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Guarda acusado de balearla se lanzó de puente

Suicidio deja impune agresión a cajera

Actualizado el 28 de febrero de 2015 a las 12:00 am

Fiscalía presentó acusación casi cinco años después de que sucedió la balacera

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Suicidio deja impune agresión a cajera

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Cuando parecía que finalmente afrontaría a la justicia por balear a una cajera bancaria en la terminal de buses Caribeños, entre San José y Tibás, un guarda de seguridad decidió acabar con su vida y dejó el caso en la impunidad.

El vigilante Gustavo Sojo Rojas, quien estaba acusado de tentativa de homicidio contra la empleada del Banco de Costa Rica (BCR) Karina Arroyo Campos, se suicidó el 20 de diciembre del año pasado al saltar del puente Los Anonos, en Escazú.

Los abogados de la joven, quien actualmente tiene 25 años, se enteraron de lo ocurrido el pasado 12 de febrero, cuando se presentaron a la audiencia preliminar.

Ayer, los juristas Juan Diego Castro, Grazy Calvo y Raquel Castellón reprocharon que la Fiscalía de Goicoechea presentara la acusación hasta el 24 de enero del año pasado, pese a que los hechos ocurrieron el 1.° de setiembre del 2009.

Castro enfatizó en que, si se hubiera realizado un proceso con mayor agilidad, quizá al imputado se le hubiera ordenado una atención médica oportuna pues era esquizofrénico.

Karina Arroyo Campos, de 25 años, manifestó  ayer que solo desea ‘cerrar este capítulo’, que comenzó hace más de cinco años, cuando el guarda del banco la agredió sin razón.   | GRACIELA SOLÍS
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Karina Arroyo Campos, de 25 años, manifestó ayer que solo desea ‘cerrar este capítulo’, que comenzó hace más de cinco años, cuando el guarda del banco la agredió sin razón. | GRACIELA SOLÍS

Asimismo, lamentó que, debido a estos atrasos, la ofendida tendrá que iniciar un nuevo proceso, en la vía civil, para reclamar una indemnización de alrededor de ¢46 millones a la compañía Asesores de Seguridad Roma S. A., para la cual laboraba Sojo.

El abogado resaltó que el guarda trabajaba para esa empresa pese a tener un historial médico por psiquiatría.

Los representantes de la afectada también informaron de que demandarán al Estado.

Sobre esto, el Ministerio Público comunicó ayer: “No existió ningún retraso negligente. Para la investigación preliminar no existe plazo establecido por ley; pero, además, la investigación requirió dictámenes técnicos de diverso tipo que justifican el tiempo que dilató su instrucción”.

Ataque. La agresión contra la joven ocurrió cuando ella ingresaba a la sucursal bancaria y el guarda le disparó. La muchacha sufrió lesiones en el abdomen y una pierna, por lo cual estuvo incapacitada durante ocho meses.

Ayer, en la oficina de sus abogados, afirmó que solo desea cerrar “este capítulo”. “Es demasiado tiempo”, expresó.

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