Existen muchos mitos relacionados con el tema de las pensiones. Si los regímenes están quebrados, es porque fueron mal diseñados o porque la administración de los fondos fue deficiente.
Un sistema de reparto funciona como una “pirámide” (sí, esa usada una y otra vez para estafar incautos). Y como toda pirámide, llega el momento cuando se desarma y los únicos ganadores son los primeros en entrar al juego.
El principal problema que tiene es que, en cuanto se desvincula el monto de las pensiones del ahorro individual, se presta para abusos, discriminaciones odiosas y prebendas, que terminan en pensiones desproporcionadas. El sistema explota en cuanto la población envejece y empieza a invertirse la estructura de edades.
Deficiencia. A lo largo de la historia, la administración de los fondos de pensiones ha sido deficiente. Por muchos años se les ha usado para financiar el déficit fiscal, a tasas por debajo de mercado, para dar préstamos subsidiados a empleados y para realizar malas inversiones. A lo anterior se unen los enormes problemas de recaudación, gestión de cobro, morosidad y elevados costos administrativos.
Si se quiere buscar una solución, lo primero es sincerar el sistema: ver quiénes están recibiendo más de lo que corresponde y quiénes son los perjudicados. Cuando se administra en una olla común, es fácil para grupos de interés meter su mano a placer.
El primer paso es reconstruir la historia de los aportes individuales, bajo el supuesto de que se hubieran administrado eficientemente; es decir, que los ahorros se capitalizaron debidamente de modo que, al menos, mantuvieron su poder adquisitivo y una rentabilidad real razonable.
La primera decisión sería, entonces, enderezar el sistema, hacia adelante, ineludiblemente, y ver qué se puede hacer con los derechos adquiridos.
Si se busca que el sistema sea solidario, podría pensarse en un régimen mixto, en el cual las pensiones más bajas reciban un complemento (por ejemplo, de Asignaciones Familiares u otro impuesto, incluso sobre las pensiones altas para financiar las más bajas), y no como sucede actualmente, en que el reparto se da, de la olla común, hacia las pensiones más altas.
Es probable que el resultado de este ejercicio sea deficitario para los fondos. Entonces, la discusión es cómo llenar ese hueco. De partida debe excluirse el financiamiento inflacionario o mediante deuda.
Si las pensiones resultantes de un régimen de capitalización no gustan (lo cual parece ocurrir en estos momentos en Chile) no se trata de devolverse a un régimen de reparto, tipo piñata donde cada uno se sirve de acuerdo con el largo de sus brazos y sin saber de dónde saldrán los recursos para sustentarlo.
La discusión es otra: ¿Cómo se financia la diferencia para llegar a las pensiones que la sociedad querría? Eso pasa por buscar recursos sanos para resolverlo.
Medidas inevitables. No hay soluciones mágicas ni indoloras. No se puede hacer chocolate sin cacao. Inevitablemente habrá que pensar en aumentar la tasa de cotización, la edad de pensión y, probablemente, algún tipo de impuesto, si es que se decide que el resto de la población que no disfruta de ellas debe pagar lo que no pagó de impuestos en el pasado.
El Poder Judicial puede ayudar mucho agilizando la gestión de cobro. Pero jamás se debe pensar en un sistema que siga asignando pensiones que no estén ligadas, de algún modo, al monto cotizado. De ahí es donde salen los abusos de pensiones hasta de ¢14 millones al mes.
El oscurantismo que ha imperado en los sistemas de pensiones, en donde nadie sabe cómo se administran los aportes de los ahorrantes, lleva a falacias como la que se ha estado manejando en estos días con el tema del eventual regreso de educadores desde el régimen de IVM al del Magisterio (Jupema): que producirá una pérdida de ¢52.000 millones a ese fondo.
Se ha llegado a afirmar que es un duro golpe para el IVM, pues la plata con que se supone se van a pensionar esos educadores ya se gastó, por lo que se necesita que sigan aportando para pagar otras pensiones. ¿Pensarán que cuando a esos aportantes les toque pensionarse no les van a pagar lo que en buena ley les corresponde?
Reservas. El fondo de reserva que tiene el IVM sería de suponer que incluye las reservas de esos que piensan devolverse. Cierto que sale un activo, pero al mismo tiempo se extingue la obligación del IVM de mantener esas reservas para pagar en el futuro esas pensiones (sale un pasivo).
Desde el punto de vista de la Caja, no hay ningún efecto sobre el estado actuarial de resultados. El balance se reduce, pero de manera equilibrada. No hay ninguna pérdida. Quizás algún problema de liquidez que no debe ser difícil de resolver, incluso con una negociación bilateral con Jupema.
En una sana administración, los ahorros de quienes se pasaron a la Caja, en los 90, debieron pasar directamente a esos fondos de reserva. Se trasladó un activo y un pasivo al mismo tiempo. Ahora se trata de reversar el asiento contable. Lo justo es que si el administrador de los recursos no convence, el ahorrante pueda tener derecho de cambiarlo, como en los fondos de pensiones complementarios. ¿Por qué no causó el mismo revuelo cuando el fondo del Magisterio trasladó los recursos a la Caja? Se pudo haber dicho que eso descapitalizaba el fondo de pensiones del Magisterio.
Está claro que en la reversión de la operación hay que tener mucho cuidado de que no se abran portillos inconvenientes. Los educadores deben devolver lo que en su oportunidad se les dio, así como pagar las diferencias en las cuotas durante los años en que estuvieron en la Caja, todo debidamente actualizado a su valor actual neto.
Hablar de una descapitalización porque mil o tres mil cotizantes se van es absolutamente desproporcionado y hasta demagógico.
El autor es economista.