La inversión que efectúan los estudiantes y sus familias en la educación superior privada, ¿resulta proporcional con el desarrollo de conocimientos y competencias que obtienen? ¿Están alineados estos procesos formativos con los requerimientos del sector productivo y la sociedad en general? ¿Cuáles universidades hacen un buen trabajo y cuáles no? ¿Cómo saberlo?
Estas son las preguntas principales que motivan a los actores involucrados en la educación superior a buscar mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las universidades.
Fuera del número de títulos otorgados por cada universidad, por año, carrera y sexo, el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) no ha recabado, sistematizado ni divulgado información al público sobre las características y desempeño de las instituciones. Tampoco conoce información básica sobre las poblaciones estudiantiles de los centros que fiscaliza: datos sociodemográficos, matrícula, deserción, rendimiento o graduación.
El Conesup no se ha interesado en medir los resultados de aprendizaje de los alumnos: lo que ellos saben, son capaces de hacer y pueden demostrar como resultado de haber completado o participado en un programa académico.
A las universidades no se les ha requerido plantear en sus diseños curriculares la evaluación por resultados de aprendizaje que sean observables, medibles y demostrables. No se les ha solicitado indicar los mecanismos con los que evalúan el perfil de salida de sus graduandos, ni cómo utilizan los resultados para plantear modificaciones a las carreras.
El Conesup tampoco realiza análisis sobre las tarifas de la educación superior por carreras y grados, comparaciones con las tarifas de la educación privada en primaria y secundaria, investigaciones de las tarifas de la educación superior privada en otros países de renta similar, ni comparaciones con los costos por carreras y grados de la educación superior estatal; por lo que no tiene criterio alguno para determinar la razonabilidad de las tarifas que autoriza o desautoriza, más allá de los aumentos por inflación según el índice de precios al consumidor (IPC).
El control de las tarifas lo realiza sin criterio técnico, como lo apunta la misma Contraloría, lo que restringe los niveles de inversión en la educación superior privada y, consecuentemente, genera problemas en la calidad del servicio educativo que se ofrece.
El Conesup no conoce ni efectúa estudios sobre los procesos de admisión de estudiantes, de los perfiles y el desempeño del personal docente, así como tampoco sobre infraestructura física, vida estudiantil, recursos didácticos, las acciones de internacionalización, las iniciativas de innovación, las relaciones de las universidades con el mundo del trabajo, los proyectos de investigación, acción social y extensión ni sobre muchos otros aspectos de interés nacional e internacional.
Tampoco encuestas a los empleadores, los estudiantes, los profesores ni el personal administrativo, quienes son los que más insumos podrían ofrecer con respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo en las universidades.
Si tan solo el Conesup se dedicara a medir y a reportar estos indicadores y publicarlos para que los estudiantes, padres de familia, empresarios y legisladores pudieran tomar mejores decisiones, la calidad, la transparencia y la rendición de cuentas del sistema de educación superior privada mejorarían, sin la necesidad de imponer trabas burocráticas que rayan en la violación de los derechos de enseñanza y de empresa.
(*)La autora es rectora de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, Ulacit