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El Juzgado Penal de Goicoechea acogió la solicitud de la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José y dictó tres meses de internamiento en el Hospital Psiquiátrico como medida cautelar contra los padres de cuatro niños que fueron declarados en abandono.
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) recibió la denuncia anónima por lo que funcionarios del departamento de Atención Inmediata, se presentaron en la vivienda de Amador y pidieron ver a los menores y las condiciones en las que se encontraban.
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Amador indicó que no podían verlos, por lo que el PANI interpuso la denuncia que culminó con el allanamiento.
La noche del pasado martes personal del PANI, la Fuerza Pública y autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron la vivienda en Guadalupe, luego de una denuncia anónima sobre el maltrato a los cuatro menores.
El jueves en horas de la tarde los sospechosos fueron indagados, luego de que se les practicara una serie de exámenes en el Departamento de Psiquiatría Forense con los que se determinó que ambos presentan problemas psiquiátricos, según confirmó la oficina de prensa de la Fiscalía.
Se trata de un hombre de apellidos Amador Cedeño y una mujer de apellidos Salazar Marín, padres de los cuatro menores.
La gerente técnica del PANI, Patricia Hernández, informó este viernes, que ayer se sometió a los pequeños a una valoración médica más profunda con radiografías, exámenes generales, valoración psicológica y valoración psiquiátrica, cuyos resultados aún no han recibido.
Añadió que a nivel general los menores están bien, pero hay que esperar los resultados.
Según Hernández, por el momento no han tenido contacto con familiares de los menores.
El protocolo establece un proceso de 15 días de adaptación por parte de los menores en el albergue antes de que los padres puedan tener algún contacto con ellos.
Después de ese tiempo -si se estimara viable- se podría permitir una visita supervisada por un psicólogo, para ver el desempeño de los menores y sus padres en esa visita.
Lo anterior, porque los niños están bajo un proceso especial de protección que puede durar seis meses y tiene la posibilidad de prórroga, previa solicitud a las autoridades judiciales.
"Si luego de ese proceso vemos que las circunstancias son adversas para que los menores retornen con sus padres, el proceso judicial se da por terminado y se termina la relación de autoridad parental", dijo Hernández.
Se trata de un caso extremo en el que surge la declaratoria de abandono.
De momento los niños están juntos en un albergue, ya que no es conveniente separarlos porque son quienes tenían contacto entre sí.
"La condición de descuido por parte de los padres está tipificada como un delito. El hecho de que los niños que estaban en edad escolar no asistieran a clases y el aparente retardo por la condición de encierro ya constituyen negligencia o abuso por omisión", dijo Hernández.
Hizo un llamado a la población para denunciar al 911 cuando vean casos como el que se investiga. Sostuvo que el tiempo marca la diferencia para salvar la vida de los niños, por lo que ante casos de esta naturaleza los vecinos no deben dudar en denunciarlo.
