EscucharDesde 1975-76 hemos develado una serie de factores jurídicos, sociopolíticos y administrativos cuya inobservancia práctica favoreció el surgimiento y acrecentamiento de ese terrible flagelo del gobierno descarriado, caracterizado en gran parte por una virulenta politización partidista de instituciones y funcionarios que entronizó nefastos servilismos y complicidades distorsionadoras de los propósitos y transparentes procesos institucionales, llamados a sacar al país adelante después de 1948. No a hundirlo (lean el coincidente, aunque “tardío”, artículo de Jeffrey Gedmin aquí mismo el 3/12, sobre la importancia de los mismos factores “en el mundo”).
No hemos escatimado, desde entonces, esfuerzos para hacer ver los efectos devastadores de lo anterior desde lo global-estratégico del desarrollo nacional hasta sobre el puesto más humilde, la función más operativa y el gasto más insignificante del Estado (incluidos trámites, compras, empleo público, situación fiscal). Pero el deseable debate ha sido sustituido por facilones, o errados, análisis de muchos.
Convencido de que el país no se recuperaría si se dan otros cuatro años de tal ineficacia y corrupción institucional, urjo a los candidatos presidenciales a que se definan sobre aquellos factores, pero ubicándose, para evitar interesados subjetivismos, en el contexto delimitativo del artículo 11 constitucional. De paso, esclarecerán ante el pueblo asuntos esenciales que sus propuestas electorales nunca reconocen.
Primero. ¿Saben que el portentoso art. 140 constitucional, sobre todo los incisos 3 y 8, implica que cada ministro, con el presidente, debe ejercer como director político sobre entes autónomos y actividades de otros ministerios en su pertinente ramo, con el fin de lograr, sin excusas, que todos, más las muchas leyes atinentes y los recursos asociados a estas, resuelvan, como conjuntos, los problemas del país? El presidente es responsable de la articulación intersectorial de todos, así como de su eficaz desempeño regional. ¿Cómo asumirán este rol para evitar que continúen los nefastos efectos de la perniciosa no ejercitación de estas competencias superiores y transparentes sobre conducción gubernativa ?
Segundo. El total conjunto de los derechos de los habitantes en la Constitución, flanqueados por espléndidas y claras normas superiores en leyes específicas –y todo ello debidamente sistematizado y jerarquizado–, constituyen el modelo-país o de desarrollo nacional a alcanzar (o sea, no hay que definirlo, como tantos claman, pues ¡ya existe!), y, por ello, deben configurar la visión de plazo permanente a consignar en el Plan Nacional de Desarrollo y devenir obligatoria para toda Administración y para todos los partidos políticos. ¿Están de acuerdo? Si no, ¿cuál es su noción de modelo-país y cómo encajan en ella tales derechos actuales?
Además, ¿cuáles de estos consideran dispensables, cuáles nuevos incorporarían, cuáles actualizarían, y, sobre todo, qué ruta para el cambio asumirían de cara al juramento de mayo, que exige respetar y ejecutar los vigentes, bajo riesgo inminente de incurrir en incumplimiento de deberes?
Tercero. ¿Saben que el régimen de dirección en la LGAP No. 6227 de 1978 (arts. 26.b, 27.1, 98, 99 y 100) operativiza el art. 140.8 de la CP, pues permite, vía directrices, imprimirles a ministerios (incluidos órganos desconcentrados de estos) y a entes autónomos una visión y desempeño de conjunto mediante la imposición de metas y tipos de medios? ¿Lo aplicará transparentemente?
Cuarto. ¿Saben que la Ley de Planificación Nacional No. 5525 es un idóneo instrumento de apoyo al presidente para operativizar todo lo anterior, incluido un mucho mejor manejo de la errática situación fiscal? ¿Tienen objeciones de fondo que les harían no aplicarla para organizar unitaria e integralmente, y con la estatuida participación continua de la sociedad civil, la gestión del Gobierno por sectores de actividad y en cada región del país? Sugiero reconocer la gran experiencia y decretos de OFIPLAN de 1976 a 1984, que enriquecieron, como nunca, la ley 5525 y su aplicación práctica.
Quinto. La LGAP y la No. 5525 son un “paraguas” extraordinario. ¿Saben que otras leyes como las de control interno (8292), contra la corrupción (8422), simplificación de trámites (8220), promoción de la competitividad (7472) y en particular la No. 8131 del 2001, en conjunto y bajo el ámbito de aquellas dos, más las de la Contraloría de la República y Defensoría de los Habitantes, regulan –y permiten la correcta fiscalización reivindicativa de– la necesaria articulación de prácticas sustantivas y administrativas de una misma naturaleza, incluida la orientación funcional y presupuestaria de los entes autónomos sujetos a dirección gubernativa?
La observancia integral de todo esto, por parte del presidente y su gabinete, daría como resultado un desempeño interinstitucional y fiscal más armónico y eficaz. ¿Están preparados para ejecutar esta “partitura normativa” para una excelente conducción gubernativa de cara al juramento que hará uno de ustedes el 8 de mayo?
Sexto. ¿Saben que también en ambiente (Ley Orgánica del Ambiente), trabajo y seguridad social o pobreza (Código Nacional de Niñez y Adolescencia, Fodesaf), salud (Ley General de Salud), educación (Ley Fundamental de Educación), agricultura (Ley Fodea) y en varios otros campos o sectores hay estas excelentes leyes superiores que regulan cada materia por encima de leyes más específicas y por sobre las leyes orgánicas de toda institución?
Todas estas leyes, también debidamente sistematizadas y jerarquizadas y no en su tradicional “invocatoria” individual y fragmentada, deben ser la fuente justificativa –jurídicamente hablando– de toda política pública y de la gestión de “cada Poder Ejecutivo”. El no haberlo sido explica en gran medida la ineficacia e ilegitimidad de tantísimas políticas y acciones tomadas en todo campo. Colateralmente, dichas políticas tienen que emitirse vía directrices, según art. 99 de la LGAP. Si esto se cumpliera, se lograría una articulación operativa entre el art. 140, incisos 3 y 8, de la CP y el diseño y selección contrapesada de toda política económica, social y ambiental –y del correspondiente gasto y acciones asociadas–, lo cual satisfará de mucha mejor manera, con el actual Estado y gasto público, los múltiples problemas del costarricense. ¿Comparte esta interpretación o tiene una visión distinta, y cómo la aplicaría de cara al inevitable juramento del 8 de mayo?
Finalmente, es notoria desde 1974 –aunque todo el mundo la soslaya, incluido el TSE– la beligerancia política del funcionario público “aun después de la jornada laboral”. Desde el 2002, ello contraviene con claridad y descaro el principio de probidad, según art. 3 de la Ley contra la Corrupción, pues dicha beligerancia implica adhesión proactiva a intereses partidistas y prácticas espurias típicas de países sub-desarrollados –los países desarrollados las superaron hace poco menos de 100 años, y Costa Rica lo había logrado después de 1949 hasta 1970–, donde las instituciones públicas son consideradas botín político de los “partidos” ( remember la ley 4-3 de 1970, la de presidencias ejecutivas de 1974 y la reforma de 1998 al art. 4 del Estatuto de Servicio Civil). ¿Tomarían alguna iniciativa para hacer cumplir ese principio de probidad?
Atenta y escépticamente… yo, en representación propia y de muchos lectores/electores.
