El Juzgado Penal de Turrialba dictó dos meses de prisión preventiva contra una mujer de 41 años, sospechosa de asfixiar a su tercer hijo al momento de nacer, en junio del 2016.
Los jueces acogieron la tarde de este miércoles la petición de la Fiscalía de ese cantón cartaginés, en una audiencia que finalizó poco después de la 1 p. m.
La autopsia realizada al recién nacido dio como resultado muerte por asfixia y la principal sospechosa es su madre, de apellidos Calvo Obando.
La investigación del Ministerio Público deja ver que, luego de practicarse un legrado (raspado del útero) en el centro médico, el día del hallazgo, Calvo habría confesado a los médicos que el bebé nació muerto y que lo tiró al patio.
Las pruebas con un químico llamado luminol, que permite a la Policía detectar rastros invisibles de sangre, revelaron trazas en el cuarto de pilas.
La casa donde ocurrió el infanticidio queda al costado este de la plaza pública de Turrialba. Calvo vive en ella con su esposo, un ebanista pensionado contra quien la Fiscalía no pudo acreditar culpabilidad en el homicidio.
La pareja vivía en la misma casa, pero en cuartos separados y, aunque el menor tenía nueve meses al nacer, la madre es de contextura gruesa y eso pudo haber ayudado a disimular el embarazo.
Durante los nueve meses de embarazo la mujer no acudió a citas de control.
Los fiscales estiman que la sospechosa intentó ocultar a su esposo la existencia del bebé, por ser hijo de otro hombre. Eso la llevó a acabar con el recién nacido.
La Fiscalía solo pidió dos meses de prisión preventiva debido a que, en el mismo acto de solicitud de prisión contra la mujer, presentó la acusación formal y la solicitud de apertura de juicio contra la sospechosa.
"Como teníamos el expediente listo y las pruebas bien fundamentadas, se hizo la acusación de una vez y el Juzgado podrá llamar a la audiencia en un plazo corto", dijo el fiscal.
Ahora, el Juzgado deberá señalar la fecha para llevar a cabo la audiencia preliminar, en la cual se definirá si el caso se eleva o si la mujer prefiere acogerse a un proceso abreviado, explicó el fiscal Adrián Coto.
Durante la audiencia de este miércoles la mujer no presentó señales de arrepentimiento. "La actitud era la misma que mostraba cuando recogimos el cuerpo, como si nada", puntualizó el fiscal.
La mujer se expone a una pena que va de los 20 a los 35 años de cárcel, pena que podría atenuar si admite los cargos y se acoge a un proceso abreviado.