LONDRES – Este año ha habido dos imágenes trágicas e inquietantes: verdugos islámicos encapuchados apretando cuchillos contra el cuello de víctimas inocentes, y trabajadores médicos enmascarados luchando cuesta arriba y con bravura contra un brote de Ébola, para el que el mundo no estaba preparado, pero el legado duradero de este año será un desastre aún más extenso, para cuya recuperación harán falta años, si no decenios: casi dos millones de niños recién desplazados y atrapados en las zonas de conflicto a través del Irak, Siria, Gaza, la República Centroafricana y otras partes.
Esos niños han engrosado las filas de los 25 millones de menores desplazados, número equivalente a la población de un país europeo de tamaño medio y el mayor en los setenta años transcurridos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes de niños refugiados, vulnerables y desolados –y que, probablemente, permanecerán desplazados durante un decenio o más–, han llegado a ser tan comunes, que el mundo parece incapaz de comprender lo que está viendo.
Pero la grave situación de los niños refugiados es solo una razón por la que es necesario un nuevo planteamiento de los derechos de los niños. Este año, se calcula que unos 15 millones de niñas en edad escolar pasarán a ser niñas-esposas, obligadas por la fuerza a casarse contra su voluntad. Unos 14 millones de niños y niñas menores de 14 años de edad son trabajadores infantiles, muchos de ellos obligados a trabajar en las condiciones más peligrosas, y 32 millones de niñas se ven privadas del derecho fundamental de asistir a la escuela, por la discriminación sexual, unas 500.000 de ellas son víctimas de la trata de blancas todos los años.
En el decenio de 1950, la lucha contra el colonialismo dominó la política mundial. En los decenios de 1960, 1970 y 1980, se libraron grandes batallas en pro de los derechos civiles y contra la discriminación racial y el apartheid , seguidas de luchas para hacer avanzar en los derechos de los impedidos y las minorías sexuales. La misión de nuestra generación es la de abordar las tareas inacabadas del movimiento en pro de los derechos civiles, poniendo fin a la explotación de los niños, en particular las niñas, y garantizando la educación universal obligatoria.
Para conmemorar el 25 aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, yo, junto con el premio nobel de la paz de este año, Kailash Satyarthi, y el director del Instituto de Desarrollo de Ultramar, del Reino Unido, Kevin Watkins, voy a pedir a la comunidad mundial que ofrezca apoyo práctico a la incipiente lucha en pro de los derechos civiles de los jóvenes. Podemos hacer más para poner fin al trabajo infantil, el matrimonio infantil, la trata de niños y la discriminación de las niñas, no solo exigiendo la observancia idónea de las legislaciones locales, sino también creando un nuevo tribunal internacional en pro de los niños, reforzado con un sistema creíble de presentación de informes y de sanciones.
Las violaciones de los derechos de los niños son tan desenfrenadas en la actualidad, que no hay, sencillamente, otra opción. De hecho, aunque ningún tratado de derechos humamos ha sido más ratificado que la Convención sobre los Derechos del Niño, que impone a los Gobiernos la obligación de informar sobre su cumplimiento cada cinco años, su labor carece de los recursos y la observancia suficientes. Solo uno de cada siete países presenta informes sobre el cumplimiento a tiempo, y una tercera parte de ellos no lo han presentado ni siquiera un año después. Entre tanto, las oficinas que tramitan la información, que cuentan con una financiación muy insuficiente, llevan un retraso de dos años.
Otra iniciativa prometedora, el “protocolo opcional sobre las comunicaciones”, encaminado a permitir por primera vez que los niños y sus abogados presenten denuncias ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha resultado debilitada de forma similar por la falta de apoyo, autoridad y recursos sólidos. De hecho, solo 14 países han ratificado el protocolo desde que se acordó en el 2011.
Además, los Estados no están obligados legalmente a cambiar las políticas y las legislaciones de las que se considere que violan sus obligaciones internacionales para con los derechos humanos, y la escasez de recursos para la investigación ha propiciado que se insistiera en la legislación problemática, en lugar de en la cuestión más amplia de la insuficiente observancia de las leyes que fomentan la aplicación de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Así, pues, hay razones para la creación de un tribunal internacional en pro de los niños, pero también para que se les conceda a ellos y a sus representantes el derecho de petición al respecto. Semejante tribunal debe tener capacidad para recibir e investigar denuncias individuales y la competencia para supervisar independientemente la observancia de las leyes y recursos para las investigaciones de los sectores pertinentes, incluidos el trabajo, el matrimonio y la esclavitud infantiles, la mutilación genital y la violación de niños.
Con el tiempo, se podría aplicar un sistema de presentación de informes para facilitar un examen de las repercusiones de las políticas de salud y educación en los niños y las niñas más marginados del mundo. Semejante investigación podría ofrecer documentación convincente para apoyar la educación universal obligatoria como mecanismo ideal no solo para acabar con la exclusión educativa, sino también para poner fin al trabajo infantil y la trata de niños, el matrimonio prematuro y la discriminación de las niñas.
A continuación se podría lograr otro avance, basado en la victoria, hace un decenio, de Graça Machel, al convencer al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que aplicara un sistema de presentación de informes sobre la violencia contra los niños en zonas de conflicto. En aquel momento se acordó crear también un representante especial sobre los niños y los conflictos armados, cuya labor esté respaldada por la amenaza de sanciones. Actualmente, se debe crear un cargo similar, sustentado por el mismo sistema de presentación de informes y sanciones, para que se centre en los demás derechos de los niños.
En este mes, Satyarthi y la dirigente de los derechos de las niñas, Malala Yousafzai, recibirán el premio Nobel de la Paz de este año, con lo que se recordará al mundo que está en marcha una lucha en pro de los derechos de los niños, que, cada vez, la encabezan más jóvenes. De hecho, los jóvenes, frustrados porque los adultos no cumplen con los que deben ser sus deberes para con los niños, están formando zonas sin matrimonios infantiles, lanzando grupos antiesclavitud y organizando campañas en pro de los derechos a la educación. Semejantes iniciativas –incluidas las 20 zonas sin matrimonios infantiles de Bangladesh, el Foro Kamlari del Nepal y el Movimiento Amarillo de estudiantes universitarios de Etiopía– tal vez no sean todavía un asunto candente en Twitter y Facebook, pero están logrando la participación de millones de jóvenes en todo el mundo.
Ahora, la Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil, las Niñas, pero no Novias, y Un Mundo en la Escuela se han juntado para apoyar la petición #UpForSchool, que vincula la prestación universal de educación con el fin de la explotación infantil. En los próximos meses, grupos de jóvenes de 190 países recogerán –es de esperar– un número sin precedentes de firmas.
Pero debemos hacer algo más que leer y firmar la petición. Debemos reconocer que el movimiento actual para garantizar los derechos de los niños es la lucha en pro de los derechos civiles de nuestra generación y hacer todo lo necesario para apoyarla.
Gordon Brown, ex primer ministro y ministro de Economía y Hacienda del Reino Unido, es enviado especial de las Naciones Unidas para la Educación Mundial. © Project Syndicate.