La actual crisis sistémica costarricense tiene que ver con las personas, no con las normas ni con las instituciones. Tan responsable es quien malversa fondos públicos como quien se incapacita por padecer de vagabundería; quien vota una ley injusta y quien evade impuestos. La reversión de esas tendencias degradantes que nos arrastran a la deriva se gesta a través de la mutua generación de confianza. Para fomentar ese valor, trabajar por la transparencia es lo esencial.
Existen dos principios jurídicos sin los cuales no se puede avanzar más allá del segundo año en la carrera de derecho. El principio de autonomía de la voluntad aplica para sujetos privados y manda hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por ley.
El principio de legalidad aplica para todo funcionario de la administración pública y manda hacer nada más aquello que está expresamente permitido por la ley. Si estos dos principios fueran de recibo en la actitud y comportamiento de toda persona que desempeña un cargo público, no existiría corrupción.
Décadas atrás se puso de moda el hacer negocios privados desde la política pública. Se creó la falsa impresión de que todo el que ingresaba al Gobierno salía adinerado, y eso se convirtió en una profecía de autocumplimiento para varios de nuestros líderes recientes. Recuperar la sanidad ética en la función pública es posible y está al alcance de esta generación.
¿Por qué no hablamos de ética? ¿Acaso la hemos convertido en otro tabú? ¿Cómo pretender que los niños y jóvenes y los que no sepan de ética la aprendan y la practiquen si no hablamos de ella? El énfasis debe hacerse en la comunicación efectiva, la cual debe ser sobria, seria, veraz, libre de sarcasmo, de ironía y de choteo, para la formación de ciudadanía responsable.
La transparencia radical –decir siempre toda la verdad y explicitar planes e intenciones abiertamente– hace más factible que el público ayude, aporte, co-labore en las funciones del Gobierno. También crea un esquema según el cual hacer el bien se paga con creces. Bajo este esquema convergen la vocación de servicio y voluntariedad política de los líderes de elección popular, con los intereses y necesidades urgentes e importantes de la nación, o sea, del soberano.
La reputación. En tiempos de redes sociales, es muy importante administrar cuidadosamente la reputación tanto como las relaciones. El valor principal que crean las redes sociales no está en la divulgación de información sino en la conversación que se desarrolla. Ello hace crítico forjar una buena reputación que se sostenga sola y se preserve a sí misma, vigorosa y virtuosa. Se debe aprovechar el podio digital para generar un diálogo constante con los electores, que son a la vez clientes y dueños del Estado en ese peculiar híbrido institucional creado por la soberanía.
Imaginemos lo que haría de nuestra democracia una interacción transparente y sinérgica entre la participación ciudadana en redes sociales y las plataformas de gobierno digital para la innovación social, la prestación de servicios públicos y la cogeneración de bienestar.
En programación lineal es fundamental el concepto de restricciones para saber el rango de aplicación de un determinado algoritmo. La función pública es igual. Debemos conocer sus límites para comprender cómo operar dentro de su marco de acción de manera eficaz, y sobre todo, para poder identificar con claridad cuándo un comportamiento se ha extralimitado, corregirlo de inmediato y castigarlo si lo amerita.
Conducirse con inteligencia significa tener la aptitud de incorporar lecciones aprendidas a través de la experiencia.
La sensibilidad y humildad requeridas para que aprendamos en cabeza propia y ajena sosegarán los ánimos y permitirán un espacio óptimo para la generación de confianza. Por medio de ella podremos empezar a forjar, uno a uno, los acuerdos nacionales para la creación de valor compartido que iremos necesitando a lo largo del relevo generacional entre esta camada de líderes y la próxima.