Al respecto no escapará a su conocimiento que tales alegaciones omiten información relevante para el caso sobre la trayectoria del candidato ecuatoriano. El doctor Pazmiño, como miembro de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (Pidhdd), conformada por organizaciones de derechos humanos de todos los países de las Américas, impulsó y promovió importantes iniciativas, como el patrocinio jurídico de la demanda contra el Estado ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de los derechos culturales del pueblo Kichwa-Sarayacu de Ecuador; la primera demanda frente a la CIDH, contra el Estado ecuatoriano por violación del derecho a la salud en la aprobación del presupuesto nacional; y además fue litigante en la primera demanda ante el antiguo Tribunal Constitucional del Ecuador contra el Estado ecuatoriano por violación de derechos económicos y sociales por la suscripción de una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional.
El doctor Pazmiño ha trabajado con varias organizaciones no gubernamentales internacionales, como por ejemplo el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y fundó una de las primeras organizaciones de defensa de los derechos humanos del Ecuador: la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), que luego de algún tiempo jugaría un papel importante en la difusión y promoción de los derechos humanos en el Ecuador.
Tras esta intensa campaña de promoción de los derechos humanos y luego de un proceso de concurso de méritos, oposición y escrutinio fue elegido miembro de la Corte Constitucional del Ecuador y, posteriormente, presidente de esta.
Lejos de socavar el Sistema Interamericano, uno de los objetivos principales de la propuesta del doctor Pazmiño es fortalecerlo mejorando las capacidades de gestión y jurisdiccionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El cumplimiento de este objetivo involucra una serie de acciones programáticas entre las que se destaca el diálogo permanente y constructivo con los Estados que no han aceptado o se han alejado de la competencia consultiva y contenciosa de la Corte, con la finalidad de identificar y proponer alternativas a los impedimentos jurídicos existentes para cada Estado.
El Gobierno nacional, al amparo de una Constitución de espíritu garantista, hecho reconocido a nivel internacional, ha impulsado el debate sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos convencido de que este debate constituye la más sana expresión del pluralismo, y que sin duda logrará que el Sistema se fortalezca, conforme las expresiones vertidas durante el diálogo que mantuvo el presidente Rafael Correa con los jueces de la Corte Interamericana, el pasado 29 de enero del 2015, con ocasión de la celebración de la III cumbre de jefas y jefes de Estado de la Celac, que tuvo lugar en San José de Costa Rica, diálogo en el que, además, se destacó la contribución económica, no condicionada a ninguna agenda ni actividad, que hizo el Ecuador a la CIDH, bajo el firme convencimiento, que viene sosteniendo este país, en el sentido que deben ser los Estados miembros de la OEA los que financien el Sistema.
Manifestar que el presidente Rafael Correa es uno de los principales líderes del asalto contra la libertad de expresión en el continente, es una acusación grave y difamatoria.
Para su conocimiento, el Gobierno de la Revolución Ciudadana se ha esmerado por garantizar y proporcionar un marco jurídico y condiciones óptimas para que todos los medios, en igualdad de condiciones, desarrollen las actividades inherentes a su oficio.
Al respecto, cabe destacar que con fecha 10 de julio del 2011, mediante Registro Oficial No. 490, se publicaron los resultados oficiales del referéndum y consulta popular, el cual contenía 10 preguntas en total. La pregunta número 9 de la regulación de las actividades y de la responsabilidad de los medios de comunicación fue formulada de la siguiente manera: ¿Está usted de acuerdo con que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?
Los resultados sobre la creación de una Ley de Comunicación y de un Consejo de Regulación fue a favor del “sí” con un porcentaje del 51,68% (3.882.379 votos a favor), frente al “no” con un porcentaje del 48,32%.
Mediante Registro Oficial No. 22, del 25 de junio del 2013, cumpliendo la voluntad del pueblo ecuatoriano, se publicó la Ley Orgánica de Comunicación, que entre varios de sus objetivos persigue acabar con todo tipo de práctica o patrón discriminatorio en contra de mujeres, familia, niñas y niños, personas con capacidades especiales, adultos mayores y evitar acciones que violenten la vida privada de los ciudadanos mediante publicaciones falsas o con ánimo doloso.
De esta forma, la Ley Orgánica de Comunicación se constituye en una innovación trascendental del gobierno ecuatoriano pues dota de un enfoque pleno de derechos humanos y de garantía a los medios de comunicación y a los ciudadanos.
Los medios de comunicación cumplen tan importante rol social, que toda información debe ser verificada, contrastada, precisa y contextualizada, elementos que garantizan el respeto del Estado constitucional de derechos.
Claudio Cevallos Berrazueta
Embajador del Ecuador en Costa Rica