EscucharLa periodista Patricia Leitón, de La Nación , establece, en un artículo publicado en la edición del pasado 15 de junio , una relación entre el alto costo de la vida y la fijación por ley de precios o tarifas de algunos servicios públicos como la electricidad, el transporte colectivo de personas y otros.
Ella demuestra que los servicios regulados por ley no han contribuido a reducir el costo de la vida de las personas de medianos y bajos ingresos principalmente, sino, al contrario, lo han incrementado, como el caso de la electricidad en un 30%. Este análisis debe invitarnos a revisar políticamente si la regulación beneficia o perjudica la economía de las personas.
Debemos preguntarnos si el Estado es capaz, por ley, de conciliar costos de producción (eficiencia) con rentabilidad y bajas tarifas de los servicios, sobre todo cuando el servicio es ofrecido por un monopolio.
Este caso demuestra claramente que la economía de mercado, basada en la competencia y dominada por la libertad de escoger de las personas, es más social que los mercados monopólicos, con precios y tarifas fijados por ley.
Esto es así porque la competencia exige eficiencia, alta calidad y precios o tarifas atractivas para el consumidor o el usuario. ¿Quién determina la calidad de la gestión de los servicios públicos, un ente regulador público? ¿Quién garantiza la veracidad de las tarifas; es decir, son estas realmente el reflejo de una estructura de costos proporcional a la calidad o eficiencia de los servicios o reflejan más bien el costo adicional de la deficiencia, el derroche y la voracidad fiscal del Estado? (Impuestos encubiertos).
Más libertad, mejor calidad. Los liberales tenemos razón cuando decimos que la competencia es social porque beneficia al usuario y al consumidor con mejores precios o tarifas y mejor calidad en los bienes y servicios. No solo la libertad de escoger, sino la posibilidad de obtener un beneficio tangible en la reducción de las tarifas, son dos consecuencias directas, entre otras, del libre mercado.
Los servicios monopolizados son fines en sí mismos, divorciados del interés y los derechos de las personas. Imponen a la fuerza un tipo de calidad y las tarifas que quienes administran el Gobierno piensan que son las adecuadas, generalmente para los intereses del monopolio o del sector prestatario del servicio, como es el caso de las empresas de transporte público.
En conclusión, debemos seguir impulsando políticas orientadas a desmonopolizar los servicios públicos y a desregular la mayoría de ellos o en última instancia a sugerir una regulación apegada a la realidad del mercado, pensando en mantener la rentabilidad del servicio, fundamentada en criterios de eficiencia y calidad y en el beneficio del usuario.
No podemos seguir pagando el costo de la burocracia improductiva y de las distorsiones económicas de la gestión pública.
