En defensa de la libertad de expresión

En relación con el editorial de La Nación , “ Fortalecer la libre expresión ”, recuerdo que, hace 28 años, los costarricenses todos fueron testigos del reconocimiento que hice al eminente magistrado don Fernando Coto Albán, presidente de la Corte Suprema de Justicia, por ser él quien redactó el voto que obligó al Poder Ejecutivo a entregar al jefe de la oposición legislativa el informe de una comisión ministerial que analizó los programas agrícolas, agroindustriales y ganaderos.

El acto se realizó en el Teatro Nacional y fue transmitido por radio y televisión a todo el país el primero de setiembre de 1984, Día de la Libertad de Expresión. Me correspondió condecorar al Lic. Coto Albán con la medalla de oro José María Castro Madriz, campeón de la garantía de la emisión del pensamiento.

Qué lástima que, al igual que sucedió con otras iniciativas de bien cívico, la celebración del Día de la Libertad de Expresión y la condecoración con la medalla de oro José María Castro Madriz fueran tronchadas al concluir la Administración 1982-1986. Esa presea también fue concedida al patriarca del periodismo don Alberto F. Cañas en 1983, y al periodista de casta que fue don Carlos Vargas Gené en 1985 junto con varios profesionales de la comunicación víctimas del atentado de La Penca. Ojalá se llegue a restablecer esa noble tradición.

Reconozco que el Poder Ejecutivo se equivocó. El Poder Judicial nos enmendó la plana. Y el Poder Legislativo obtuvo el documento deseado. Prevaleció el artículo 30 de la Constitución Política: “Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado”. Así se fortalecieron la transparencia y la publicidad de la Administración Pública, que debe actuar de cara a los ciudadanos como si fuese una casa de cristal.

El informe de la comisión ministerial era un documento privado de trabajo, no un comunicado de prensa. Pero de ninguna manera fue clasificado como un secreto de Estado. Aquel error nuestro de hacerlo privado y no darlo a la publicidad fue no solo reconocido sino también aprovechado como oportunidad de pedagogía democrática.

En mi prolongada vida de servicio público, siempre tuve como guía los sabios consejos del Dr. Castro Madriz: “Creo que la expresión de la verdad, aún la más amarga, conviene al gobernante que como yo, tiene el valor de abdicar ante ella sus errores, y el sincero deseo de tomarla por la base de sus actos”. Asimismo, “la opinión pública que debe ser el oráculo de un gobierno libre y popular, no puede conocerse bien si no es expresándose bajo los auspicios de la augusta libertad de prensa, y tampoco puede ilustrarse si no es con el debate de los escritos, de que resulte triunfante la verdad”. Esas verdades fueron acuñadas 128 años antes de la aparición de la Internet y siguen vigentes.

En la era de las tecnologías de información y comunicación, Costa Rica requiere un marco legal renovado, que satisfaga las demandas de la democracia participativa. Por ejemplo, nuestra legislación positiva interna podría desarrollarse para incluir normas relativas al derecho a la información, el derecho de acceso a la Administración con fines informativos, el derecho de respuesta, el derecho a recibir información adecuada, veraz y oportuna; la censura previa, el secreto de Estado, el derecho a no ser inquietado ni perseguido por la manifestación de opiniones o la difusión de información, la apología del odio como incitación a la violencia, la eliminación de las diversas formas de intolerancia, la garantía del pluralismo y el respeto de la diversidad. La meta democrática es que el pueblo tenga tanto voz como voto.

Es mi deseo que, en las circunstancias de la hora, la prudencia se imponga y que puedan subsanarse aquellos aspectos de la nueva legislación que se consideren delicados, como la imprecisa formulación sobre “informaciones secretas políticas” y el endurecimiento de las penas.