Los costarricenses hemos tomado conciencia, en los últimos meses, del abuso y desperdicio en el gasto público. No es para menos. El Reporte de Competitividad Global 2015-2016, del Foro Económico Mundial, encontró que el principal obstáculo a la conducción de los negocios en Costa Rica es la ineficiencia de la burocracia gubernamental.
La alta carga fiscal y el peso de las regulaciones también figuraron entre los seis principales factores que más problemas presentan para los negocios.
A raíz de una invitación de Estudiantes por la Libertad, me di a la tarea de recopilar algunos datos que nos permiten determinar qué tan pesada es la carga del Estado costarricense sobre los hombros de la ciudadanía.
Empleo público. Según la Encuesta Nacional de Hogares 2013, del total de ocupados en el país, el 15,1% laboraba en el sector público. Comparando con países de la OCDE, estamos en un rango similar a Australia, Italia y la República Checa; por debajo de los países nórdicos, Gran Bretaña y Bélgica; y por encima de Nueva Zelanda y Chile. Japón y Corea se encuentran bastante por debajo del 10%.
Gasto público. Existe un serio desfase entre el peso del empleo público y lo que gasta el aparato estatal. Solo el Gobierno Central demandó un 19,97% de la producción nacional (PIB) en el 2014. Para el 2015, el presupuesto del sector público total, que incluye instituciones autónomas, empresas públicas y municipalidades, representó el 77% del PIB.
Aun eliminando las transferencias que hace el Gobierno Central a otras instituciones (para evitar la doble contabilización), el presupuesto total del sector público en el presente año representó casi dos terceras partes del PIB, lo cual sigue siendo un despropósito. El fardo sobre los hombros del sector privado, el verdadero generador de empleo y riqueza en una economía, es muy pesado.
Carga tributaria. Siguiendo la metodología de la OCDE, que incluye las contribuciones a la seguridad social en el cálculo, la recaudación tributaria de Costa Rica fue del 22,4% del PIB en el 2013. Esto superó levemente el promedio latinoamericano (21,3%), aunque fue significativamente menor al promedio de los países miembros de dicha organización, en su mayoría desarrollados.
Costa Rica ocupó el sexto lugar de Latinoamérica y el Caribe, superada solo por dos de las economías más atribuladas de la región (Brasil, con una carga tributaria del 35,7%, y Argentina, con un 31,2%), y superando a dos de las economías más dinámicas, como lo fueron Chile (20,2%) y Colombia (20,1%).
Hay otra forma de medir la carga tributaria, que nos brinda un mejor panorama del impacto de los impuestos en la conducción de negocios en el país.
Según el reporte Haciendo Negocios 2015, del Banco Mundial, los impuestos representan el 58% de las utilidades de una empresa mediana en Costa Rica, mientras que en Noruega están en el orden de 40,7%; en Panamá, 37,2%; y en Chile, 27,9%. El Reporte de Competitividad Global nos ubica en el puesto 121 (entre 140 naciones evaluadas) en la medición de la carga tributaria.
La sumatoria del tamaño del aparato estatal más la falta de competitividad de nuestra economía –producto de la inopia estatal para resolver los problemas de infraestructura, seguridad y regulación excesiva– definitivamente es un pesado fardo para las empresas.
Estructura organizacional del Estado. En Costa Rica tenemos 23 ministros, con una población de 4,8 millones de habitantes. Otros países de tamaño comparable se las arreglan con menos: Suiza, con 8,1 millones de habitantes, tiene 7 ministros, y Noruega, con 5,1 millones, cuenta con 18.
Países mucho más grandes que el nuestro se gobiernan con estructuras más sencillas. Francia, madre de todas las ideas estatistas en democracia, cuenta con 66 millones de habitantes y 16 ministros, los mismos que Argentina –no precisamente un ejemplo de buena gobernanza– con una población de 42 millones.
Si bien no existe una regla que nos diga cuántos ministros es eficiente tener por millón de habitantes, de la comparación resulta evidente que existen mejores formas de organizarse que la costarricense.
No olvidemos que tenemos 326 entidades gubernamentales de todo tipo, y alrededor de 45 programas de lucha contra la pobreza. Pero como ya sabemos, la pobreza en Costa Rica no ha disminuido en más de 20 años. Evidentemente, la burocracia excesiva no resuelve el problema.
Monopolios y cuasimonopolios. Otra forma de medir el impacto del Estado es fijándonos en su presencia y ubicuidad en las actividades ordinarias de las personas.
El Estado tiene prácticamente monopolizada la producción de energía en Costa Rica, tanto electricidad como combustibles. Los consumidores no tenemos otra alternativa.
El mercado de seguros, en competencia desde el 2010, presenta todavía una altísima concentración en manos del INS. Se estima que su participación global en el mercado supera el 80%, aunque varía por tipo de cobertura. Prevalecen aún ciertas prácticas favorecedoras del antiguo monopolio estatal, como cuando los bancos del Estado obligan a sus clientes a asegurar con el INS los bienes que otorgan en garantía por un crédito.
La banca es otro de esos negocios donde, a pesar de que existe competencia desde hace más de 25 años, la concentración en manos de las entidades estatales es asfixiante.
Según cálculos basados en datos de la Sugef, a diciembre del 2012, la banca privada tenía apenas un 35,4% de los activos del Sistema Financiero Bancario. Por ello, cuando recientemente el gobierno quiso forzar una reducción en las tasas de interés, sus representantes se reunieron con la dirigencia del Banco Nacional, por mucho el más grande del país y el de mayor peso en el cálculo de la tasa básica pasiva.
El ICE mantiene alrededor de un 60% del mercado de las telecomunicaciones, en telefonía celular, y aun así la Sutel no da el paso para abrir la competencia a nuevos participantes.
Tenemos, entonces, que en cuatro áreas cruciales para el crecimiento económico –energía, seguros, crédito y telecomunicaciones– para los consumidores las opciones están restringidas, y las fuerzas de mercado no pueden desplegar toda su energía transformadora y dinamizadora para beneficio de la población. En el balance, el peso del Estado parece ser excesivo de acuerdo con cuatro de los cinco parámetros utilizados.
Para potenciar la competitividad de la economía, es necesario que el Estado se concentre en mejorar aquellas áreas donde ha fallado miserablemente –infraestructura, seguridad, ambiente de negocios– y otras donde su involucramiento es natural o donde la mayoría de la sociedad costarricense está de acuerdo con que juegue un papel importante, como educación, salud y justicia.
Debe, además, fomentar las alianzas público-privadas en áreas como construcción y operación de infraestructuras productivas, escuelas y hospitales, y abrir más espacios para el florecimiento del sector privado.
El autor es economista.