En uno de los episodios menos claros y más precisados de explicación de los años recientes, el Ministerio de Comercio Exterior renunció en noviembre de 2008 –durante la visita de Hu Jin Tao a Costa Rica– a aplicar a la República Popular China ciertas medidas de protección ante desequilibrios en los intercambios comerciales previstas en el ordenamiento jurídico internacional y vigentes en nuestro país. Un memorándum específico estableció así que Costa Rica –por medio de Comex– no aplicaría a China medidas legales previstas para resolver los eventuales casos de daños por competencia desleal y otros que surgieran en nuestra relación comercial. Esas medidas legales se incorporaron al marco jurídico de la OMC, cuando China fue finalmente aceptada en la Organización Mundial de Comercio en el año 2001.
Un protocolo ad hoc fue el instrumento que estableció esa serie de medidas aplicables a China por todos sus socios de la OMC, incluida Costa Rica, reconociendo los riesgos asociados a su incorporación al comercio mundial, dado que no se trataba de una economía de mercado. Las medidas tenían diferentes plazos de vencimiento, manifestando que se esperaba de China una evolución progresiva hacia una verdadera economía de mercado. Alguna de esas medidas vence el último día del año 2015.
Desatinos. Dos aspectos llamaron poderosamente la atención en este episodio. Primero el que se pactó la renuncia costarricense contenida en el memorándum como condición previa a la negociación de un Tratado de Libre Comercio; es decir, se entregó sin más a China una ganancia de negociación solo a cambio de aceptar sentarse a la mesa con nosotros. Pero mucho más significativo es el hecho de que desde un ministerio se renuncie a aplicar medidas legales vigentes (pues ese carácter tiene el protocolo de adhesión de China, incorporado al marco jurídico de la OMC) sin antes haber pasado por la aprobación Asamblea Legislativa, en lo que parece un desatino jurídico.
Por supuesto, eran medidas de protección ante abusos y situaciones desequilibradas del comercio entrante desde China hacia nuestro país las que Comex se comprometió a no aplicar. Como consecuencia de ello, la carga de la prueba por eventuales daños causados –por ejemplo, por prácticas desleales de comercio de exportadores chinos– corre ya hoy a cargo de empresas costarricenses ante una de las burocracias menos transparentes del mundo.
El pragmatismo turbio y entreguista por parte de nuestras débiles autoridades comerciales, erosionó nuestro ordenamiento legal y no hace presagiar ningún buen resultado de unas negociaciones desequilibradas de previo por un socio comercial nada confiable para el que el abuso de su posición dominante ante un país como Costa Rica es moneda corriente.
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