EscucharLimón. Los limonenses menores de 18 años se convirtieron en presas codiciadas para las organizaciones criminales.
Los reclutan porque son fáciles de conquistar por su situación de vulnerabilidad. Si son capturados, la ley penal que regula a los menores de edad les da algunas ventajas sobre los mayores.
A esta conclusión llegan el ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero, y la fiscala penal juvenil de Limón, Suhelen Brenes.
Según Zamora, la incorporación de menores en las bandas delictivas se da a cambio de armas y droga. Esta es la forma en que operan dos tipos de organizaciones.
Primero, aquellos dedicados al tráfico de drogas que importan marihuana desde Jamaica para venderla en el Valle Central y usan armas para ejercer control sobre las rutas.
En un segundo nivel, añadió el jerarca, están las organizaciones dedicadas a la delincuencia común que usan las armas para cometer asaltos.
En el 2012, la Fiscalía Penal Juvenil de Limón y Pococí tramitaron 81 casos de portación ilícita de arma. La estadística no distingue entre armas de fuego y punzocortantes.
Las autoridades judiciales estiman que los asuntos que no llegan a su conocimiento podrían triplicar la cifra.
Según el Censo 2011, del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en la provincia de Limón hay 49.000 menores entre 12 y 17 años, lo cual significa que se dio un caso por cada 608.
En San José la cifra es de un caso por cada 1.018.
Condición vulnerable. Otra estrategia de las organizaciones es poner a los muchachos en una situación de total vulnerabilidad.
“Una vez que los grupos criminales vuelven a los menores adictos los empiezan a usar como peones de trabajo a cambio de droga”, manifestó Mario Zamora.
“Hay relación directa entre la edad en la que se consume droga por primera vez y la edad en la que se empieza a delinquir”, añadió.
Para Suhelen Brenes, fiscala penal juvenil de Limón, las organizaciones criminales buscan menores pensando en que el proceso judicial es más complejo y que las penas pueden resultar menores.
Esto porque la Ley de Justicia Penal Juvenil establece penas máximas de 10 años de internamiento en centros especializados para muchachos entre los 12 y los 15 años; y de 15 años para los jóvenes con edades entre los 15 y los 18 años.
“En Batán había un grupo de adultos que le daban las armas a los menores para que cometieran delitos y hasta para que tomaran venganza contra terceros”, relató.
“Los grupos de mayores los buscan para que ayuden a llevar droga o los usan de custodios”, dijo.
Luis Ling, coordinador de la Defensa Pública de Limón y con siete años de experiencia en la zona, estimó que no solo el narcotráfico arma a los jóvenes limonenses. En su criterio, es “muy aventurado” generalizar.
“Hay muchos sectores que históricamente han sido problemáticos. Entonces (los menores) ven a los adultos que suelen portar armas... Es como un inconsciente colectivo de que tengo que estar armado”, añadió Ling.
Omar Jiménez, fiscal penal juvenil adjunto y quien laboró por varios años en Limón coincide en que hay muchos factores.
“Es una provincia muy pobre, hay una gran disparidad en el reparto de las riquezas. La gente que tiene plata, tiene mucha y la gente que no tiene, no tiene nada. Los medios y los recursos del Estado están muy disminuidos”, dijo Jiménez.
Según la Encuesta Nacional de Hogares 2013, en la región Huetar Atlántica, donde está Limón, el 27,1% de los hogares vive en condición de pobreza y el 10% de los hogares en pobreza extrema.
