Una característica muy confiable para establecer y comprender el rumbo que lleva un país es la forma en que invierte, o gasta, su dinero. Cuanto más dinero destine para un proyecto, institución o meta, más significado tiene para los intereses del país.
Así las cosas, es válido analizar el siguiente dato: menos del 1% del presupuesto nacional 2014 se destinará al Minae, ente rector en materia de ambiente y encargado de las áreas de conservación y parques nacionales del país.
De hecho, esto podría implicar la reducción de funcionarios de una cartera que ya, de por sí, carece de la cantidad mínima de empleados para llevar a cabo la importante labor de vigilancia, administración, fiscalización y atención a los visitantes (todo esto solo por citar el trabajo de las áreas de conservación).
Estas tareas se ejercen, en muchísimos casos, en locales paupérrimos y, por ejemplo, en algunos caso, en total indefensión frente cazadores clandestinos fuertemente armados.
Definitivamente, la cuestión del ambiente no es una prioridad de las instituciones públicas, un tema poco seductor para los tomadores de decisiones y, básicamente, una cuestión residual. Con esta posición no estamos siendo nada consecuentes con nuestros desgastados discursos, cercanos al límite de una hipocresía política y, en consecuencia, también ciudadana.
El cascarón verde. Costa Rica se jacta, sin inhibiciones ni reparo alguno, de ser “el país verde”, un destino turístico maravillosamente ecológico que, en realidad jamás existió. Las ferias internacionales se engalanan con el stand de grandes tucanes y lapas verdes –en peligro de extinción, por cierto– adornado con el lema Costa Rica, sin ingredientes artificiales. Y, ahora, con el costosísimo Essential Costa Rica.
Todo lo anteriormente descrito se acompaña de extensos discursos en foros internacionales en los que las delegaciones ticas reprenden a otras naciones por sus prácticas contaminantes y se presentan, por supuesto, como el virginal ejemplo.
Este argumento político es un cascarón. El paupérrimo presupuesto estatal para cuidar y preservar nuestra naturaleza no es un hecho aislado: deviene de una coyuntura larga en la cual el 25% del territorio protegido de Costa Rica, y la política pública que está detrás, no son más que obstáculos para el “progreso”, según se pudo apreciar en ejemplos emblemáticos como Crucitas o la trocha, grandes momentos en la historia ambiental del país.
Este tipo de actuaciones estatales son las que llevan a que grupos ambientalistas deban actuar y a veces mostrarse intransigentes en sus posiciones (frenos del desarrollo como los denominó el ministro de Planificación), pero ¿quién los culpa? De no ser así, quizá los árboles solo estarían en exposiciones en el Museo Nacional.
Sin presupuesto, resultado del poco interés de la clase política en el tema, ¿cómo podemos incentivar el ecoturismo o el turismo rural comunitario? ¿Cómo arreglamos los locales en los hermosos parques nacionales y equipamos con recursos adecuados esta gallina de los huevos de oro? Lo cierto es que, poco a poco, la estamos debilitando porque creemos, erróneamente, que nunca va a desaparecer.