El encargado de legislar no puede considerar que está por encima de la ley. Legislar es aprobar normas que se han de aplicar de manera general para situaciones que se presenten en el futuro, teniendo en cuenta el carácter preceptivo de la norma, es decir, una orden o mandato que el ciudadano debe guardar y observar. Este carácter preceptivo es sagrado porque contiene, además, un principio moral de enseñanza. El legislador no solo es un funcionario que aprueba una norma que ha de acatarse sin discusión alguna, sino que es, además, un maestro, un preceptor que debe enseñar. En tales condiciones, el legislador es el primer súbdito de la ley, el que más obligado está a respetarla y hacerla valer.
Por energía propia de la democracia, y solamente por una circunstancia ocasional, una ley se aprueba por consenso. Lo natural es que la ley sea el producto voluntario de la mayoría, aceptado y acatado por la totalidad de los ciudadanos. Esa es la obligación del demócrata: aceptar y someterse a la ley, aun cuando no esté de acuerdo con ella.
Lo que está sucediendo en Costa Rica en este momento es inadmisible, a la luz de la mejor entendida práctica democrática. Los diputados que, con una mayoría aplastante presentan un proyecto de ley para reformar otra norma que les estorba y así aprobar un proyecto concreto y actual, están violando toda buena práctica legislativa, cívica y docente. El legislador, que debe ser el máximo guardián del orden que la ley impone, se convierte, al negarse a su acato obligatorio, en infractor de la más sagrada de las obligaciones ciudadanas: el observar y cumplir las leyes, que, en el caso de los diputados, está refrendado por su juramento cuando aceptaron el cargo. Pero, además, rechazan su condición de preceptores, de maestros, al apartarse del recto modo de proceder, que es uno de los fundamentos del mayor sostén de la democracia: la virtud, entendida como “integridad de ánimo, como disposición del alma para las acciones conforme a la ley”.
Mal ejemplo dan los diputados: si una ley les estorba para aprobar un proyecto determinado, derogan la ley y dictan otra que les permita su aprobación, práctica insostenible que vulgariza e induce a imitar toda violación a la ley.
Por mi parte declaro: como funcionario público me inclino y someto a la ley, y, como ministro de Juventud y a pocos días de dejar mi cargo, pido a los jóvenes rechazar siempre todo intento de altos funcionarios que se nieguen a cumplir lo que ordena la ley.
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