En los últimos dos días, el ICE ha sacado las garras de un tigre voraz suelto contra sus abonados amarrados, y procedido a reclamar ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de la República lo que considera legalmente suyo: los fondos equivalentes a la rebaja en las tarifas eléctricas aprobada por la Aresep hace un par de semanas, por el motivo de que esos fondos ( ¢55.000 millones) no fueron utilizados para el fin aprobado en diciembre del 2008, cual era el de la compra de combustibles para la generación térmica durante los meses secos de marzo y abril del 2009.
Demanda contra Aresep. El ICE argumenta que si bien es cierto la totalidad de los fondos aprobados en diciembre del 2008 (¢98.000 millones) para la compra de combustible fósil no serán utilizados para tal fin, la pérdida del remanente de esos fondos todavía sin utilizar (¢55.000 millones) a causa de la reducción de tarifas eléctricas aprobada por la Aresep, afectarán seriamente sus finanzas, ya que los ingresos por el alza tarifaria temporal fueron presupuestados en su totalidad para el presente año como ingresos seguros.
Que ante la reducción de las ventas de energía eléctrica por causa de la crisis económica (¢15.000 millones), y la pérdida simultánea de los ingresos por alza tarifaria para los últimos cinco meses del año, (¢55.000 millones) la institución enfrentará un desequilibrio financiero que repercutirá en las obras de expansión del servicio eléctrico a las comunidades rurales todavía no servidas, impidiendo con ello su plan de completar la electrificación al 100 por ciento del territorio nacional. La demanda contra Aresep ha logrado el fin propuesto, que es el de congelar, por un buen tiempo, la aplicación de una tímida rebaja a las tarifas eléctricas aprobada por la Aresep hace dos semanas.
Abonados sin devolución. En contraste con tan agresiva actitud en defensa de sus intereses económicos, el ICE se olvida de que durante los últimos siete años ha sometido a sus fieles y desinformados abonados a un alza continua de la tarifa eléctrica del orden del 3 por ciento mensual, 36 por ciento anual y 180 por ciento quinquenal, para sufragar los costos de la permanente inversión en el sistema eléctrico nacional, sin que a la fecha se vislumbre o se haya comprometido a hacer un alto a dicha tendencia, y menos a devolver las utilidades por el sacrificio económico a que ha sometido el bolsillo del abonado, con el fin de mantener una permanente inversión y capitalización del sistema eléctrico. Ningún abonado nacional ha visto o verá algún tipo de devolución de su aporte de capital o de interés por este, o su equivalente en reducción de tarifas o respiro tarifario, durante los próximos años.
Crédito del BID. Si bien es cierto que el fin que persigue el ICE es altamente loable en este caso, el de alcanzar un 100 por ciento de penetración eléctrica nacional, llevándole el servicio a las comunidades rurales de alta montaña, dadas las condiciones de crisis económica que viven sus abonados, es injusto por el momento querer hacerlo obligatoriamente con fondos provenientes de una alta tarifa eléctrica, cuando dicho instituto cuenta con una línea de crédito con el BID aprobada por el orden de los US$500 millones de dólares o su equivalente a ¢295 billones de colones. De manera que el argumento que sus finanzas sufrirán un gran desequilibrio al no contar con los ¢55.000 millones, es totalmente alarmista e incorrecta.
No dudamos que el Tribunal Contencioso-Administrativo terminará por interpretar las demandas del ICE como infundadas y revertirá la medida cautelar que afecta a toda la población nacional.
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