La víspera del retiro de Araya

Rojas elaboraba una información sobre las 24 horas previas al retiro de Araya. Como era de esperar, el país entero supo de la reunión celebrada la víspera y una mezcla de mala fe e ignorancia desató especulaciones. Enterado, como tantos, del encuentro, Rojas decidió entrevistarme para completar su reportaje. Lo hizo en mitad de la redacción, como bien dice el refrito publicado por el Semanario Universidad esta semana.

Respondí a sus preguntas con apego al secreto profesional, sin confirmar siquiera la celebración de la reunión. No recuerdo las palabras exactas, pero contesté: “Si hubiera asistido a una reunión de ese tipo, con acuerdo de recibir información off the record (para conocimiento del periodista y uso como guía de informaciones futuras pero sin autorización para divulgarla) no podría darlo a conocer”. De nuevo, las declaraciones de Rojas a Universidad confirman lo dicho.

En el curso de la conversación, le enfaticé que si lograba confirmar la reunión por otros medios, no dudara de que La Nación lo publicaría. De nuevo, la información de Universidad lo acredita, pero también hay testimonio de varios editores a quienes Rojas comentó mis respuestas. Según el semanario, “Al final (Rojas) decidió omitir esa información porque solo tenía confirmación con fuente anónima”. El periodista tomó la decisión correcta.

La información de Rojas fue publicada el 8 de marzo y dice todo lo “revelado” por Universidad esta semana, salvo el relato de la reunión que Rojas no pudo constatar en aquel momento y que ahora Araya le confirmó al semanario. Esa confirmación del interesado me releva del secreto profesional y me permite escribir este artículo para salir al paso a la mala fe y la ignorancia.

En primer lugar, el relato de Universidad demuestra la decencia imperante en La Nación. Un periodista, en procura de información, se siente en libertad de confrontar al director y editor general para cuestionarlo en media redacción. Lo hace sin temor a represalia alguna. No sufre consecuencias, como lo demuestra el relato de Universidad cuando señala que Rojas renunció tiempo después para aceptar otro trabajo. El director le expone sus razones y se compromete a publicar lo que él constate de manera independiente, aunque se trate de un asunto que el propio director, por ética profesional, no puede confirmarle. En La Nación no violamos el secreto profesional y hemos enfrentado juicios para defenderlo.

El refrito de Universidad tiene la virtud de identificarse cándidamente como tal: “Un reportaje hecho por el periodista Ronny Rojas y publicado cuatro días después en el diario La Nación (…) recogió casi todos los momentos de esa jornada, salvo una reunión nocturna en la casa del jefe de campaña, porque en ese momento nadie se la confirmó para efectos de la publicación”, dice el semanario. Su único aporte consiste, entonces, en decir quiénes asistieron a la reunión, aunque tiene la decencia de abstenerse de especular o mentir como lo hacen quienes afirman que ahí se “decidió” el retiro de Araya. Universidad solo dice que la reunión se celebró y nombra a los asistentes. Llegó la hora de decir para qué nos reunimos.

La razón. Con mucha frecuencia, las fuentes informativas conversan con los periodistas off the record. Son conversaciones de provecho mutuo. El periodista obtiene conocimientos que no puede revelar, pero sirven para guiar sus informaciones. La fuente se asegura de comunicar su versión y, sin duda, pretende influir en la forma en que el periodista tratará el tema. Pocos periodistas, si hay alguno, no han participado en encuentros de esa naturaleza.

Semejantes reuniones son habituales cuando está por suceder un acontecimiento de gran magnitud que la fuente conoce y los periodistas no. La Cancillería, por ejemplo, comunicó en sesiones off the record su intención de demandar a Nicaragua. Los técnicos explicaron cuanto era necesario saber para informar correctamente cuando se diera a conocer la noticia. El presidente José María Figueres también se reunió con cinco medios de comunicación el día antes de cerrar el Banco Anglo. Los ejemplos son infinitos.

En eso consistió la reunión con Araya. El candidato informó de su decisión de suspender la campaña. ¿Por qué citó a solo dos medios? Podemos preguntar también por qué Figueres citó solo a cinco o por qué la Cancillería se reunió con algunos por aparte. La verdad es que no sé. Esa es una decisión de la fuente, en este caso Araya, pero puedo especular: quizá porque La Nación y Telenoticias son los dos medios más importantes, quizá porque las fuentes confían en el apego de ambos al secreto profesional. No es casualidad que el director de Telenoticias respondiera a Universidad exactamente con las mismas razones que hace tres años le di al periodista Rojas: Según el semanario, Ignacio Santos contestó: “las reuniones a las que asisto en mi condición de periodista y con fuentes noticiosas tienen para mí reserva profesional”.

Pues bien, el día siguiente aproveché las revelaciones como se hace en mi profesión. Reuní a editores y periodistas, les conté que había asistido a una reunión de la cual no podía dar detalles, pero estaba en condición de asegurarles que Araya haría el inusitado anuncio de su retiro. En consecuencia, les pedí organizarnos para cubrir todos los ángulos de la noticia. Así lo recuerdan y atestiguan varios editores del diario con quienes conversé antes de escribir este artículo para pedirles ayuda de memoria.

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La maledicencia. La noticia de la cita pronto se supo, no por la escueta referencia que hice a mis editores. Confío plenamente en su discreción y, además, no les conté detalles hasta pasado un buen tiempo. En la caldera de odios de nuestra política, no tardaron en surgir teorías de la conspiración sin el menor sustento. Los detalles varían pero, en general, se repite la infamia de quienes afirman que en la cita se decidió el retiro de Araya. La aseveración no figura en el reportaje de Universidad ni de ningún otro medio, porque no tiene sustento. Solo existe en el mundo de las insinuaciones –tan alejado del verdadero periodismo– en los corrillos de la politiquería, en el perverso ambiente de las redes sociales y en boca de algunos obsecuentes servidores del poder.

Pues bien, sin prueba alguna se dice que en la cita se decidió el retiro de Araya. No puedo demostrar lo contrario porque la prueba negativa es imposible. Si usted, lector, quiere creer que de eso se trató la reunión y no se siente obligado a tener fundamento para afirmarlo, poco puedo hacer para llamarlo a la razón, salvo señalar la estupidez de la hipótesis: resulta que el candidato del partido de mayor tradición en el país decide, en cuestión de horas, renunciar a la campaña porque este servidor, un colega y dos accionistas de los medios le aconsejan hacerlo. Si así fuera, ¡hay más de un político con quien me gustaría reunirme!

Como la historia es poco creíble, personajes salidos de las cloacas de Liberación Nacional inventaron razones para justificar la absurda obediencia de Araya: algo sabíamos los medios y el candidato temía la revelación. Tampoco puedo probar la falsedad de esa “teoría”, como sus propulsores no podrían demostrar que nunca consumieron drogas sintéticas. Solo puedo, una vez más, señalar la imbecilidad de la “tesis”.

Si La Nación hubiera tenido el objetivo de forzar el retiro de Araya, o de asegurar su derrota, que ya era evidente, lo habría logrado con la publicación de los informes comprometedores y no se habría negado la gloria periodística de traerse al suelo a uno de los principales candidatos presidenciales. Infinidad de casos demuestran nuestra conducta. ¿Por qué con Araya, cuya derrota ya estaba asegurada, optamos por un inmoral chantaje? Ya la primera ronda había pasado. ¿Por qué el interés de La Nación en provocar la victoria del PAC sin oposición, con un número histórico de votos?

Las informaciones de Rojas, hace tres años, y el refrito de Universidad, más bien muestran el proceso de la decisión que nos fue comunicada off the record la víspera del anuncio. En ambas publicaciones se habla del peso de cuatro encuestas desfavorables sobre el ánimo de Araya. Además, citan “serias diferencias internas y recriminaciones desatadas por el tropiezo del 2 de febrero”. Protagonistas de la campaña entrevistados por Universidad difieren si fue Araya el primero en plantear la idea del retiro o si fue Antonio Álvarez. Unos dicen que ya no había financiamiento, otros niegan la falta de fondos, pero coinciden en que la decisión se gestó antes de la cita off the record porque “todos sabían que la campaña del PLN iba cuesta arriba, pero algunos preferían seguir luchando aunque fuera por orgullo propio”, según Universidad.

Siempre citando la información publicada por La Nación hace tres años, Universidad relata un almuerzo en presencia de Araya, Álvarez, Sandra León y el periodista Armando Vargas, quien afirmó que la propuesta de retirarse nació de Araya, como también lo dijo el excandidato. “En lo que sí hay consenso en los relatos –dice el semanario– es en señalar ese almuerzo como origen de la polémica decisión”.

“En esa tarde –añade Universidad– Araya consultó a familiares en medio de sus actividades proselitistas prontas a extinguirse. Dio una conferencia de prensa en Alajuelita sobre sus planes de vivienda en caso de llegar a gobernar. Nada más alejado de la realidad. Estaba casi tomada la decisión de rendirse antes de tiempo”.

Si el lector no le cree a Universidad, cuya información no denuncia irregularidad alguna de los medios pero sí insinúa y crea nebulosas, yo no le puedo probar la falsedad de lo que haya decidido creer contra toda evidencia, incluida la información del semanario, según la cual el reportaje utilizado para el refrito fue elaborado por el periodista Rojas “con base en varias entrevistas off the record y una larga conversación con Álvarez Desanti”.

Es decir, Rojas habla con fuentes off the record, como lo hacemos todos los periodistas y Universidad refrenda su proceder citándolo hasta la saciedad. Nadie le pregunta quiénes son esas fuentes. Nadie tiene derecho a hacerlo.

Los dueños. Disculpe el lector, pero falta un tema de la mayor importancia. ¿Qué hacían Manuel Jiménez y René Picado en la cita, amén de Carlos González, a quien Universidad no menciona? No tengo la menor idea, porque yo no los invité. No sé cuál fue el razonamiento de quienes los invitaron. Tampoco lo pregunté. Araya dijo a Universidad que Picado y él son muy amigos, pero no recordó por qué invitaron a Jiménez.

Desde un principio supe de la asistencia de Jiménez. No era mi papel objetarla, porque no hay motivo y no soy yo quien decide a quién convocan los políticos. Por supuesto, no iba a negarme a asistir a una cita donde se anunciaba la revelación de un gran acontecimiento porque el presidente ejecutivo de la empresa donde laboro también estaba invitado. Me pregunto cuántos colegas harían lo contrario y, sobre todo, me pregunto por qué. No hay norma ética o legal que impida al propietario de un medio asistir a una cita off the record u on the record. Nada le impide, dicho sea de paso, ser director del medio, si ese fuera su deseo.

Invito al lector a leer un extracto de la biografía de Katherine Graham, propietaria y presidenta del Washington Post en la época de Watergate, para constatar su activo papel en el desarrollo de la investigación. En el extracto, la gran empresaria periodística se queja de las órdenes giradas por Richard Nixon para que los altos funcionarios no asistieran a sus “almuerzos editoriales” y mucho menos “a cenas” en su casa.

Arthur Sulzberger, propietario, presidente de la directiva y descendiente de los fundadores del New York Times presidió la entrevista del diario con el presidente electo Donald Trump, el 23 de noviembre.

Sulzberger inicia la reunión advirtiendo al presidente que es on the record, como para diferenciarla de otra, off the record, que causó conmoción en la campaña política por la filtración de una frase de Trump contraria a la severidad de sus discursos públicos en el tema de la migración. La prensa se llenó de exigencias al candidato republicano para que relevara al New York Times del deber de guardar silencio, pero a nadie se le ocurrió exigir al diario la divulgación de lo conversado.

Cito esos ejemplos porque los dos periódicos son verdaderos parámetros de las buenas prácticas periodísticas, pero no es necesario ir tan lejos. Los ejemplos abundan en los diarios más prestigiosos de América Latina. Las funciones editoriales de los Miró Quesada en El Comercio, de Lima, la participación de los Santos en El Tiempo, de Bogotá, los Chamorro en La Prensa, de Nicaragua, los Mitre en La Nación, de Argentina, y Junco de la Vega en Reforma, México, son apenas un puñado de casos en lo mejor de la prensa continental.

Pero ni siquiera es necesario aventurarse más allá de nuestras fronteras. Iary Gómez, dueña del Diario Extra, participa con toda propiedad y derecho en entrevistas de todo tipo y hay gran cantidad de colegas cuyos espacios radiales les pertenecen. En ellos, fungen como periodistas y empresarios. Nadie parece haberlo notado.

Politiquería. A La Nación y Canal 7 no se les puede atribuir falta alguna, sea legal o ética, pero en la Asamblea Legislativa se propuso una comisión para investigar lo sucedido. Van a investigar al periodismo. La moción es del diputado Víctor Morales Zapata, “hermano” del presidente, quien la planteó luego de declararse defensor de la libertad de prensa. La misma proclama hizo cuando justificó la clausura de la señal de CNN en Español por el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

Tan alejado está el legislador de la defensa de la libertad de expresión que no logra entender cómo la investigación del periodismo por una instancia política, con el fin de esclarecer un acontecimiento político y, para colmo, sin causa probable de irregularidad alguna es, en sí misma, violatoria de la libre expresión. Imposible esperar más de uno de los impulsores iniciales de la nefasta y fallida Ley Mordaza.

Precisamente por lesiva para los derechos humanos, la convocatoria de la espuria comisión no puede tener efectos. Por esa y otras razones incorporadas a la ley y la jurisprudencia, no tengo por qué atender un llamado de los diputados. Ojalá los demás convocados defiendan su derecho a no asistir para probar el punto, pero yo no lo haré. Si me convocan asistiré solo, sin abogado, para defender mis derechos y denunciar la jugarreta política que se me hace evidente y discutiré en su oportunidad. El uso de las comisiones legislativas para la persecución política, la vendetta y las jugarretas solo contribuye al merecido desprestigio de un Congreso irresponsable.

En este país no debemos permitir el enraizamiento de la cultura de la posverdad, los hechos alternativos y las teorías de la conspiración ayunas de toda razón y prueba. A los colegas les ruego asistir con sus cámaras y grabadoras. Prometo un buen espectáculo.

El autor es director de La Nación.