EscucharHan sugerido no pocas personas que, lejos de representar un problema, los salarios de lujo que reciben muchos funcionarios públicos deberían ser emulados por los empleadores del sector privado. Es como si creyeran que la consecuencia de duplicar salarios a escala nacional como por arte de magia sería una mejora del poder adquisitivo de las personas, y nada más.
Es imposible equiparar los salarios de los cuatro de cada cinco costarricenses que laboran en el sector privado sin aplicar medidas para incrementar la productividad y sin una reforma profunda del régimen salarial público. Para ilustrarlo, presento, con el permiso del autor, un ejemplo desarrollado por Agustín Castro en su blog Vox populi:
Piense en una pulpería con dos trabajadores, que devengan salarios mensuales de un millón de colones más cargas sociales. Sumando las provisiones de cesantía, vacaciones y aguinaldo, la póliza de riesgos de trabajo y los aportes patronales a la CCSS, al INA y a Fodesaf, el costo real de un empleado se incrementa en un 50% de su salario. La planilla de esta pulpería cuesta ¢3 millones al mes: ¢2 millones en salarios y ¢1 millón en cargas sociales.
Si la pulpería trabaja con un margen del 20% sobre el costo del producto, tendría que vender ¢15 millones al mes solo para pagar los dos salarios y las cargas sociales. Ese monto no le alcanzaría para los recibos de agua, electricidad y alquiler, y ni pensar en obtener una ganancia.
¿Cuántas pulperías conoce usted que vendan ¢15 millones o ¢20 millones al mes? Este no es un ejemplo aislado: el 94% del parque empresarial del país está compuesto por micro y pequeños emprendimientos que serían empujados a la quiebra o a la informalidad.
Sueldos mayores. Las diferencias salariales entre los sectores público y privado espantan. Los datos globales de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares indican que el salario promedio en el Gobierno es 137% superior al del sector privado.
Sin embargo, para comparar dichos promedios debemos ser muy cuidadosos, ya que la composición de la fuerza laboral del sector público difiere de la del sector privado. El Gobierno cuenta con una mayor proporción de profesionales en su nómina, además de que nadie en la planilla estatal siembra yuca.
Con la invaluable ayuda de mi colega Melvin Garita, hicimos una comparación salarial entre ramas de actividad económica en las que confluyen empresa privada y Gobierno, tales como electricidad, información, telecomunicaciones, agua, servicios financieros, seguros, administración, enseñanza y salud. Con este ajuste, encontramos que el promedio salarial de los funcionarios públicos (¢883.585) es un 48% más alto que el del sector privado (¢597.472). La diferencia sigue siendo abismal.
Gasto peligroso. En el 2014, un 33% del gasto del Gobierno central (excluyendo intereses) se financió con deuda. En otras palabras, el Estado se está endeudando para pagar salarios y otros gastos corrientes.
En un afán por justificar lo indefendible, se argumenta que los salarios excesivos que paga el sector público son beneficiosos para la economía porque se traducen en mayor consumo.
El pulpero de nuestro ejemplo sabe, sin embargo, que uno jamás se debe endeudar para consumir porque el empréstito sería impagable. La deuda debe utilizarse como apalancamiento; es decir, para invertir en una actividad económica con el potencial de generar un retorno suficiente para cancelarla y dejar utilidad. El acto de consumir no genera ingresos al deudor.
En términos sociales, la inversión productiva crea condiciones que permiten a los individuos mejorar su productividad (y sus ingresos).
Si un país se endeuda para mejorar infraestructura e invertir en las personas, es decir en el sistema educativo y la salud, a sus ciudadanos le será posible desempeñarse mejor en el trabajo y las empresas podrán alcanzar mayores niveles de eficiencia, lo cual fomentará un ciclo virtuoso de crecimiento económico sano.
Las empresas, al generar mayores utilidades, pagarían más impuestos y esto permitiría cancelar la deuda adquirida por el Estado.
No hay de otra. Los salarios deben estar ligados a la producción y la productividad de las personas. Hacerlo de otra manera nos pone en trayectoria de colisión económica.
Parafraseando al Premio Nacional de Ensayo 2002, Alexánder Jiménez Matarrita, quien es catedrático de la UCR y experto del Instituto de Investigaciones Filosóficas, no podemos pretender que seguir viviendo en “el imposible país” de los salarios públicos no tendrá consecuencias graves.
Eli Feinzaig es economista.
