La huelga de los empleados del Poder Judicial produjo un efecto particularmente doloroso y perverso por la retención de los cuerpos que estaban a la espera de una autopsia en la Medicatura Forense. La reacción nacional ha sido prácticamente unánime de repudio al hecho y de condena a sus autores. El hecho ha inflingido, además, un daño irreparable a la imagen del Poder Judicial y exacerbado, aún más, a la opinión pública por las demandas de los huelguistas. Si con la vida no se juega, con la muerte menos.
Pero también ha puesto sobre el tapete el tema del gasto público –particularmente en materia de remuneraciones y pensiones con cargo al Estado– y su sostenibilidad en caso de seguir el ritmo que lleva.
El Estado ya no tiene como respirar. Sus ingresos están rígidamente distribuidos entre salarios y pensiones, transferencias corrientes y pago de la deuda. Para lo demás no queda nada. La inercia en el crecimiento del gasto es más poderosa que las buenas intenciones; hay que entrarles estructuralmente a sus disparadores. Vale decir que el factor deuda no se modificará por sí mismo, hay que entrarles a los otros dos: remuneraciones y transferencias.
Acuerdo. En este contexto crítico, tengo la esperanza de que la generalización y profundización del disgusto ciudadano –plenamente justificado– obligue a los partidos democráticos y no extremistas –ni de izquierda ni de derecha– a alcanzar un acuerdo que permita: 1) Establecer un régimen único de remuneraciones en el sector público sin pluses y con techo, justo y sostenible. 2) Establecer un régimen único de pensiones –el IVM administrado por un órgano técnico y supervisado por la Supén– con piso y techo; a los restantes regímenes hay que ponerles fecha de caducidad. 3) Revisar y recortar los regímenes de exoneraciones fiscales. Es mejor una baja tasa con una amplia base que altas tasas con un inmenso océano de exoneraciones. 4) Hay que revisar las transferencias corrientes del Estado a otros entes públicos o privados y ver cuáles se justifican y en qué montos y cuáles se eliminan de una buena vez. 5) Valorar la posibilidad de eliminar la convenciones colectivas en el sector público. Cuando el Estado o uno de sus entes es el patrono, este tipo de instrumentos no se justifica, toda vez que es el Estado el primer obligado a respetar y hacer respetar los derechos laborales. Al menos cuatro de los cinco puntos arriba mencionados ya los ha planteado –hasta el cansancio, pero sin cansarse– la Contraloría General de la República.
Verse en el espejo venezolano. Quizá todo esto sea posible antes de que el descontento ciudadano –repito, plenamente justificado– termine por elegir un “Maduro” para que “resuelva” el problema. Venezuela nos ha demostrado que esto último no es el camino ni hacia la izquierda ni hacia la derecha; ambas extremas.
Los líderes de partidos como Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana deben comprender o que se ponen serios o terminarán como los “adecos y copeyanos” de Venezuela.
Quizá les convenga, más pronto que tarde, estudiar las causas que condujeron al triunfo inicial del chavismo en Venezuela.
El autor es abogado.
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