Mientras en Costa Rica los taxistas calientan motores para volver a tomar las calles para presionar a los magistrados de la Sala Constitucional para que declaren “ilegal” la operación de Uber –algo que no pueden hacer, ya que no es la materia de fondo que se discute ante la Sala ni la actividad que prestan quienes se conectan y usan la aplicación es contraria a ninguna ley existente–, en otros países se ha aprovechado mejor el tiempo y los esfuerzos de los distintos grupos se han concentrado en definir cómo deberían regularse las Empresas de Redes de Transporte (ERT) que ofrecen un servicio que, hasta hace poco tiempo, no existía.
Varios organismos encargados de promover la competencia y Cortes de Justicia, en distintos países, después de analizar minuciosamente la evidencia, han llegado a la conclusión de que los servicios que ofrecen Uber y las ERT son de una naturaleza distinta a los servicios tradicionales de taxi. La experiencia internacional ha dejado claro, también, que el tipo de regulación que aplica para los taxis no aplica para Uber y las ERT.
Uso de aplicación. Una de las diferencias fundamentales es que los usuarios contratan a Uber por medio de una aplicación en sus teléfonos móviles que, adicionalmente, les brinda, por ejemplo, información acerca de tarifas, tiempos de llegada del conductor, calificación del conductor y otros detalles del vehículo que prestará el servicio. Esto no sucede con el taxi que se puede tomar en la calle.
Como la alternativa de declarar a Uber ilegal y el progreso tecnológico no existe y tampoco la de “dejar por la libre” la actividad de un sector creciente, la opción responsable es entrar a discutir, de manera seria e informada cómo debe regularse. Se trata de una discusión necesaria para que la paz regrese a nuestras calles y que, inevitablemente, tendrá como sede la Asamblea Legislativa.
Por lo anterior, invitamos a los representantes del Gobierno, a los diputados y a los aspirantes a la presidencia de la República a conocer y apoyar la aprobación –ojalá antes de que se agiten más las aguas electorales– del proyecto Ley de Empresas de Redes de Transporte, presentado en setiembre del 2016 ante la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa (texto disponible en www.regulabs.org ).
El autor es economista.
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