Es probablemente imposible saber cuántos trámites existen en las instituciones públicas para martirizar a los ciudadanos. Recientemente, ante el reclamo de estos frente a un nuevo trámite, el jerarca de una institución respondió que dicho trámite, debido a su importancia, no se puede hacer en línea. La relación entre la importancia del trámite y la necesidad de hacerlo de manera presencial escapa al entendimiento.
Hace ya casi nueve años, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. La firma digital permite demostrar, sin tener que apersonarse, que uno es quien dice ser. También permite “firmar” digitalmente un documento y demostrar que no ha sido modificado.
Obviamente, aprobar una ley no es, ni por mucho, suficiente para que las instituciones públicas dejen de castigar a los ciudadanos exigiéndoles la presencia física para cualquier trámite. Para poder aprovechar las ventajas de la firma digital, hay que hacer cosas como modificar procesos e implementar aplicaciones, nada del otro mundo, pero sí hay que hacer cosas.
Yo no creo que sea cierto que los funcionarios públicos se deleitan viendo a los usuarios hacer filas interminables, pero sí considero que ha faltado liderazgo tecnológico para aprovechar la ley antes mencionada y acabar, de una vez, con todas las filas en las instituciones.
En Costa Rica, la utilización de la firma digital ha sido liderada por el sector financiero. El Banco Central es la autoridad certificadora, y la firma se ha implementado en una tarjeta inteligente (con chip) que se debe utilizar con un lector conectado a una computadora. El valor de la firma digital en el sector financiero va más allá de la autenticación segura (un nivel de seguridad igual o superior se puede lograr con otros medios). La firma digital le da seguridad jurídica al banco, incluso superior a la firma manuscrita, ya que esta última puede ser falsificada. La firma digital es, por lo tanto, el método idóneo de autenticar al usuario que desea hacer transacciones de alto valor, sin necesidad de apersonarse a una sucursal.
Para hacer transacciones financieras de alto valor, la necesidad de contar con una computadora no es ninguna limitante, como tampoco lo es pagar $50 al año por el certificado digital. Pero, para hacer trámites institucionales, estas son limitantes severas.
En el chip del celular. La idea de poner la firma digital en la cédula (con un chip en ese documento de identidad) me parece genial, y espero que de veras suceda. Pero, tal vez, incluso sea mejor poner la firma digital en el chip del teléfono celular. En Costa Rica ya hay más teléfonos celulares que gente. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que todos tenemos acceso a un teléfono celular. Y, si este dispositivo tan disponible para todos fuera también la forma de autenticarnos de manera segura y remota, ya no habría ninguna razón para volver a ir a una institución, no importa cuán importante sea el trámite que necesitemos hacer.
El único (y el último) trámite que sí debemos hacer en persona es el necesario para poner la firma digital en el teléfono. No sé si eso convierte ese trámite en el más importante o, sencillamente, en el más primitivo, ya que requiere de presencia física. Sin embargo, los beneficios de soportar ese último trámite presencial son enormes: nunca más tendremos que sufrir las filas ni los malos modos, ni en instituciones ni en empresas privadas.
Tecnología y motivación. Es claro que en Costa Rica tenemos toda la tecnología, talento y motivación para erradicar los trámites con presencia física. El costo de hacerlo es muchas veces menor que el de seguir desplazándonos a las instituciones y empresas a hacer filas para realizar trámites.
Sospecho que opositores a esta idea destacarán que ningún otro país lo ha hecho antes.
Por suerte, en 1948, ese tipo de pensamiento no evitó la abolición del ejército.