Mayoría de pleitos ocurrió en San José; menor cantidad fue en Guanacaste

Por: Katherine Chaves R. 2 julio

En abril pasado, Fabián Humberto Cordero Chacón, de 19 años, departía con unos amigos en una calle, cerca de su casa en Alajuelita, San José.

Todos estaban disfrutando del momento; no obstante, por razones que aún no están claras, Cordero y otro joven del grupo comenzaron a discutir.

La pelea llegó a tal punto que su agresor sacó un cuchillo y se lo clavó en el tórax y en el brazo derecho. La puñalada del pecho terminó siendo mortal para Cordero, quien no tenía antecedentes policiales.

Un mes antes, en San Sebastián, otro joven también murió en medio de una riña. Orlando Murillo Chavarría, de 22 años, estaba en las afueras del antiguo Canal 7 cuando comenzó una discusión con otro sujeto por razones desconocidas.

Su rival sacó un arma blanca, lo hirió en un brazo y el muslo izquierdo y luego huyó del sitio. La muerte de Murillo, como la de Cordero, engrosaron la lista de personas fallecidas en una riña callejera, entre el 2011 y 2016 en el país.

Según datos brindados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en los últimos seis años hubo 656 muertes en estas circunstancias y, desde el 2013, se mantiene un leve pero constante aumento.

Esta información indica que la segunda causa de homicidios dolosos del país son las peleas callejeras.

La mayoría de esas personas murieron en San José (222), mientras que la provincia que registró menos fallecimientos por riñas fue Guanacaste (29).

Se intentó conocer qué tipo de arma (blanca o de fuego) fue utilizada en estos crímenes, cuál es el perfil de las víctimas y qué ocurre con esta problemática; sin embargo, Wálter Espinoza, director del OIJ, rechazó ofrecer alguna entrevista sobre dicho tema.

Más y más denuncias. Además de las cifras de muertes, las autoridades están preocupadas por el aumento en las denuncias por agresiones y lesiones.

La Policía Judicial indicó que, por ejemplo, en el 2011 se recibieron 1.247 quejas por agresiones, mientras que el año pasado ascendieron a 2.924 casos denunciados.

En cuanto al comportamiento de las denuncias por lesiones, también se percibe un leve pero constante incremento: en el 2014 fueron 1.323 quejas y para el año pasado subieron a 1.688.

De igual manera, se solicitó una entrevista con Espinoza para tener más detalles sobre esta situación y cómo se aborda por parte de las autoridades. Sin embargo, el jerarca indicó, por medio de la oficina de prensa, que tampoco se referirá a esta problemática.

El comportamiento - Movil
El comportamiento - Movil

¿Patentes en descontrol? María Fulmen, viceministra de Seguridad Pública, aseguró que una de las causas que podría provocar este fenómeno es el descontrol que hay con las patentes de venta de licor.

“No solo hay bares muy juntos, sino que tienen horarios muy extendidos. Muchos o algunos de esos comercios les venden licor hasta a los menores de edad. En las afueras, la gente suele comprar droga también. Cuando todos esos factores se suman, es casi imposible que no se dé un pleito entre la gente”, indicó la funcionaria.

A esa conclusión llegaron las autoridades luego de poner en marcha un plan piloto para combatir la delincuencia en 15 municipalidades, con ayuda de la Policía colombiana.

Ese programa consiste en probar un sistema tecnológico que se ha usado en Bogotá, Colombia, durante los últimos 20 años. La plataforma digital, llamada Análisis Integral en Seguridad Comunitaria (Aisec), permite hacer una evaluación de diferentes comunidades que dejan entrever los problemas que más las aquejan.

Como parte de los resultados preliminares, Fulmen indicó que destaca el “descontrol” con las patentes y lo difícil que es quitarlas a sus dueños.

“En este tema tenemos serios problemas. Por más que se les insista y se manden los partes policiales (donde se indica que el bar incumplió alguna regla) a las alcaldías, el proceso para quitar las patentes es cosa de nunca acabar.

”En algunos casos, los dueños pueden interponer hasta un recurso en el Tribunal Contencioso Administrativo para frenar el retiro de la patente y, mientras se resuelve, siguen operando”, lamentó la viceministra de Seguridad.

La Nación intentó localizar al alcalde de Montes de Oca, Marcel Soler, para hablar del tema, pero no fue posible.

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