En esta semana se celebra el primer aniversario de la histórica sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, cuyo por tanto leído en la tarde del 24 de noviembre desató una verdadera fiesta en todo el país, un desborde contagiante de lágrimas y abrazos, después de meses de tensión, energía y entrega llevadas a su extremo, y cuya emotividad aún permanece grabada en los comentarios de gran cantidad de lectores a lo que fue “la” noticia del momento en las redes sociales.
Basta revisar en estas últimas lo que se escribió y lo que se dijo en esa inolvidable tarde para entender que el mensaje enviado por tres valientes jueces del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) caló en lo más profundo de la sociedad costarricense, y ello pese a la intensa campaña publicitaria iniciada meses por la empresa minera.
La misma tarde del 24 de noviembre del 2010, por alguna coincidencia, se realizaba un foro convocado por el Conare, en la Universidad Nacional, reuniendo a expertos de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la UNA (Universidad Nacional) con la moderación de directores del Estado de la Nación , para debatir sobre el proyecto minero: por enésima vez, y como pareció ser la tónica para solicitudes de universidades públicas, no llegó ningún representante o “experto” de la empresa minera invitada a la actividad.
Cruzada. Revisando las imágenes de este juicio contencioso-administrativo, se hace evidente la profunda desigualdad en cuanto a recursos entre las dos partes, convirtiéndose en una labor similar a una verdadera cruzada para una de ellas.
Mientras hubo en la sala del TCA que añadir una mesa adicional para que todos lo peritos, abogados y asistentes del Estado (Procuraduría General de la República, Minaet, Setena ), Sinac y de la empresa pudieran sentarse cómodamente, los recurrentes contaron con un escaso grupo de abogados, cuyo única satisfacción –y único honorario profesional– debió de ser la profunda convicción y defensa de los principios en los cuales creen.
Otra cruzada, entre muchas más, se dio el 11 de septiembre del 2009 durante la inspección ocular al sitio del proyecto minero. Durante esta diligencia judicial, los dos magistrados de la Sala Constitucional ingresaron al sitio del proyecto minero en Las Crucitas con la empresa, en sus vehículos, mientras que los recurrentes fueron impedidos de hacerlo, debiendo caminar varios kilómetros bajo un sol inclemente para llegar a los sitios objetos de la inspección.
Un principio que se considera elemental como el de igualdad de las partes sufrió un grave atropello que no pareció en lo más mínimo desvelar a los dos magistrados de la Sala IV en aquella ocasión. Este principio implica que para cualquier diligencia judicial, el juez debe mantener a las partes en un estricto pie de igualdad, tanto en el acceso a los sitios, como el acceso a los magistrados durante la visita, o en el acceso a la información de esta inspección (cronograma, sitios a visitar, itinerario, detalles logísticos, etc.).
La total improvisación, que llevó incluso a los recurrentes y a su expertos molestos a intentar interponer una acción legal ante los magistrados en el mismo momento, constituyo una verdadera cruz para este principio cardinal al que, en buena teoría, se debe todo juez en cualquier diligencia con ambas partes.
Un apego a la institucionalidad. En todas sus actuaciones, en particular en la etapa ante el Tribunal Contencioso Administrativo, los recurrentes siempre mostraron su apego al sistema judicial costarricense y en sus jueces, confiados en que los muchos detalles que solo desvelaron a 2 de los 7 magistrados de la Sala IV sí tendrían mayor recibo en un juicio ante un tribunal más “técnico” que la Salal IV, como lo es el TCA.
Lo que debió celebrarse esta semana como un primer aniversario de un gran triunfo de la justicia costarricense se ha visto ahora opacado por la filtración de un borrador de la Sala Primera a una de las dos partes, y de comprometedoras declaraciones dadas a la prensa por un exfuncionario de la empresa, quien fuera su vocero en los últimos meses.
Se trata de un grave acontecimiento que trasciende este caso, trasciende la lucha de los ecologistas y constituye, en palabras del magistrado Román Solís Zelaya, de la Sala Primera, un verdadero “atentado a la juridicidad de nuestro país, y a los cimientos de la República como tal”.
Estos hechos recientes han vuelto a poner en la palestra pública un proyecto minero ubicado en una remota localidad que pareciera llevar el inmejorable nombre de “Las Crucitas”, y que pareciera, al mismo tiempo, escogido por el destino para constituirse en una novela sin fin.