EscucharMe doy por aludido cuando la abogada Angie Andrea Arce A., en un artículo de reciente publicación ( “El garantismo no es alcahuetería” , Opinión, 23/08/09) señala que “capta mi atención que en nombre y bajo la bandera del ‘garantismo’, abogados nacionales promueven el arma de la ligereza en contra de aquellos que violentan los derechos humanos, quitando la vida a personas dignas, inocentes y trabajadoras”.
Y me incluyo en su aseveración porque durante varios años he escrito sobre el tema del garantismo penal y, hace algunos meses atrás, en este mismo medio, se publicó uno de esos artículos sobre dicho tema ( “Mitos y falacias sobre el garantismo penal” , Foro , 09/09/08).
En esa oportunidad, señalé que uno de los mitos más frecuentes en nuestra sociedad es la creencia errada acerca de que “Las garantías del proceso son las garantías del delincuente”; e indiqué para explicar el mito anterior que eso no era así porque “las garantías pertenecen a todos los ciudadanos y son indispensables para evitar arbitrariedades o la condenatoria de personas inocentes”.
Dignidad humana. No obstante lo anterior, persiste la falsa creencia en un sector de la población de que quienes invocamos el respeto al debido proceso para el juzgamiento de cualquier ciudadano sospechoso de cometer algún delito, somos defensores de la delincuencia y promovemos la impunidad. Dicho razonamiento es totalmente errado.
Nunca hemos propuesto la alcahuetería contra quienes delinquen, sino que quienes son juzgados –por su condición humana– deben ser tratados dignamente y considerados inocentes hasta que una sentencia firme dicte lo contrario. ¿O es que deben ser tratados como culpables durante todo el proceso?; de la misma forma como sucedía en la “santa” Inquisición, que de santa no tenía nada.
No me cabe la menor duda que quienes hacen dichas afirmaciones no solo desconocen que nuestro país está comprometido con diversos pactos internacionales de derechos humanos, sino que aún no comprenden los planteamientos garantistas y, por ese motivo, se dedican a satanizar el garantismo, descalificando sus propuestas con múltiples falacias.
Afirmar que como los garantistas exigimos un trato humanizado para el imputado estamos favoreciendo la delincuencia, es una interpretación equivocada.
Una cosa es defender la condición de persona –o ser humano– que ostenta todo imputado en un proceso penal, y cosa muy distinta significan los actos de delincuencia con los cuales jamás se está de acuerdo y menos con su impunidad.
Tampoco por el hecho de estar en contra de las propuestas de “mano dura” y “cero tolerancia” se está a favor de la criminalidad o propugnamos la alcahuetería, sino que estas medidas represivas son un espejismo y está demostrado que al poco tiempo el problema renace incluso con más fuerza.
Reto a quienes critican a los garantistas que muestren estudios científicos donde conste que coartar garantías ciudadanas y más represión, fue la solución ideal contra la delincuencia.
Sin embargo, muy cerca tenemos ejemplos de lo contrario, ya que países donde las políticas de “mano dura” y “mano súper dura” –como en El Salvador– lejos de paliar la problemática más bien la han empeorado.
Estado de Derecho. Es una perogrullada que la delincuencia existe y se ha incrementado en los últimos años. Esto nadie lo niega.
Lo que el garantismo penal propone es el respeto de los derechos y garantías contenidos en la normativa procesal, de forma tal que la opción más civilizada es afrontar la criminalidad sin soslayarse la condición humana de quienes delinquen y, si se les llega a imponer una sanción penal por sus faltas, esta solo tendrá validez y legitimación si se respetó el debido proceso.
Hacer las cosas de forma contraria –como muchos proponen– desbarataría el Estado de Derecho y nuestra esencia democrática.
