La vara de la UCR

Ese fue el caso del cobro indebido a los estudiantes de dos posgrados de Odontología quienes fueron obligados a pagar una cuota “voluntaria” de $3.500 por semestre ($14.000 en dos años) para llevar cursos que no eran requisito para la especialidad, pero sí imperativos si deseaban graduarse.

Cuando el Consejo Universitario, máxima autoridad de la UCR, conoció una moción para analizar las denuncias de los estudiantes y el cobro, cinco miembros, entre ellos el rector, Henning Jensen, y la directora del Consejo, Yamileth Angulo, se opusieron. Otros seis integrantes, molestos por esa negativa, rompieron el cuórum. Tuvo que ser a la fuerza, presionados porque el caso indignó al Sindicato de Empleados de la Universidad (Sindeu) y ocupó páginas en este diario, que el Consejo escuchó a los estudiantes.

A ellos, según la Defensoría Estudiantil, aparte de la matrícula regular, se les conminó a pagar la cuota de $3.000 o $3.500 por semestre fijada sin estudios técnicos. Es más, a quien se atrasara en cancelarla, se le cargaba un 20% por morosidad: ¡$600 o $700!

El Decanato del Sistema de Estudios de Posgrado advirtió que no dio “ningún aval para que se realice un cobro paralelo”, consignó el informe de la investigación por denuncia anónima que hizo la Contraloría Universitaria el 14 de diciembre. Aun con ese reporte de diciembre en mano, el Consejo rechazaba el 30 de marzo profundizar en la injusticia.

Importaba poco conocer el testimonio de una odontóloga que dice que la sacaron del posgrado porque no hizo el pago o la versión de otros compañeros que debieron pedir prestado para abonar la injusta cuota. Ante esos atropellos, el Consejo ha actuado con tranquilidad, pese a que la Contraloría le pidió en diciembre procurar medidas que garanticen la “transparencia” en posgrados e identificar “responsabilidades administrativas” por los cobros. Definitivamente, la vara se les quedó cortísima para cuestionar hacia dentro.

El autor es periodista, jefe de Redacción en La Nación.