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El capitán de la embarcación pesquera llamada Hung Chi Fu XII, que descargaba tiburones sin aletas en el muelle de barrio El Carmen, Puntarenas, el 2 de marzo, fue condenado a pagar ¢34 millones.
Roberto Sobrado, presidente del Tribunal de Flagrancia de Puntarenas, dictó la sentencia ayer en la noche, tras determinar que el capitán, Tsai Yu, de nacionalidad taiwanesa, infringió la Ley de Pesca y Acuicultura, que prohíbe el transporte, posesión y descarga de aletas de tiburón.
El Tribunal impuso el pago de 60 salarios base –¢18 millones– por daño ambiental, así como ¢16 millones por el valor del producto decomisado.
Los fiscales Jorge Porras y Luis Martínez Zúñiga habían solicitado el martes un año de prisión, pero los jueces no otorgaron la medida por una disposición de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, llamada Montego Bay, que libra a los extranjeros de ir a prisión en estos casos.
Yu fue capturado por la Fiscalía luego de que detuvieran el navío, con bandera de Belice, el mismo día se descargaron 18.000 kilos de cuerpo de tiburón (llamado vástago) y 2.000 kilos de aletas de las bodegas del barco.
El capitán taiwanés descontó prisión preventiva desde esa fecha en Puntarenas.
Los fiscales habían basado su petitoria en el artículo 139 de la Ley de Pesca, que establece: “Se impondrá pena de seis meses a dos años de prisión, a quien permita, ordene o autorice la descarga de aletas de tiburón, sin el respectivo cuerpo o vástago, en los sitios donde se descargue dicho recurso, con la finalidad de vender o comercializar dichas aletas”.
Además, del artículo 150 inciso a), que permite imponer una multa de cinco a quince salarios base a quien posea, almacene, cultive, transporte, comercialice o industrialice, en forma ilegal, productos de flora y fauna acuáticos.
El Tribunal de Flagrancia tomó la medida 24 horas después de que finalizara la etapa de conclusiones, el martes en la noche.
En el debate también estuvo presente el abogado del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), Heiner Méndez.
El funcionario manifestó: “Los jueces dieron por confirmado que hubo un daño ambiental. La embarcación no se decomisó y quedó a la orden de Guardacostas porque no se notificó al dueño”.
“Reporté todo lo que había pescado antes de entrar a los mares de Costa Rica para que Incopesca realizara el papeleo para las gestiones, y que después de que atracara, inspeccionaran el barco”, dijo.
Además, agregó que él no podía autorizar la descarga si no hay ningún visto bueno de Incopesca.
El capitán señaló que él sabía que en nuestro país se aprovechan al máximo los recursos marinos, por eso ordenó a los tripulantes que las aletas tenían que venir pegadas al tiburón. “Cuando los papeles ya estaban listos, los tiburones venían con sus aletas adheridas y no estaban desprendidas”, expresó.
