "procede para cubrir cuotas cuando el mismo se encuentra fuera del país, por lo cual el giro que ahora se hace lo es para salvaguardar su libertad".
Es decir, el Juzgado aseveró que Padrone debió solicitar al despacho que hiciera el rebajo correspondiente de la garantía depositada,
Asimismo, le aseguró que la emisión de la orden de apremio no había salido aún del despacho, por lo que la detención no se iba a realizar pronto. De todas maneras, enviaron una aclaración a la delegación de la Fuerza Pública para evitar una captura errónea.
En respuesta a una consulta de La Nación, el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Heredia insistió en que el depósito de garantía es de uso exclusivo para cuando el deudor esté fuera del país.
"El obligado debe solicitar y autorizar el rebajo respectivo sobre los montos existentes", señaló por medio de un correo electrónico
