EscucharPor ser respetuosos de la legislación vigente tanto a nivel nacional como internacional, Costa Rica ocupa un lugar de preferencia en materia ambiental y, aunque siempre hay acciones por hacer y otras por mejorar, el apego a la leyes nos ha permitido ser punta de lanza y ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien.
Para el desarrollo de la actividad minera en Costa Rica desde mediados de los 80, antes de la Declaración de Río y de la "Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales", ya se exigía un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), como requisito en los trámites de concesiones mineras, mejorado sustancial- mente cuando se creó la Setena.
Para la aprobación de concesiones mineras se necesita de un EIA; por tanto, sorprende que el señor Nicolás Boeglin ( La Nación, Foro, 22/2/08) señale que la Setena hizo caso omiso del factor hidrológico y de sus implicaciones para la cuenca del San Juan.
Desconoce también el comentarista que, antes de la aprobación de EIA, se invitó a los nicaragüenses a la audiencia pública convocada por la Setena, también se contrato un equipo de profesionales, que con carácter de auditoria profesional, revisaron minuciosamente los documentos aportados por la empresa y de donde, entre otros criterios, concluyen:
Los análisis realizados indican “... que desde el punto de vista de la hidrogeología el proyecto es viable y no espera ninguna afectación negativa a las aguas subterráneas si aplican todas las medidas de control, prevención y mitigación establecidas..., porque el acuífero inferior muestra un flujo regional de noreste a suroeste, con una gradiente hidráulica promedio de 3.2%, esto implica que el flujo de agua de este acuífero no corre en dirección al Río san Juan”, señaló el Hidrogeólogo Hugo V. Rodríguez.
También el geólogo Jorge Laguna recalcó que “El riesgo por contaminación por derrame o mala disposición de residuo cianurados es considerado como inexistente”... “Con ello se desestima también la posibilidad de una eventual contaminación tanto de aguas superficiales como aguas subterráneas”.
El expediente de Crucitas es público, el proceso de esta concesión lleva muchos años; por tanto, se ha revisado minuciosamente. No se pueden emitir criterios sin conocimiento de causa, que comprometan la soberanía del país.
