Opinión

Refinería china: $45 millones dilapidados y contando

Actualizado el 16 de febrero de 2017 a las 12:00 am

El actual gobierno mantuvo la línea del anterior y retrasó el finiquito del proyecto

Opinión

Refinería china: $45 millones dilapidados y contando

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Han transcurrido casi diez años desde que los gobiernos de Costa Rica y China acordaron establecer relaciones diplomáticas. En lo pertinente se trató, por un lado, de un país gigante, caracterizado por un sistema de planificación centralizada, con empresas públicas jugando un papel protagónico y donde estas ejecutan proyectos, frecuentemente seleccionados con criterios político-estratégicos, para los cuales se elaboran estudios de factibilidad acicalados para justificaciones ex post más que para tomar decisiones. Por el otro lado estaba nuestro país, sufriendo un problema crónico en la gestión de obra pública, y donde en ocasiones el impulso cortoplacista de jerarcas políticos urgidos por dejar un legado (o por razones impresentables), desdeñaron su función cardinal de velar por los intereses nacionales.

En ese marco de urgencias y métodos compartidos –por razones disímiles– concurrieron el regalo de un moderno estadio, la compra de bonos, el obsequio de patrullas, un tratado de libre comercio, el proyecto de la ruta 32 y la conformación de una empresa conjunta entre la petrolera estatal China (CNPC) y la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) para modernizar la refinación de petróleo.

Costoso fracaso. De todas estas iniciativas, la de la refinería remató en un oneroso fracaso. Luego de ocho años de conformada la empresa conjunta, rimbombantemente bautizada Sociedad Reconstructora Chino-Costarricense (Soresco), Costa Rica ha gastado casi $45 millones (cerca de ¢25.000 millones), y a la fecha no existen ni siquiera estudios de factibilidad compatibles con los acuerdos originales y menos un tornillo enroscado.

El desastre se origina –principalmente– en la violación por parte de la CNPC del llamado Acuerdo de Empresa Conjunto (AEC) y en un desinterés mayúsculo y deplorable de las autoridades costarricenses por cumplir con su obligación de cuidar los recursos nacionales. Ese acuerdo expresamente prohibía que los estudios de factibilidad fuesen contratados con una empresa relacionada con la CNPC o con Recope. Sin embargo, los mismos fueron contratados con una subsidiaria de la CNPC, sin una sola protesta de las autoridades de Recope ni del gobierno de turno. No sabemos si ese silencio fue comprado o si responde a un incumplimiento del deber de probidad consagrado en el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, cual es cuidar con esmero los recursos públicos. En cualquier caso, se trata de uno de los tantos actos de corrupción que penetraron la política nacional.

Después de reiteradas denuncias de varios costarricenses y de intensos debates en la radio y la televisión, tardíamente, y después de que se habían girado $22,5 millones, a Soresco, la Contraloría General de la República (CGR) prohibió utilizar los estudios de factibilidad (¡ante lo cual Recope procedió a demandar al ente contralor y a gastar centenares de millones de colones en abogados externos!). Sorprendentemente, la CGR no anuló los acuerdos de la anterior Junta Directiva de Recope y del anterior Consejo de Gobierno, en los cuales se aprobaron esos estudios, lo cual genera dudas sobre su independencia en este caso.

Misma línea. El actual gobierno, tozudamente, mantuvo la línea de acción del anterior y retrasó el proceso para finiquitar el proyecto. Después de casi dos años comprendió que las recomendaciones de muchos de nosotros eran correctas e inevitables. Como consecuencia de esa demora, continuó el desperdicio de los recursos se giran para mantener una dispendiosa burocracia, alquilar oficinas y costear innumerables viajes de funcionarios de Soreco y Recope. Pero el costo más elevado se deriva del mantenimiento de una refinería (y su personal) que no refina desde hace 5 años y 7 meses y el “lucro cesante” derivado de la posposición año tras año de un proyecto que, de acuerdo a sus defensores, ofrecía enormes réditos directos e indirectos al país.

Asumiendo que por alguna razón –desconocida para mí– en el negocio de la nueva refinería inevitablemente debía participar China, el camino a recorrer resultaba obvio. El gobierno costarricense debió asegurarse que el capital accionario de la empresa conjunta estuviera al menos en un 51% controlado por Recope. Esto tomando en cuenta que la contraparte costarricense aportaba el acceso monopólico al mercado interno, pagaba los préstamos a la banca estatal China a tasas de interés de mercado, operaba la refinería, y asumía los riesgos por la diferencia entre los precios internacionales de los productos terminados y el petróleo. La contraparte china por su lado, asumía muy pocos riesgos y hacía un negocio redondo: prestaba el dinero a tasas comerciales, sus empresas, escogidas sin licitación, diseñaban y construían la refinería y se reembolsaban la mitad de los dividendos ($50 millones por año), los cuales estaban asegurados, ¡pues, de acuerdo al contrato, los precios de los combustibles fijados por la Aresep tenían que garantizar una rentabilidad del 16%!

Lo correcto y simple era contratar una compañía independiente, de primerísimo nivel, sin intereses creados (de las cuales existen muchas en el mundo), para que hiciera un estudio de factibilidad riguroso, objetivo e independiente, desde el punto de vista técnico, financiero, económico, ambiental; que facilitara la toma de decisiones a los socios. Hasta ese momento, solo se habrían gastado cerca de $5 millones, un monto razonable que cubría el costo de los estudios y otros gastos, necesarios para decidir si se seguía adelante o se detenía el proyecto a tiempo.

Pero se procedió de manera funesta. Al ceder el control accionario a cambio de un esquema de decisiones por consenso –poder de veto a cada una de las partes–, se renunció a resguardar los intereses nacionales. Al aceptar que se contratara a una empresa del mismo conglomerado chino para hacer los estudios de factibilidad se materializó un nefasto conflicto de intereses, se afectó irremediablemente la transparencia del proceso y se despilfarraron $18 millones, propiedad de Costa Rica. No contentos con esas tropelías, dejaron que una buena parte de esos $18 millones fueran a parar a otra subsidiaria del mismo conglomerado chino vinculada a una empresa de origen australiano. Por si fuera poco, pretendían contratar a personal del mismo conglomerado para “supervisar” la obra.

Hasta la fecha, a ese derroche se le han sumado cerca de $16 millones en alquileres, asesorías legales inútiles, salarios y viajes, entre otros; así como $11 millones, de los cuales la mayor parte se han girado a Soresco por la supuesta modernización de instalaciones existentes. Y los gastos financiados por Costa Rica siguen corriendo a un ritmo de casi $1 millón por año.

En resumen, funcionarios de Recope y algunos políticos, desesperados por tener una refinería a cualquier costo o inducidos por estímulos poco sanos –desde un simple viaje a China–, se olvidaron por completo de cuidar cada colón.

Trabajo contralor. Ahora es urgente que la CGR complete su trabajo. Debe pronunciarse sobre las violaciones al AEC y los conflictos de interés, ubique a todos los responsables –no solo a alguno de menor rango tal y como lo ha hecho hasta ahora– y proceda a emitir las sanciones administrativas a los funcionarios y políticos que permitieron por acción u omisión estos abusos contra el erario público. Además, debe remitir las acusaciones de tipo penal y civil donde corresponde.

Por otra parte, al más alto nivel (Luis Guillermo Solis-Xi Jinping) debe buscarse un finiquito sin arbitrajes ni costos legales adicionales. Nuestro presidente debe, sin ambigüedades, enfatizar a su contraparte que fue su empresa petrolera la que engañó para transgredir el AEC, lo cual llevó a la decisión de la Contraloría de prohibir el uso de los estudios de factibilidad y a la muerte del proyecto.

La actitud pasiva de Recope y de otras instituciones, a lo largo de este proceso, es irritante. Pareciera que quienes toman decisiones están más interesados en permitir que China nos lleve cuanto antes ante los tribunales internacionales de arbitraje que en denunciar culpables nacionales. Un arbitraje es la mejor cortina de humo para desviar la atención y garantizarles impunidad a los verdaderos responsables de la corrupción causante de este despropósito.

Urge una actitud decidida de la fiscalía para asegurarnos que los gestores de estos desmanes paguen con cárcel y devuelvan a los costarricenses los $45 millones hasta ahora perdidos, no importa cuán resonantes sean sus nombres y a qué partido pertenezcan. Penas ejemplarizantes educarían a otros funcionarios y políticos sobre las consecuencias de esquivar el camino correcto.

Ottón Solís es diputado.

  • Comparta este artículo
Opinión

Refinería china: $45 millones dilapidados y contando

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Ver comentarios
Regresar a la nota