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La Fiscalía de San Carlos allanó ayer los departamentos de Proveeduría, Unidad Técnica, Tesorería, Legal y Auditoría Interna de la municipalidad local como parte de una investigación para determinar si se adjudicaron, de forma irregular, unas 16 licitaciones abreviadas y compras directas.
Las licitaciones –por alrededor de ¢60 millones– están relacionadas con la extracción de materiales de río para construir y reparar caminos vecinales. Estas fueron adjudicadas entre noviembre del 2007 y abril del 2010 a la empresa de un hombre apellidado Campos, padre de la entonces coordinadora de la Proveeduría municipal.
La funcionaria dimitió del cargo en mayo, pocos después de que Marcela Céspedes y Carlos Corella, presidenta y vicepresidente municipales, respectivamente, pidieran una investigación.
El fiscal Gustavo Rojas dijo que se sigue una causa contra ignorado por el delito de legislación en provecho propio, cuyo castigo es de entre uno y ocho años de cárcel.
Los regidores hicieron la denuncia tras descubrir que maquinaria de la empresa de Campos realizaba obras que se habían licitado.
