No hay mayor mentira que la verdad mal entendida. El diario La Nación en sus ediciones del 24 y 25 de febrero dedica dos portadas, diversas notas y un editorial, que contienen importantes errores sobre la participación de los directores del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) en algunas de sus empresas subsidiarias; publicaciones que en el fondo lo que logran es afectar la reputación de la banca pública.
No solo en el BNCR, sino en todo el Sistema Bancario Nacional (situación que soslaya La Nación ) históricamente dichas juntas de las empresas subsidiarias han sido integradas por representantes de su matriz; en ocasiones por más, en otras por menos cantidad de sus directores. Adicionalmente, desde su origen, para poder integrarlas es requisito contar con la autorización previa de la Contraloría General de la República. Ese órgano contralor, al amparo de la ley, de forma sostenida ha otorgado la autorización para integrar hasta cinco juntas y tres comités. Ese límite no lo establecimos nosotros.
Del mismo modo, la Procuraduría General de la República, desde vieja data, ha considerado legalmente procedente la participación de los directores bancarios en sus empresas subsidiarias. Así, prestigiosos empresarios, profesionales y funcionarios públicos han integrado legalmente dichas subsidiarias desde su fundación, por lo que extraña que ahora La Nación lo revele como una novedad de portada.
La verdad del error sobre el fundamento de la decisión. La decisión ejecutada por la mayoría de la Junta Directiva del BNCR no es un “autonombramiento”, sino que responde, en primer lugar, a los objetivos estratégicos establecidos en el último Plan Estratégico de la institución, elaborado de la mano de toda la organización y de la prestigiosa consultora estratégica global McKinsey & Company. Ese Plan Estratégico ordena realizar una operación más alineada e integrada entre la matriz y sus subsidiarias, ya que en el pasado la mayor crítica al BNCR era, precisamente, que el conglomerado funcionaba como islas y no como un negocio corporativo. Lo anterior en protección de los más altos intereses públicos.
Adicionalmente, la decisión se sustenta en las mejores prácticas internacionales en la materia, recomendadas por prestigiosas organizaciones como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Ambos organismos recomiendan una mayor integración de los directores en todos los asuntos de un conglomerado financiero, precisamente, con el objetivo de proteger a sus accionistas; en nuestro caso, para proteger los intereses del Estado propietario.
En la misma dirección se pronuncia la normativa vigente por medio del Reglamento de Gobierno Corporativo, Acuerdo 16-09, de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), como en el nuevo proyecto de reglamento actualmente en consulta.
En síntesis, a través de los años, la participación de los directores de los bancos en las juntas de las subsidiarias es una práctica normal –afirmado así por el propio superintendente general de entidades financieras a La Nación –que se encuentra legalmente sustentada y técnicamente recomendada por la más sana práctica del gobierno corporativo, con el objetivo exclusivo de lograr una supervisión y vinculación integral del conglomerado.
La verdad del error sobre “el acomodo” de horario de sesiones. Una mayor investigación le hubiese permitido a La Nación verificar que todos los años, en forma ordinaria, el BNCR acuerda en las sesiones de los primeros días del mes de enero el cronograma de sesiones que estará en vigor durante el resto del año para las sesiones, tanto de la Junta Directiva del Banco Nacional como del resto de las subsidiaras. Este año no fue la excepción y no se hizo para perseguir los nocivos intereses que insinúa el medio. Ello es así ya que mayoritariamente lo que se hizo fue renovar los nombramientos que ya estaban vigentes, de modo que no encontramos la novedad que justifique el énfasis del medio.
Cada sesión de las juntas directivas requiere de un gran esfuerzo, traslado de recursos, personas y, además, de la participación de la parte gerencial. En la nueva planificación se procuró optimizar y concentrar las sesiones en el menor espacio de días posible. Anteriormente, había sesiones los lunes, martes, miércoles y jueves, lo que implicaba una grave desatención de la parte gerencial a las actividades propias del negocio. Lo anterior se hizo exclusivamente con el objeto de buscar la eficiencia y de que la gestión de la subsidiaria sea mejor supervisada y que se garantice el alineamiento de esa gestión con los objetivos estratégicos del BNCR. Así lo haría cualquier empresa responsable, especialmente cuando se trata de empresas públicas.
La verdad del error sobre las dietas. Los reportajes de La Nación afirman que de ratificarse los nombramientos por parte de la Junta Directiva del BNCR cada director percibirá dietas por acudir a las Juntas Directivas de sus subsidiarias. La verdad es, en primer lugar, que ese es un acuerdo que no debe ratificarse, ya que se encuentra firme. En segundo término, no es nuestra Junta Directiva la que tiene la competencia legal para autorizar en cuales órganos colegiados se percibe o no dieta. Esa es una atribución exclusiva de la CGR, y de no avalarlo nuestra participación lo es sin devengar recurso alguno. Así lo hacemos ya en varios comités del conglomerado, tales como Cumplimiento, Auditoría, Tecnología, Riesgo, etc.; cuerpos colegiados que implican semanalmente muchas horas de trabajo sin remuneración alguna.
La verdad de los errores contenidos en el editorial. La Nación afirma que mediante los acuerdos tomados se está desmejorando la supervisión de las respectivas subsidiarias. Por el contrario, la verdad es que el sano objetivo procurado es que los directores del BNCR asuman la tarea de velar efectivamente porque la gestión de la subsidiaria se adecue a sus planes estratégicos, de manera que el Estado costarricense accionista, nuestros funcionarios, clientes y proveedores, reciban el mejor servicio al mejor costo posible. Para lograrlo, no hemos incurrido en ninguna práctica prohibida. El mismo editorialista afirma que “corresponde a la Junta Directiva del Banco Nacional, en primera instancia, velar por el desempeño de sus subsidiarias”. Esa es, precisamente, la razón de fondo de la decisión de la Junta Directiva del Banco Nacional que, en forma incoherente con su propia proposición antes citada, el editorialista en otra parte considera inapropiada e indebida.
La verdad sobre la posición de algunos directores. La Nación afirma que dos directores, Víctor Ramírez y Jeannette Ruiz, identificaron los problemas con claridad y “se han opuesto a los nombramientos”. Evidentemente, la información que le han suministrado es incompleta. La verdad es que el señor Ramírez aceptó el nombramiento y es actualmente vicepresidente de la Junta Directiva de la operadora de pensiones del Conglomerado, devengando dieta por esa labor. Peor aún, el Sr. Ramírez falta con mucha frecuencia a atender el cargo que el Consejo de Gobierno le asignó en la Junta General del BNCR. Ha asistido solo a dos sesiones entre diciembre del 2015 y febrero del 2016.
El editorialista puede explorar entre las largas actas sobre “la claridad” de sus aportes para el desarrollo del conglomerado. Podría descubrir que son mayores sus apariciones ante las cámaras y micrófonos que en la sala de trabajo donde se labora por el bienestar de la empresa estatal, especialmente a partir del momento en que no se consideró su nombre para la presidencia de la entidad. Ello dista de las largas horas de estudio, deliberación y decisiones de quienes asumimos con responsabilidad la tarea de dirigir el rumbo del BNCR, incluidas largas jornadas en comités en los que no se devenga dieta alguna.
Entre tanto, la directora Ruiz, quien ahora reniega de los nombramientos de directivos en las subsidiarias, contradictoriamente a su pose devenga dietas por presidir la operadora de pensiones y por ejercer como vicepresidenta en la corredora de seguros. Además, votó favorablemente el acuerdo que asignó a los directores la responsabilidad de participar en las sociedades; asimismo, votó los acuerdos en los que se establecieron los horarios de sesiones que ahora La Nación denomina como “acomodados”. Sin embargo, a pocas horas de la publicación de los reportajes de este diario, precipitadamente renunció a la dirección de BN Valores y asumió una posición crítica contra lo que ella misma había aprobado. No creemos que esa sea la ética que defiende el editorialista.
Quienes suscribimos, al igual que la mayoría de las personas que nos han antecedido en el cargo, somos profesionales con experiencia en el campo directivo en el sistema financiero, empresarial, legal y académico. Nos asiste el conocimiento acumulado por años, la honorabilidad, la fuerza de la ley y el compromiso con una de las instituciones emblema del país.
Somos defensores del escrutinio público y la obligada rendición de cuentas, pero también exigimos un análisis completo del contexto, incluidas otras aristas, entre ellas, el acto más cuestionable que una persona pueda cometer: aceptar un cargo público para el que no se tiene formación alguna.
Ana Isabel Solano, Víctor Hugo Carranza, Luis Pal Hëgedus, Jorge Méndez Zamora
Directores BNCR
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