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Prioridades domésticas

Actualizado el 12 de septiembre de 2016 a las 12:00 am

El 65% de las trabajadoras domésticas tienen los salarios más bajos del país

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Hay dos preocupaciones apremiantes, que tanto el editorialista ( La Nación, 22 de agosto y 5 setiembre del 2016) como el Ministerio de Trabajo compartimos: por un lado, las finanzas públicas y el déficit fiscal, y, por otro, el bajísimo nivel de aseguramiento de las personas trabajadoras domésticas, en detrimento de esta población vulnerable.

La cuestión de fondo es cómo actuamos o dejamos de actuar frente a ambas circunstancias.

Los argumentos centrales del editorialista sobre cómo actuar se resumen en dos de sus frases: “La Caja debería poner orden en sus finanzas antes de comprometerse a asumir nuevas erogaciones” y “el Ministerio de Hacienda, en vez de asumir nuevos compromisos de carácter permanente, que podrían incrementarse exponencialmente, debería, más bien, reducir los existentes, que claramente no puede financiar”.

Si estos argumentos, sin más, guiaran la acción de este gobierno, la respuesta a las más de 140.000 mujeres que trabajan en labores domésticas sería seguir esperando.

Bajos salarios. El 65% de las trabajadoras domésticas tienen a lo sumo la educación primaria, tienen los salarios más bajos –un 30% menos del salario mínimo de un trabajador no calificado– y están altamente correlacionadas con los hogares en pobreza. La CCSS calcula que un 40% son jefas de hogar.

Representan el 7% del empleo total y son el 20% del empleo asalariado femenino, según datos elaborados por Juan Diego Trejos para la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Hasta hace poco, un “no” para el aseguramiento más accesible fue la respuesta que estas trabajadoras recibieron. No obstante, el gobierno de la República y la Junta Directiva de la CCSS decidieron no esperar más y actuar poniendo de primero a las personas trabajadoras domésticas como sujetas de derechos y deberes con la seguridad social.

No es casual que esta administración haya tenido una política diferenciada de aumentos para ellas, el último de un 2%.

Tanto ese aumento como la decisión del aseguramiento son decisiones y acciones en favor de las más vulnerables y es de reconocer al presidente, Luis Guillermo Solís, y al ministro de Hacienda su decidido apoyo en este contexto difícil.

Esta disposición tuvo previamente el trabajo conjunto por más de dos años del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, la CCSS y el apoyo de la OIT en varios estudios técnicos que fundamentaron la decisión.

No hubo improvisación sino una clara orientación y un trabajo constante.

Cobertura. Hoy, solo el 15,5% de las trabajadoras domésticas están debidamente aseguradas. El esquema solidario de bajar a la mitad la base mínima contributiva incentivará el incremento de cobertura en al menos 40% en los próximos cinco años, según la Caja.

Ciertamente no es un tema que termina aquí, está pendiente concretar el aseguramiento multipatrono y la mejora del sistema como tal. Pero se dio un firme primer paso.

Los ¢1.250 millones que incluimos en el presupuesto del Ministerio de Trabajo para el primer año de ejecución, equivalente al 0,004% del PIB, no será el factor al que podamos achacar una catástrofe financiera, y no es ni remotamente comparable como lo plantea el editorialista al incremento de “planilla en 11.000 plazas sin ninguna justificación en el 2011, durante la última administración de Oscar Arias”.

Avance. Ahora, ¿significa esto que al Poder Ejecutivo no le importan las finanzas públicas?

Sí nos importan, y tenemos las acciones como evidencia para respaldarnos. La agenda para resolver el problema fiscal está en el Congreso.

Ya fueron aprobados cuatro proyectos que limitan las pensiones de lujo generando un ahorro de ¢21.000 millones. Avanza el proyecto de fraude fiscal y la agenda del IVA, renta y limitación de excesos en remuneraciones públicas está en manos de la Asamblea Legislativa.

Especialistas reconocen que Hacienda ha hecho un gran esfuerzo para contener el déficit, pero, aun así, el hueco es de una magnitud que requiere las leyes en materia fiscal.

Con las disposiciones para el aseguramiento de las trabajadoras domésticas, el gobierno ha cumplido con una prioridad de desarrollo humano. Al mismo tiempo, ha propuesto las soluciones al tema fiscal. Resta que los diputados concreten las acciones para solucionar esta otra prioridad doméstica, el déficit fiscal.

El autor es ministro de Trabajo y Seguridad Social.

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