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Un hombre de apellidos Manzanares Pizarro, capitán de la embarcación Indio IV, detenida el sábado con dos toneladas de cocaína, venía siendo investigado por al menos un trasiego de drogas en aguas del Pacífico nacional.
Este sospechoso, auxiliar de mecánica y vecino de El Roble de Puntarenas, era el presunto propietario de la lancha Navegante I , capturada el 20 de setiembre en el Pacífico panameño con 621 kilos de cocaína y 34 de heroína.
En ese navío viajaban cuatro pescadores artesanales de apellidos Mendoza Aguirre, Rosales García, Mendoza Aguirre y Bolaños Aguirre. Sus familiares aseguraron en esa ocasión que fue Manzanares quien los contrató para realizar labores de pesca.
Manzanares no fue detenido en aquel momento porque las autoridades carecían de pruebas contundentes para vincularlo con la carga de droga decomisada en la Navegante I.
Sin embargo, el sujeto, de 34 años, era vigilado por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), del Ministerio de Seguridad Pública y el OIJ.
El Navegante I, matrícula 4028-TQ, apareció registrado en Incopesca y en el Registro Nacional a nombre del pescador Sixto Zapata Pizarro, vecino de Quepos.
Al ser entrevistado por la Policía aseguró haber vendido la embarcación cuatro meses antes a Manzanares, versión que ratificó, en declaraciones hechas por teléfono a La Nación, el 22 de setiembre.
“Yo no tengo nada que ver con ese barco; lo vendí hace tiempo y tengo los documentos para demostrarlo”, insistió en esa ocasión.
Manzanares fue detenido, junto con dos pescadores más, la madrugada del sábado anterior, a bordo del Indio IV a unas 100 millas de playa Flamingo, en el Pacífico.
Ocultaban los 2.000 kilos de cocaína en las neveras.
Sus compañeros de viaje son de apellidos, Venegas Villegas, de 28 años; oriundo de Quepos de Aguirre, y Rueda Gutiérrez, de 40.
Venegas, de acuerdo con informes policiales, trabajó durante varios años en siete distintas empresas de seguridad privada.
Un año de prisión. La Fiscalía de Narcotráfico solicitó contra ellos un año de prisión preventiva, solicitud que, avanzada la tarde de ayer, no había sido resuelta.
Los tres se abstuvieron de declarar durante la indagatoria.
Todos son representados por el abogado puntarenense, Cristian Nole, quien les propuso aceptar “un proceso abreviado”, es decir, aceptar los cargos y optar por una condena máxima de ocho años de prisión.
“Si se van a juicio estarían de dos a tres años con prisión preventiva. De aceptar el proceso abreviado, empezarían a descontar la pena de una vez”, afirmó.
