EscucharSeguimos aumentando los gastos y no buscamos una solución integral priorizando austeridad, gradualidad, racionalidad y mayores ingresos para lograr un equilibrio fiscal ordenado y justo. Este año el presupuesto del Gobierno superara los ¢8,9 billones; un aumento entre el 7,8% y el 8,8% con respecto al 2016.
Los principales disparadores del gasto serán remuneraciones (¢4,7 billones), transferencias (¢2,8 billones) y la amortización de la deuda (¢1,8 billones). Los gastos del Gobierno Central, sin incluir la amortización, representan el 21,2% del PIB, con ingresos del 14,5% del PIB, para un déficit del 6,7%.
Por cada colón de ingresos, gastamos ¢1,85. El faltante debe financiarse con más deuda. Tristemente, no ha existido voluntad política para reducir gastos y mejorar ingresos.
Los salarios han crecido, en términos reales, un 31% entre el 2012 y el 2017. Cualquier esfuerzo por nuevos ingresos fomentará nuevas demandas de pluses y seguiremos en el mismo jolgorio. Mientras no se corrijan los problemas del empleo público y sus graves distorsiones, será difícil hablar de reforma tributaria. La política expansionista en el gasto y los déficits fiscales recurrentes han generado que la deuda pública del Gobierno Central crezca aceleradamente y hoy, junto con los salarios, es el problema principal de nuestra economía.
Deuda. La deuda pública del Gobierno Central pasó del 24,7% del PIB, en el 2008, al 49,1%, en el 2017; un 98% de aumento en nueve años. Deuda pública que nos ha significado una mala calificación de las principales evaluadoras de riesgo, lo cual representa limitación de nuevas líneas de crédito, tasas de interés más altas de los bancos y restricciones de organismos financieros internacionales.
El próximo gobierno enfrentará un importante aumento en los pagos, lo que agravará el problema fiscal y la presión sobre la estabilidad en el tipo de cambio.
Este año la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda logró negociar con los inversionistas y darles títulos a mayor plazo, y así reducir vencimientos a la mitad. No obstante, en el 2018, tendremos vencimientos por ¢1,5 billones, una presión al alza de los intereses y la disponibilidad de recursos para el sector privado.
En las últimas tres administraciones, hemos triplicado la deuda del Gobierno con importantes aumentos en el 2010, 2012 y 2014. Nuestro crecimiento en los últimos años ha estado muy ligado al endeudamiento y no al ahorro interno; un modelo insostenible. Prácticamente estamos financiando el 46% del presupuesto con mayor deuda.
Los intereses y comisiones que estamos pagando crecieron de ¢473.000 millones, en el 2012, a ¢1,09 billones, en el 2017. Un aumento en términos reales del 212%.
Transferencias y servicios. Las transferencias corrientes, al igual que los salarios y los costos financieros, crecieron de ¢1,68 billones, en el 2012, a ¢2,79 billones, en el 2017. Un 44,5% más.
Las transferencias se expanden aceleradamente y no parecen tener coto. Los principales beneficiarios del presupuesto del 2017 son el FEES (¢479.000 millones), las Juntas de Educación (¢189.000 millones), Conavi (¢186.000 millones), Avancemos (60.000 millones), Fonabe (¢30,000 millones), Fodesaf (¢251.000 millones), los regímenes especiales de pensiones (¢888.000 millones) y otras entidades adscritas a ministerios, municipalidades y leyes aprobadas y resoluciones judiciales. Transferencias que se aceleran por una serie de pluses que debemos pagar todos los costarricenses. La partida de servicios de alquileres, seguros y transportes pasó de ¢108.000 millones, en el 2012, a ¢222.000 millones, en el 2017.
Inversiones y financiamiento. En los últimos cinco años, la mayor parte de la inversión en infraestructura de escuelas, colegios y carreteras importantes se ha financiado con créditos externos; no obstante, en el 2016 el disponible de crédito sin ejecutar alcanzaba $2.017 millones, que equivale al 3,5% del PIB. Esto significa que la mayoría de los créditos aprobados por el Congreso hace varios años no se han podido ejecutar y estamos pagando intereses y comisiones por nuestra alta ineficiencia.
Si bien los créditos externos significan una importante fuente para la inversión pública, lo cierto es que los interminables trámites nos tienen paralizados.
Estructura estatal. Nuestro Estado ha venido creando una serie de instituciones para cumplir sus labores; sin embargo, la capacidad de ejecución se debilita con el tiempo. En 1900 el sector público contaba con 39 instituciones y en el 2017 tenemos 335, incluyendo 81 gobiernos locales.
El Estado ha crecido sin evaluar la eficiencia y la institucionalidad requerida de acuerdo con nuestro nuevo modelo de desarrollo. No es lógico que de los 18 ministerios existentes, se crearan 85 órganos adscritos, donde solo el Ministerio de Cultura y Juventud tiene 27.
Con la Constitución de 1949 se creó la figura de instituciones autónomas con total independencia administrativa y presupuestaria. Hoy tenemos 35 entes que se manejan con juntas directivas no sujetas a las directrices del Poder Ejecutivo en materia de inversiones, prioridades, política de empleo y plan de desarrollo.
Otra figura creada es la de los entes públicos no estatales, 49 en total, formando un sector público fragmentado, con graves duplicidades, sin mecanismos para alinear objetivos, sin capacidad de reestructurarse ante los grandes cambios tecnológicos, con rectorías sectoriales débiles, con un desorden en materia de empleo preocupante, poco control y, ante todo, una creciente ineficiencia.
Estas instituciones autónomas cada vez presionan más por privilegios insostenibles, que causan serios problemas de competitividad por los altos costos en los servicios brindados.
Es complicado ordenar nuestra institucionalidad y la eficiencia que exige la actual coyuntura económica, política, social, tecnológica y ambiental. Si queremos crecer a un 7% para reducir la pobreza y el desempleo, debemos variar la actual estructura de nuestro Estado.
El autor es ingeniero.
