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En relación con las falaces afirmaciones a las que se hace referencia en la nota “Phillips tendría alza salarial si retorna a cargo en Defensoría” suscrita por el periodista Esteban Mata y publicada el 19 de diciembre, hago uso de mi derecho de respuesta ante esas afirmaciones:
1. Refuto lo señalado por el periodista al manifestar que no se quisieron atender sus consultas. Cuando estas se plantearon por primera vez, yo me encontraba fuera del país, pero, aun así, y en afán de darle el espacio para que contara con la verdad de los hechos, inmediatamente regresé me comuniqué con él y acordamos que lo atendería el martes 15 de diciembre a las 2:00 p.m.
Ese día, él no se presentó, a pesar del esfuerzo que hicimos para atenderlo y del espacio que abrimos en la agenda para él. Tampoco asistió a la conferencia de prensa que ofrecimos el jueves 17, en la que participaron dos colegas suyos y donde él pudo haber planteado sus consultas. Si no tuvo las respuestas requeridas, no fue nuestra, fue su responsabilidad, al no asistir a la cita que previamente habíamos acordado.
2. La forma incompleta e inadecuada como se abordaron los aspectos técnicos, ya había sido aclarado en un derecho de respuesta que publicó La Prensa Libre el martes 1 de diciembre, ante un tratamiento similar de este tema y del que también el periodista conocía de previo. Tal y como lo señaló en su momento el Viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda: “ha sido una preocupación constante el determinar que las partidas presupuestarias de remuneraciones de las diversas entidades, cuenten con recursos suficientes que permitan resguardar un derecho fundamental de tanta importancia como lo es el derecho al salario”.
Acciones como la señalada se realiza en concordancia con lo establecido en los artículos 176 y 177 de la Constitución Política, referidos a las potestades y restricciones que tiene el Poder Ejecutivo sobre la preparación del Proyecto de Presupuesto Ordinario de la República. Sin embargo, la información de prensa cataloga la actuación de este Despacho como excepcional, cuando, en realidad, se ha realizado en otras ocasiones, al formular un proyecto de presupuesto.
Por ejemplo: el presupuesto extraordinario del 2009 en los que reforzaron partidas para el pago de salarios del Ministerio de Gobernación y Policía, del Ministerio de Educación Pública, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como las transferencias a otras instituciones públicas para el pago de salarios.
3. El 23 de septiembre, el Defensor de los Habitantes a.í. , en su comparecencia ante la Comisión de Hacendarios, indicó a los señores diputados que pretendía solicitar una homologación salarial de la Defensoría con la Contraloría General de la República, gestión que beneficiaría a todos los funcionarios, empezando por el Defensor mismo, lo que efectivamente realizó el señor Soley y no yo. En ese momento él señaló:
“Actualmente tenemos y se ha hecho un estudio comparativo…, no importa quién asuma la dirección de la Defensoría, tiene que saber que de las ciento cincuenta personas que están, ahorita están con salarios muy por debajo de toda la Administración Pública en general, de Servicio Civil, de la Asamblea y de la Contraloría.
”Tenemos diferencias entre los doscientos mil colones a cuatrocientos mil colones entre profesionales y directores con el Servicio Civil, con la Contraloría y con lo otro (sic). Hago esta acotación meramente para que sepan que en lo personal estaré presentando una solicitud al Directorio con base en un estudio muy sustentado al Directorio de la Asamblea a efectos de que quede a la consideración de la Asamblea Legislativa y luego dotarlo de contenido presupuestario en el momento en que se requiera ”.
Ante las manifestaciones del Defensor a.í. , el Ministerio de Hacienda, previendo la gestión de homologación que haría el señor Soley, propuso reforzar la partida de salarios de la Defensoría. El fortalecimiento de las partidas de remuneraciones se realiza de forma técnica y legal, con el fin de resguardar el derecho al salario de todos los funcionarios de la Defensoría, pues si la gestión de homologación se hubiese aprobado sin una actuación previa del Ministerio, habría quedado sin contenido presupuestario y no se habría podido pagar el primer tramo del ajuste.
El monto de ¢169,3 millones es lo que pudo obtenerse de la revisión de otras partidas, tales como: edificios, equipo de transporte, productos de papel y cartón, entre otras. Ese monto no estaba previamente determinado, fue el resultado de lo que pudo obtenerse de esa revisión. Si hubiese existido la oportunidad, se habría reforzado la partida con más recursos, pero ese fue el espacio que se pudo crear y con eso se atendería el problema de forma gradual.
4. Ninguna injerencia. Según lo dispone el artículo 2 de la Ley de Creación de la Defensoría de los Habitantes (Ley N.° 7319), esta se encuentra adscrita al Poder Legislativo, razón por la cual es el Directorio de la Asamblea Legislativa el que decide sobre las modificaciones salariales de dicha institución. El Ministerio de Hacienda no tiene injerencia alguna en dichas decisiones, pues los salarios de esta entidad no se definen aquí; son definidos por el Directorio de la Asamblea Legislativa, aspecto que no consignó el periodista.
Precisamente, el 6 de noviembre del 2009, el señor Defensor de los Habitantes a.í. presentó ante el Directorio Legislativo una propuesta de homologación por un monto aproximado de ¢800 millones, la cual fue atendida en sesión ordinaria N.° 173-2009, del 11 de noviembre del 2009, en la que se acuerda: “Informar a la Defensoría de los Habitantes que lamentablemente no se podrá dar curso a la propuesta de homologación de los puestos de esa institución con los de la Contraloría General de la República”.
Por consiguiente, queda claro que, en virtud de la división de Poderes que existe en Costa Rica, esta fue una decisión en la que ni el Ministerio de Hacienda, ni mi persona, tuvimos ninguna injerencia.
5. Finalmente, la reasignación presupuestaria que se hizo en esta ocasión podría modificarse en caso de que la previsión para salarios no resultara utilizada, lo que permitiría que la Defensoría de los Habitantes cuente con los recursos originalmente planteados.
Imprecisión. Hoy más de 30 años de servicio se ven cuestionados públicamente, por un tratamiento periodístico impreciso y parcial. Durante todo este tiempo he servido con total rectitud a este país, desde distintos cargos públicos.
En todos y cada uno de ellos, he logrado experimentar la naturaleza de lo que significa servir, en todas sus manifestaciones, he logrado interiorizar su significado, pero particularmente he encontrado su esencia en el rostro de toda mujer, hombre, niño y niña, adultos mayores, etc., a quienes nos debemos.
